El intenso debate político que se está dando en España en torno a una supuesta amnistía fiscal encubierta por parte de las autoridades hacendarias del gobierno de Felipe González, denunciada hace algunos días por el gobierno encabezado por el presidente Aznar, arroja lecciones interesantes para quienes consideramos que la política económica, y la fiscal en particular, tienen un profundo sentido político. La polémica española ha sido intensa en los medios de comunicación de ese país. Ya compareció ante la Cámara de Diputados el ministro de Hacienda, quien cambió la acusación de amiguismo por la de indolencia, e incluso ya se formaron comisiones de diputados para revisar el asunto. Por supuesto que la agencia tributaria, el organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda responsable de cobrar impuestos, está quedando mal parado.

El debate económico de los españoles está dominado por tres aspectos: el problema del financiamiento de las autonomías, asunto estrechamente ligado a la cuestión fiscal; el mencionado asunto de la prescripción de los 600 expedientes que ascienden a 202 mil millones de pesetas, y lo referente a las autorizaciones de la televisión codificada. En el caso del financiamiento de las autonomías destaca el destino de la recaudación de los impuestos especiales, esto es, un debate sobre la descentralización fiscal. En cuanto a la prescripción, se trata de una garantía de los contribuyentes, que puede darse de manera deliberada. lo que significaría un caso de corrupción y tendría que ir a los tribunales o, en su defecto, se retrasa por los recursos que interponen los contribuyentes que sería el ejercicio legal o por ineficiencias de la administración tributaria, siendo en este caso no un delito, pero sí un fracaso del fisco.

¿Por qué es importante el seguimiento de este debate para los mexicanos? Porque ante la inminencia de un proceso electoral tan trascendente como el que viviremos este año, particularmente el de la elección del primer gobernador del Distrito Federal, resulta necesario que los partidos políticos definan su posición, su validación o sus propuestas alternativas, respecto a la política fiscal de la ciudad, y en torno al papel del Distrito Federal en la coordinación fiscal. Es conocido que con las reformas de 1990 a la fórmula de distribución de participaciones, se avanzó sustantivamente en el principio de equidad, puesto que las diferencias per cápita en las participaciones del Distrito Federal frente a las de los estados más pobres, se redujeron sustantivamente. El Distrito Federal perdió aproximadamente una quinta parte de su factor, pero ello se tradujo en un estímulo a la recaudación de los ingresos propios, particularmente el impuesto predial y el impuesto sobre nóminas. Adicionalmente, con el ejercicio de las nuevas potestades tributarias aprobadas por el Legislativo para el ejercicio fiscal de 1996, los impuestos sobre anuncios y al hospedaje son dos tributos con un potencial recaudatorio importante, que además no desalienta ninguna actividad económica y permite a las finanzas de la ciudad un respiro. Debemos reconocer que las finanzas del Distrito Federal por el lado del ingreso han sido manejadas con eficiencia, y ello ha permitido que las participaciones sólo representen la mitad de sus ingresos, cuando en los estados representan un promedio del 90 por ciento.

Sería conveniente conocer el punto de vista de los partidos políticos, por ejemplo, respecto al hecho de que el Distrito Federal se lleve casi una cuarta parte de las participaciones del Fondo de Fomento Municipal. Asimismo, ¿algunos de los partidos tendrá alguna propuesta en torno a la creación de un sistema de coordinación fiscal en el Distrito Federal?

Pueden surgir más interrogantes, lo que pretendo es destacar la necesidad de que el debate económico, se dé sin dogmas y sí con análisis y propuestas de mejoramiento en su caso. Debates como el de España, a la larga contribuyen a fortalecer la democracia, a pesar de los golpes bajos o de las verdades a medias.