Retiene Migración los documentos de 11 religiosos extranjeros que trabajan en San Cristóbal

Alma E. Muñoz Ť La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que 11 religiosas y religiosos extranjeros radicados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tienen detenidos sus papeles de regularización en el Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que podrían ser expulsados del país.

El Taller Universitario de Derechos Humanos, encargado de regular la estadía de sacerdotes extranjeros en Chiapas, informó que la autoridad no encontró elementos para acreditar la deportación del español Jorge Alberto Barón Glutien, uno de los tres religiosos expulsados de México en 1995.

Se supo que la Secretaría de Gobernación no aceptará su regreso, ni el de los sacerdotes Loren Laroye Riebe, de Estados Unidos, y Rodolfo Elors Izal, de Argentina, por lo que el Taller Universitario prevé interponer una queja en contra de los magistrados que dieron la orden de autorización.

Los religiosos fueron expulsados de México el 24 de junio de 1995 y 22 días después sus defensores presentaron tres juicios de amparo en la capital, y no han obtenido respuesta. Sólo supieron del sobreseimiento del proceso iniciado por el español.

Vía telefónica se informó que desde San Cristóbal de las Casas también se pide la investigación sobre estos casos.

Al inicio de la próxima semana, el INM entregará 10 visas a sendos religiosos para que puedan actuar como agentes pastorales de la diócesis de San Cristóbal y queda pendiente de resolución otra cifra igual.

Alberto Athié, secretario de la Comisión de Pastoral Social, afirmó en entrevista que la CEM, junto con el gobierno federal, ``está trabajando para ver cómo se puede regularizar la situación de los religiosos a través de acuerdos y trámites directos''.

Para el sacerdote, el problema radica en aceptar que ``la Iglesia Católica en Chiapas no es la protagonista de la violencia, como se decía anteriormente'' y afirma que si el INM regulariza y ofrece explicaciones sobre la expulsión de religiosos de San Cristóbal, ``la situación será más clara''.

El 1o. de agosto de 1996, el Taller Universitario de Derechos Humanos, que coordina Larisa Ortiz Quintero, solicitó a la subdirectora de Asilados, Refugiados y Ministros de Culto del Instituto Nacional de Migración, Emma Luisa Hale Zúñiga, que explicara la situación de seis religiosas y religiosos de diversas órdenes en San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con el taller universitario, los religiosos que pueden tener problemas con Migración son: Anne Etchebest (francesa), Eduardo José García Ruiz (nicaragüense), Mary Penélope Wink White (estadunidense), María Antonieta Martell Sotomayor (estadunidense), María del Carmen Martínez Aneiros (española) y María Begoña Abad Sevillano (española que pidió permiso para salir de México y no ha regresado).

Además, Ricardo Manero (español), McLaughlin Henry (irlandés), Miriam Halsall Murphy (irlandesa), Migdalia Pérez Mivar (dominicana) y Lucille Joan Shmitmeyer (estadunidense).