Exigen destituir a Bucaram por incapacidad moral y psicológica

Reuter, Afp, Dpa, Ips, Ansa y Efe, Quito, 30 de enero Ť El Frente Patriótico de Ecuador exigió hoy la renuncia del presidente Abdalá Bucaram, quien a su vez rechazó las denuncias de corrupción en su gobierno formuladas ayer por el embajador estadunidense en esta capital, Leisle Alexander.

En un intento por atenuar el impacto del paro general convocado por el Frente Patriótico para el 5 de febrero, Bucaram dispuso que ese día sea feriado nacional, a fin de ``precautelar la seguridad pública'' y en momentos en que el alcalde de Guayaquil y ex presidente del país, León Febres Cordero, llamó a la población de esa ciudad, la más poblada y económicamente más importante, a sumarse a la huelga.

Febres Cordero, quien adoptó una posición similar a la de su par de Quito, Jamil Mahuda, manifestó su confianza en que incluso las cámaras de comercio e industria de Guayaquil se sumen a la huelga, en señal de rechazo a las medidas económicas impulsadas por Bucaram.

Las medidas compensatorias anunciadas anoche por el gobierno no frenaron las protestas, iniciadas el pasado día 8 cuando Bucaram dispuso aumentos de hasta 600 por ciento en los servicios básicos. En una carta enviada a todos los partidos de oposición con representación en el Congreso, el Frente Patriótico solicitó la destitución de Abdalá Bucaram, alegando ``incapacidad intelectual, sicológica y moral para gobernar''.

Las dos únicas causas por las que el Congreso puede destituir al presidente son traición a la patria e incapacidad física o mental para gobernar.

Asimismo, las más de cien personas que ayer tomaron pacíficamente la catedral de Quito continuaban en el recinto religioso, en donde, dijeron, permanecerán hasta el próximo 5 de febrero.

El dirigente campesino César Cabrera desestimó la declaratoria de feriado para el día del paro y señaló: ``no nos afecta de ninguna manera, porque no hay una sola persona que esté a favor de las medidas tomadas'', e insistió en que ``no vamos a hablar de conciliación con el gobierno. La conciliación con nosotros sólo puede darse si se derogan las medidas y el plan de privatizaciones''.

Sin embargo, la toma de la catedral provocó divisiones al interior de la Iglesia católica, y mientras el secretario de la Conferencia Episcopal, Antonio Arregui, la calificó como un acto de profanación, la acción fue respaldada por el obispo de Cuenca, Alberto Luna Tobar.

La policía mantenía un cordón de seguridad en torno a la catedral, ubicada a sólo unos metros del Palacio Nacional, pero hasta el momento no se han registrado incidentes.

Además del creciente descontento popular frente a su programa económico, el gobierno de Bucaram enfrentaba acusaciones de corrupción formuladas la víspera por el embajador estadunidense. El presidente de la Conferencia Episcopal, Mario Ruiz, dijo que Alexander no tiene autoridad moral para dar lecciones en asuntos internos, y sostuvo que el diplomático, quien dijo que la corrupción aleja la inversión extranjera, debe respetar la nación de la cual es huésped.

Bucaram pidió respeto al embajador estadunidense, cuyas declaraciones, subrayó, ``lesionan'' a Ecuador. ``Que nos dejen tranquilos, que nos dejen vivir en paz y que no lesionen la soberanía. Por otros lados vienen la cocaína, por otros lados viene la prostitución, por otros lados viene la violencia y el crimen. Eso no se ve aquí''.

El canciller Galo Leoro calificó las afirmaciones del diplomático de ``nocivas y contraproducentes'', aunque el subsecretario de Aduanas, el rector nacional de rentas y un funcionario de la telefónica estatal, en proceso de privatización, presentaron su renuncia al ministro de Finanzas, Pablo Concha.

En tanto, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión decidió no participar en los programas de radio que realiza el presidente Bucaram desde la semana pasada en directo a todo el país, si con ello se ofende a la ciudadanía.

En su primera emisión, el gobernante se abstuvo de contestar preguntas de la población, como lo había prometido; se limitó únicamente a responder interrogantes planteadas por su secretaria de Comunicación, Mariana Ordóñez, e insultó y acusó de golpistas a sus opositores.