Persisten tortura y corrupción en México: EU

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 30 de enero Ť El Departamento de Estado afirmó hoy que el gobierno de México ha respetado los derechos humanos en general, pero también condenó el ``muy extensivo'' uso de la tortura y citó una larga lista de serios abusos a tales derechos cometidos en el vecino país, incluyendo asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, la discriminación contra las mujeres y los pueblos indígenas y la violencia política, la cual podría tener un impacto potencial en las próximas elecciones.

El informe anual del Departamento de Estado estadunidense sobre los derechos humanos en el mundo presentado hoy, incluye muchas de las descripciones de las condiciones en México contenidas en su informe anterior, aunque pone un nuevo énfasis sobre la ``corrupción'', a la que califica como extendida entre las fuerzas policiacas, y un listado más detallado de algunos abusos ``mayores'' de los derechos humanos en México.

Al presentar el informe esta tarde, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, dijo que la promoción del respeto a los derechos humanos es una parte importante del nuevo marco de la política exterior estadunidense, y señaló en particular fuertes condenas a Birmania, Cuba y China por presuntos abusos.

Poco después, en conferencia de prensa, el secretario asistente de Estado para los Derechos Humanos, John Shattuck, presentó el documento y en sus comentarios iniciales no se refirió en particular a México, pero cuando los reporteros le preguntaron si la violencia política en Guerrero, Tabasco, Oaxaca o Chiapas podría tener un impacto en las elecciones de este año, respondió: ``El tema de la violencia políticamente motivada es un problema serio... Esperamos que no tenga un efecto y que no continúe. Si continua, sí podría tener un efecto''.

En el informe emitido hoy, la descripción de los asesinatos políticos y extrajudiciales ocupa la mayor atención en la sección sobre México. ``La policía y guardias blancas actuando a nombre de terratenientes locales continúan cometiendo matanzas extrajudiciales para desajolar a campesinos sin tierra en varios estados'', señala.

``El 5 de mayo en Bachajón, Chiapas, un grupo autónomo paramilitar, también supuestamente vinculado al PRI (los Chinchulines), fue involucrado en violencia contra campesinos a raíz de una vieja disputa de tierras'', se indica en otra parte. También aborda el caso Aguas Blancas, y se hace una breve referencia de los cargos contra Raúl Salinas y Mario Ruiz Massieu.

El informe señala que las fuerzas de seguridad pública continúan torturando y abusando de los detenidos, y advierte que las formas ``más comunes'' de tortura empleada incluyen amenazas, golpizas, asfixia y toques eléctricos. Asimismo, indica que pocos oficiales son castigados por emplear la tortura.

Aunque Estados Unidos no cree que exista una detención sistemática de activistas políticos opositores, señala que frecuentemente estos activistas son detenidos por periodos breves. Menciona que cientos de agentes de la policía han sido cesados como parte del esfuerzo para combatir la corrupción, y ofrece una descripción de las iniciativas para reformar a las fuerzas de seguridad pública.

En particular, el informe destaca el nombramiento del general Enrique Salgado Cordero como director de la policía de la ciudad de México y el nombramiento de unos 40 oficiales militares en puestos claves dentro de la policía capitalina. El informe registra que ``muchos sectores de la sociedad'' protestaron por esta militarización de la policía, pero que también ``amplios sectores'' apoyaron la medida.

También presenta el caso del general José Francisco Gallardo Rodríguez en el contexto de actitudes gubernamentales ante organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos. Sin comentar sobre los méritos del caso, señala la decisión recientemente conocida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ordenar su liberación y pagarle una indemnización por daños sufridos a raíz de su encarcelamiento.

El informe emitido hoy también aborda las acciones del EPR en 1996, los alegatos de que las fuerzas armadas torturaron a presuntos miembros de esa agrupación, y el hecho de que soldados no pueden ser juzgados en cortes civiles por tales crímenes. ``Varias ONG se han quejado de la creciente militarización del país y expresaron sus temores de que los abusos militares no serían sujetos a la jurisdicción civil``, escribe el Departamento de Estado.