Paulina Fernández
El valor de un candidato

Mientras más se aproximan las fechas de registro de candidatos, más obvia es la intención de grupos y organizaciones que, ofreciéndose como aliados en la lucha contra la situación económica y política del país, se acercan a los partidos políticos con registro legal en busca de una candidatura para sus líderes.

Con esta práctica electoral se distorsionan las facultades de los poderes públicos, principalmente del Legislativo; se limitan las funciones de los partidos políticos, en especial los de oposición; y se cuestionan los objetivos de las organizaciones ciudadanas y sociales, sobre todo las que tienen pretensiones de izquierda.

Generalmente es una organización popular, o campesina, o de mujeres, o de barrios, o de deudores, o de ciudadanos, la que propone a un partido político coaligarse con base en algún programa o plataforma mínima. Lo relevante del fenómeno es que las propuestas de lucha conjunta o el programa alternativo común siempre van acompañados de una petición mucho más concreta e inmediata: que el partido incluya entre sus candidatos a uno de los dirigentes o líderes de la organización, la cual además ofrece implícitamente los votos de todos sus miembros en favor del partido que la acoja en sus listas.

Con ese procedimiento, cada vez más utilizado, planteamientos tales como el ``combate al modelo neoliberal'', ``alto a la militarización'', ``cese a la represión'', ``libertad a los presos políticos'', ``contra la carestía'', ``por un salario digno'', y todas las demandas políticas, económicas y sociales que suelen conjuntarse en estos casos, quedan subordinadas a la postulación de un candidato, y condicionadas al eventual triunfo en la elección.

Muchas organizaciones sociales han evidenciado que, más que una alianza política para una lucha y una defensa conjunta con diversos grupos y partidos, lo que les interesa es tener asegurado hoy un candidato, para mañana contar con su propio diputado, o más remotamente, su propio senador. No han faltado quienes quieren tener no un diputado ni un senador, sino toda una fracción parlamentaria para su movimiento.

Como signo de los tiempos se ha desarrollado una especie de egoísmo social que ahora se expresa en esta búsqueda de espacios electorales por parte de las organizaciones sociales. Pareciera que cada organización necesita un diputado que la represente directa y exclusivamente, y esa necesidad implícitamente significa una crítica a los poderes públicos y a los partidos políticos. Las organizaciones populares, de ciudadanos independientes, no quieren formar parte de los partidos y sólo acuden a ellos cuando necesitan de su registro legal para, a su vez, registrar legalmente a sus candidatos. Para una parte de la sociedad --militantes incluidos-- los partidos políticos sólo sirven para postular candidatos, para ``tramitar diputaciones''. Las demandas cotidianas, las necesidades vitales, la población intenta satisfacerlas a través de sus organizaciones más cercanas, o por su cuenta. La búsqueda de un diputado, de un senador, obedece a la necesidad de contar con un defensor, un gestor, una persona ``con poder'', con fuero, alguien considerado influyente; es la respuesta a unas reglas no escritas que hablan de poderes públicos deficientes en un régimen autoritario.

En muchas organizaciones populares se perciben esas ambiciones de un falso poder, pero éstas también son muestra de la asimilación de una cultura política dominante que ha dejado de ser patrimonio exclusivo del partido oficial, y que con el aumento de probabilidades de ``triunfo'' de los partidos de oposición, y el creciente número de curules o escaños --gracias a las reformas electorales--, la expectativa de tener un diputado o un senador, se ha socializado. Esta expectativa también es consecuencia de la tergiversación del carácter y de las facultades y funciones de los legisladores, a quienes el primer introductor del clientelismo electoral, el PRI, les asignó el equívoco papel propagandístico de gestores de las demandas populares. Se ha dicho que detrás de las expectativas electorales falsas se esconden oportunismos verdaderos. Ninguna organización de oposición ha podido demostrar que los problemas sociales se resuelvan sólo si sus líderes llegan a las Cámaras; así como tampoco es válido afirmar que para trabajar conjuntamente con un partido político, es indispensable una alianza electoral.

En la etapa de selección de candidatos de cada proceso electoral, surgen las verdaderas motivaciones de grupos, organizaciones y personas. Hasta ahora, y cada vez más obviamente, muchas organizaciones sociales de diverso tipo han atribuido más valor a la posibilidad de elegir a su candidato que a la propuesta de aliarse efectivamente con algún partido en una lucha común, con un proyecto compartido de país distinto. Mientras se le conceda más valor a un candidato propio que a un esfuerzo colectivo, la oposición social y política, en lugar de construir algo nuevo, alternativo y mejor, estará contribuyendo a conservar el régimen con todas sus deficiencias e injusticias.