Esta página está dedicada a quienes dicen que ``ya no entienden'' qué sucede en Chiapas. Recapitulemos: la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) redactó una propuesta de reformas constitucionales sobre derechos y cultura de los pueblos indios, basada en los acuerdos de San Andrés Sacamch'en, que el 16 de febrero de 1996 firmaron los representantes oficiales del actual régimen y de los zapatistas.
A principios de diciembre pasado, la Cocopa entregó su proyecto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que lo aceptó de inmediato, y al doctor Ernesto Zedillo, que pidió tres semanas para someterlo al examen de los jurisconsultos de palacio. Días antes que el plazo expirara, Zedillo, vía la Cocopa, devolvió a los zapatistas una contrapropuesta de reforma que el 11 de enero el EZLN rechazó de manera rotunda, porque era, efectivamente, inaceptable.
Desde ese momento, la Secretaría de Gobernación, los columnistas mercenarios en la prensa y los grandes medios electrónicos desataron un bombardeo masivo de propaganda, acusando al EZLN de ``intransigente'' por querer ``adueñarse de un territorio autónomo'' (Marco Antonio Bernal, representante de Gobernación en San Andrés), por pretender ``la balcanización del país'' (Carlos Castillo Peraza, precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del Distrito Federal, e Ignacio Burgoa Orihuela, abogado del racismo), y por ``tratar de imponer a los indígenas un modelo de agricultura colectiva como el de Stalin'' (Sergio Sarmiento en Reforma y Canal 13).
Hasta aquí lo que todos sabemos.
Lo que no sabemos es que la contrapropuesta de reformas de Zedillo no fue hecha por expertos en derecho constitucional, como se dijo, sino por tres figuras del régimen: Luis Téllez, secretario de la Presidencia de la República, ``experto en bosques'', miembro del grupo de Pedro Aspe, gracias al cual fue subsecretario de Agricultura en el gobierno de Salinas de Gortari; Arturo Warman, secretario de la Reforma Agraria, ``experto en indios'' y miembro distinguido del primer círculo de Salinas de Gortari, y Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, ``experto en la doctrina política de Jesús Reyes Heroles'' y buen amigo del llamado grupo Atlacomulco, de Carlos Hank González.
Estos tres personajes --Téllez, Warman y Chuayffet-- sugirieron una reforma constitucional que, si bien reconoce algunos derechos de los pueblos indios, impide que tales garantías sean llevadas a la práctica, debido a una serie de candados legales que le injertaron al anteproyecto de ley para que los zapatistas lo rechazaran.
¿Qué logró el régimen con esta jugada, que echó por la borda casi dos años de negociaciones? En primer lugar, destruir virtualmente a la Cocopa; en segundo, restaurar un clima de incertidumbre y amenaza de guerra, como el de 1994, para inducir nuevamente el voto del miedo a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y en tercero --y de todos el más importante--, evitar que el EZLN firmara la paz antes de las elecciones de julio, con lo cual Marcos habría podido ``lanzar su candidatura al gobierno del Distrito Federal y organizar un mitin en el Zócalo, al que tratarían de ir 4 millones de personas, que hubiera sido inmanejable para las autoridades'', según confió, la semana pasada en Sinaloa, un alto funcionario de Gobernación... al decir del tonto del pueblo.
Hasta aquí lo que no sabíamos.
Veamos ahora cuál es el transfondo de todo esto y de mucho más. En el curso de un viaje relámpago a Villahermosa, el tonto del pueblo consiguió la abultada copia fotostática de un ambicioso ``Proyecto de Plantaciones Forestales Comerciales de la Empresa Desarrollo Forestal, SA de CV'', que en su versión definitiva fue presentado en noviembre de 1994 a la Dirección General de Política Forestal de la Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre, dependiente de lo que entonces se llamaba Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y en la cual ocupaba una posición muy influyente el actual secretario de la Presidencia de la República, Luis Téllez.
Concebida por el complejo financiero Pulsar, que preside Alfonso Romo Garza, accionista mayoritario de Cigarrera La Moderna y protegido de Hank González, en 1993 se organizó la empresa Desarrollo Forestal, SA de CV, con domicilio en avenida Robles 505 Oriente del municipio de Garza García, Nuevo León, para crear plantaciones de eucalipto en una superficie de 300 mil hectáreas en los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, con el objetivo de producir ``madera aserrada y material celulósico'', en un volumen de ``6 millones de metros cúbicos al año'', equiparable al de `` casi toda la producción maderera actualmente existente en el país'', que sería vendida a las empresas estadunidenses Simpson Paper y Lousiana Pacific, y extraída del país mediante un ferrocarril construido por ellas para unir las plantaciones con el puerto de Dos Bocas, en el Golfo de México.
Según sus propios autores, los ``objetivos del proyecto'' son: ``Producir celulosa de madera a partir de especies de rápido crecimiento a precios internacionales'', así como ``madera para aserrío y triplay de maderas de alto valor comercial'', ``realizar las plantaciones sin efectuar desmontes de selvas y sin alterar la biodiversidad local, utilizando terrenos de aptitud preferentemente forestal, actualmente en uso ganadero extensivo'', y ``generar beneficios económicos para los habitantes de la zona''.
El ``esquema de ejecución'' es el siguiente: la dirección y administración del proyecto estarán a cargo de Desarrollo Forestal, SA de CV, la cual se unirá a los ``propietarios de terrenos'' --en este caso, comunidades indígenas-- mediante ``sociedades en comandita por acciones'', dentro de las cuales ``los socios comanditados o tenedores de terrenos serán los actuales propietarios de las tierras y tendrán las acciones de la serie T'' así como ``derecho al anticipo de utilidades'', para lo que ``se establecerá un contrato de asociación en participación, en el cual los tenedores de la tierra aportarán el derecho al uso de la misma''.
¿Qué significa esto, en principio? Que la reforma al artículo 27 constitucional, que incorporó un mecanismo legal para que los ejidatarios puedan asociarse con particulares y en caso de apuro vender sus tierras, fue impulsada por funcionarios del gobierno de Salinas de Gortari, como Luis Téllez y Arturo Warman, pensando en proyectos como el que aquí se expone y por lo que en seguida se verá.
El proyecto maderero de Pulsar pretende sembrar en las selvas del sureste una especie forestal como el eucalipto, que si bien crece a una velocidad sorprendente y en pocos años puede generar millones de toneladas de celulosa para exportación, presenta sin embargo una desventaja insoslayable: destruye todo lo que existe a su alrededor, porque sus raíces absorben el agua y las sales minerales que alimentan a las plantas vecinas y en consecuencia matan a éstas, devastan el suelo y provocan erosión.
Pero los inversionistas de Pulsar no reparan en estos riesgos, aunque no los ignoran: su proyecto es netamente depredador, porque pensado a 30 años (tras los cuales dejarían convertidas las selvas en potenciales desiertos), una buena parte de la inversión considera una ``estrategia de divulgación'' que aconseja ``elaborar un programa de difusión (...) señalando que no se eliminará vegetación nativa ni afectará en mayor grado la diversidad del país'', para, de esta suerte, ``contrarrestar los ataques de los grupos ecologistas y otros grupos de presión''.
Con el fin de ``compactar las áreas'' donde se establecerán las plantaciones, Pulsar señala la necesidad de: a) ``concluir el rezago agrario'', léase, terminar con los problemas de disputa por la tierra entre los ejidatarios; b) ``efectuar avalúos de tierras'', mediante Banrural, para abatir el precio del metro cuadrado y evitar que los ejidatarios especulen; c) ``definir las carteras vencidas'', obviamente para calcular el monto de los adeudos de los ejidatarios, con el fin de cubrirlos con ``anticipos de utilidades'', para que así la empresa le pague al banco y los ejidatarios, a cambio de nada, reciban sus acciones de la serie T, que irán a la Bolsa Mexicana de Valores, donde podrán venderlas, junto con sus tierras, si su ``aportación'' al proyecto de todos modos no les resuelve el eterno problema de morirse de hambre.
Más: en algunos aspectos de este montaje, los inversionistas de Pulsar subrayaron en 1993 la necesidad de procurar una ``eliminación de impuestos a los anticipos de utilidades de los productores'', y para ello recomendaban obtener la ayuda de la Secretaría de Hacienda, por la vía de Luis Téllez con Pedro Aspe, quien hoy en día, alejado de la política, es presidente del consejo de administración de Vector, casa de bolsa que pertenece nada menos que a Pulsar.
En los acuerdos de San Andrés y en el proyecto de reforma de la Cocopa, se asienta que la comunidad indígena será ``sujeto de derecho público'', mientras en la propuesta de Zedillo se le reconoce apenas como ``sujeto de interés público'', lo cual es lo mismo que nada. En el texto de la Cocopa se habla de la ``autonomía de la comunidad indígena'' como el derecho de ésta a definir sus propios planes de desarrollo sin someterse a los lineamientos del municipio y con la posibilidad de asociarse con otras comunidades indígenas, aunque se ubiquen en otros municipios. En la contrapropuesta de Zedillo no se dice nada al respecto, pero los propagandistas aseguran que esto ``crearía estados dentro de los estados'' y provocaría ``la balcanización del país''.
Si confrontamos el proyecto de Pulsar con esta polémica --``semánticas'', según Héctor Aguilar Camín--, veremos que si fuesen aprobadas las reformas que propone la Cocopa, las comunidades indígenas de Tabasco, Chiapas y Campeche, donde se implantará el emporio maderero y ecocida, tendrían el derecho constitucional de negarse a ser ``accionistas de serie T'' y decidir por su cuenta otros planes de desarrollo menos depredadores y menos salvajes.
En cuanto a que la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación debilitaría la soberanía nacional, cabe preguntar si, en la muy particular concepción del régimen de Zedillo, ¿la única soberanía que puede tolerarse es aquella que garantice a empresas como la Simpson Paper y la Louisiana Pacific el saqueo de las riquezas del país, mientras a los indios se les niega incluso el derecho constitucional de asociarse democráticamente con los inversionistas neoliberales o mandarlos al cuerno?
Después de conocer el proyecto de Pulsar en grandes líneas, ¿alguien se atreverá a sostener que los ``zapatistas desean imponer a los indios un modelo de agricultura colectiva como el de Stalin, que provocó la muerte de millones de campesinos por hambre'', como insiste en repetirnos Sergio Sarmiento?