Acepta el DDF la recomendación de la CNDH sobre el desalojo, pero la llama ``subjetiva''

Triunfo Elizalde Ť Debido a que el gobierno de Tabasco no se ha desistido de la acción penal girada contra 45 miembros del grupo de barrenderos del municipio del Centro, los trabajadores de limpia, refugiados desde hace cinco meses en el Distrito Federal, acordaron no presentarse hoy a reanudar sus labores en Villahermosa, por temor a ser encarcelados.

Aquiles Magaña, líder de los trabajadores, indicó que las gestiones realizadas por el director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Juan Burgos Pinto, hasta el momento no han fructificado para que Madrazo Pintado cumpla el convenio recién firmado con los barrenderos. ``Nos ha recomendado, verbalmente, permanecer aquí en tanto el gobierno tabasqueño retira las órdenes de aprehensión'', dijo.

Por su parte, el senador Félix Salgado Macedonio opinó que ``los muchachos deben presentarse a trabajar (hoy, sábado 1o. de febrero), aunque es claro que van a ser víctimas de atropellos y metidos a la cárcel porque las órdenes de aprehensión en su contra siguen vigentes, pero de lo contrario se valdrán de su ausencia para desviar las cosas''.

Según Magaña, Burgos Pinto habló con la secretaria de Trabajo y Previsión Social de Tabasco, Martha Guadalupe Castillo Martínez, la que le informó que Jorge Escárcega Escobar, del Departamento Jurídico del gobierno de Tabasco, le hizo saber que Romero Tequestre (sic), responsable de esa área, `era de la opinión de que el gobierno no se quería desistir de las órdenes de aprehensión, por lo que iba a buscar otra forma de evitar que los barrenderos fueran detenidos, pero que eso llevaría tiempo'...''

Es de señalar que ayer, los siete barrenderos que sostuvieron huelgas de hambre de 58 y 96 días, de común acuerdo con el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, que preside el humanista Benjamín Laureano Luna, además de ingresar a dicha ONG crearon el Consejo de Barrenderos Ayunantes, el cual quedó integrado por Agustín Vicente Sánchez, como presidente; Adolfo Sánchez Balcázar, secretario general, y como comisionados, de Derechos Civiles, Rodrigo González Suárez; de Derechos Políticos, Jesús Jiménez Montero; de Derechos Económicos, Antonio Méndez Hernández; de Derechos Sociales, Venancio Jiménez Martínez, y de Derechos Culturales, Jorge Luis Magaña Almilla. Estos dos últimos aún continúan internados en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS.

Aceptó el DDF la recomendación de la CNDH

Respecto de la recomendación 1/97, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en que se piden acciones administrativas y penales contra quienes actuaron con violencia en el desalojo de los barrenderos la madrugada del 23 de enero, Lorenzo Thomas Torres, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Departamento del Distrito Federal (DDF), dio a conocer a través de un documento que la dependencia acepta la recomendación 1/97 enviada por la CNDH en los términos planteados por ésta.

En un oficio dirigido a Mireille Roccatti por instrucciones del regente Oscar Espinosa Villarreal, se indica que la recomendación será turnada al órgano de control interno para su atención y desahogo en estricto apego a la ley.

Sin embargo, en la comunicación 0093 de la oficina de Prensa del gobierno capitalino se matiza la aceptación al establecer que respecto a las consideraciones del modo y la manera como se realizó el desalojo, ``la recomendación no contiene dato concreto alguno, por lo que ello es altamente subjetivo''.

Acerca del llamado, el padre Miguel Concha Malo comentó que ``viene a resarcir la pérdida de confianza que los hechos ocasionaron a la CNDH. Ahora las ONG debemos estar pendientes de que se cumpla la solicitud de sanciones administrativas y penales contra las autoridades involucradas''.

Según David Fernández, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, si bien ``es una buena recomendación'', en su contexto falta incluir ``a los granaderos y a todos aquellos funcionarios que se pronunciaron en favor de la acción --incluido el Presidente Zedillo--, cuando ahora queda claro que hubo exceso de uso de fuerza y violación de garantías individuales constitucionales''.

En su oportunidad, Benjamín Laureano Luna, del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, reitera que en los actos perpetrados la madrugada del domingo 23 de enero, ``aparte de que se violaron derechos humanos de los barrenderos, se cometieron actos de terrorismo de Estado, conforme a lo que señala la Declaración del 9 de diciembre de 1994, de la Asamblea General de la ONU, y de ello nada se dice''.

Según el senador Félix Salgado Macedonio, ``la CNDH no debe pedir al general Enrique Tomás Salgado Cordero que investigue lo que él ordenó como secretario de Seguridad Pública, pues los granaderos se movieron con su pleno conocimiento. Además de que ¿por qué no figuran otros funcionarios que declararon en favor de la acción? La recomendación debió enfocarse del presidente Ernesto Zedillo para abajo'', dijo.

Aquiles Magaña se mostró extrañado de que en la recomenación ``prácticamente se disculpe a la CDHDF, que no sólo conoció lo que iba a suceder, sino que estuvo presente en los hechos junto con los granaderos, involucrándose. Nos preocupa el seguimiento de la recomendación. Nosotros nos vamos y no sería raro que se le diera carpetazo al asunto''.