Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones dirigidas al Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la capital, dependencias que participaron en el violento desalojo del 19 de enero del campamento que los ex trabajadores de limpia de Tabasco mantenían frente a la sede de la propia CNDH y en la hospitalización forzada de tres de ellos.

A once días de ocurridos esos deplorables sucesos, la institución responsable de velar por la protección y el cumplimiento de los derechos humanos en el país determinó que existen evidencias de ``responsabilidad del personal adscrito a esas instancias'' durante el operativo señalado, que las autoridades capitalinas actuaron de manera indebida, que se cometieron irregularidades administrativas por parte de los agentes del Ministerio Público que intervinieron y que el despliegue de efectivos del Agrupamiento de Granaderos constituyó un uso desproporcionado de la fuerza pública que dio lugar a presuntas violaciones a los derechos humanos de los ex barrenderos tabasqueños.

En consecuencia, las recomendaciones enviadas al DDF y a su Secretaría de Seguridad Pública, así como a la PGJDF, piden que se investiguen las presuntas responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que intervinieron en el desalojo y en el traslado de los ayunantes al hospital general de Xoco y que, de ser procedente, se les sancione conforme a derecho.

Cabe recordar que en los días inmediatamente posteriores a los acontecimientos mencionados el desempeño ante ellos de la CNDH y de su nueva titular, Mireille Roccatti, generó críticas y malestar en diversos sectores de la sociedad, particularmente entre las organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos humanos, varios de cuyos representantes se lo expresaron inequívocamente a la sucesora de Jorge Madrazo Cuéllar en el primer encuentro oficial que tuvieron con ella. Agravó la irritación el hecho de que la agresión policial ocurrió frente a las puertas mismas de la sede de la Comisión, sin que ésta estuviera al pendiente de la circunstancia y que no reaccionara en los días subsiguientes con la resolución que el caso requería.

Sin embargo, las atinadas e inequívocas recomendaciones emitidas ayer por la CNDH permiten pensar que esta entidad ha recuperado su capacidad de acción y ha retomado su lugar como defensora de los derechos humanos de los ciudadanos, y dan pie para suponer que la virtual parálisis mostrada en los momentos previos y posteriores al desalojo obedeció a los problemas propios de la transición administrativa que la CNDH estaba experimentado a raíz de la reciente salida de Madrazo Cuéllar y la toma de posesión de Roccatti como nueva titular.

Cabe, finalmente, hacer votos por que, bajo la conducción de la nueva ombudsman, y en apego al mandato legal y a la trayectoria de la institución, se fortalezca la autoridad moral y la capacidad de acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.