Una educación libre no debe estar sometida a ningún dogma, no solamente político sino tampoco religioso. La posición de la Iglesia católica, acompañada en este camino por el Partido de Acción Nacional, según la cual para que la educación sea libre se deberían confrontar las opiniones del Estado con las de la Iglesia y habría que escuchar las dos campanas sobre nuestra historia y nuestra formación nacional peca, por lo menos, de parcialidad. ¿Por qué, en efecto, habría que escuchar sólo a la Iglesia católica y no a otros sectores políticos y sociales o a otras corrientes históricas en lo que se refiere a los libros de texto para la formación de los futuros ciudadanos? ¿Por qué la formación supuestamente ética o incluso religiosa debería de ser la católica y no una enseñanza del origen de las religiones y un estudio comparado de todas ellas, desde un punto de vista objetivo y laico, que ponga en pie de igualdad todas las creencias o las concepciones morales o filosóficas existentes en el cuerpo social, que es quien recibe y paga la enseñanza? ¿Por qué pretender que el Estado, o sea todos los contribuyentes, incluidos los no católicos, los agnósticos, los ateos, difunda una religión, que así sería exclusiva y de Estado?

El PRD dice que esa propuesta, respaldada por el PAN, viola el artículo 3o. de nuestra Constitución. En efecto, pasa la esponja sobre el juarismo y las leyes de Reforma, que separaron la Iglesia católica del Estado y dejaron el problema religioso a la conciencia individual de los ciudadanos, borrando así un siglo de historia nacional, precisamente el siglo que forjó el México actual. Es curioso que este ataque contra el liberalismo, por lo que tenía de libertario y antidogmático, forme parte de la ofensiva del neoliberalismo, que tiende a reducir el espacio de que dispone el Estado pero, simultáneamente, pretenda reforzar el dogmatismo de todo tipo, comenzando por el de la ideología del mercado. Es también notable que este intento de la Iglesia de extender su acción en el campo de la enseñanza privada y de imponer textos paralelos a los que brinda el Estado, corresponda en el objetivo a campañas semejantes, como la que se hace en Italia para imponer la enseñanza católica en las escuelas, lo cual refuerza la sospecha de que existe una orientación del Vaticano para lograr la homogeneización de las culturas nacionales, merced a una destrucción de las identidades culturales, paralela a la que realiza la ideología del mercado, pero de signo diverso. Además, los promotores de la enseñanza católica deberían decir quién pagaría los nuevos libros de texto: ¿los padres de familia?, ¿la Iglesia católica mexicana, que dice carecer de recursos?, ¿los estados y municipios que el PAN, que desde siempre patrocina esa idea, podría conquistar?

Efectivamente, la educación debe ser libre y democrática. Pero para que lo sean los libros de texto y los programas, es necesario que lo sea el país, es decir, que todos los mexicanos puedan conocer su historia, de modo laico y científico, y puedan construir su presente y su futuro haciendo un balance del pasado, no cubriéndolo con dogmas de cualquier tipo.