El episodio de la finca El Encanto, que empezó en octubre del año pasado con un supuesto hallazgo que contribuiría a esclarecer el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, y que terminó con el aparente descubrimiento de un montaje macabro, lleva a las instituciones responsables de la procuración de justicia a una nueva sima de desprestigio. Al mismo tiempo, estos deplorables sucesos confirman la ofensiva e inaceptable tendencia de tales entidades -la Procuraduría General de la República, en especial- a fabricar explicaciones inverosímiles y a ofrecerlas sin empacho a una opinión pública que demanda el esclarecimiento de hechos que han golpeado al país en años recientes.

Baste recordar, como algunos ejemplos de tal tendencia, que en 1993 la PGR, entonces bajo el mando de Jorge Carpizo, quiso explicar el asesinato del obispo tapatío Juan Jesús Posadas Ocampo arguyendo que éste había sido acribillado por error, luego de que sus victimarios lo confundieron con un narcotraficante; al año siguiente, tras el crimen de Lomas Taurinas, la dependencia, encabezada por Diego Valadés, esgrimió un peritaje según el cual el cuerpo de Luis Donaldo Colosio había dado un giro de 180 grados al recibir el primer balazo; meses más tarde, el subprocurador Mario Ruiz Massieu pretendió atribuir el asesinato de su hermano a la dirigencia priísta y acusando de encubrimiento y obstaculización de la justicia al propio procurador, Humberto Benítez Treviño; en 1995, ya bajo la presente administración, y en el marco del conflicto por la liquidación oficial de la Ruta 100, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal -la misma dependencia que ahora descubre el aparente montaje de la finca El Encanto- explicó la misteriosa muerte del entonces secretario de Transportes y Vialidad del DF, Luis Miguel Moreno Gómez, como producto de un suicidio: el funcionario, se afirmó entonces, se había dado dos balazos de calibre .38 en el corazón.

No es menos desesperanzador el desempeño de muchas procuradurías estatales, y como botón de muestra están los casos de la guerrerense, que exculpó a los más altos responsables de la matanza de Aguas Blancas, la de Tabasco, que juzgó inobjetables los astronómicos e ilegales gastos de campaña del gobernador Roberto Madrazo, y la de Veracruz, que durante dos años tuvo pruebas sobre los negocios irregulares del ex gobernador Dante Delgado, y que no actuó sino cuando éste decidió abandonar el partido oficial.

La designación de un militante de la oposición como procurador general de la República, en diciembre de 1994, despertó expectativas en torno a una posible depuración y profesionalización de esa institución y a su apartamiento de los intereses partidistas. Pero muy pronto se evidenció que el titular de la PGR no sólo no actuaba en forma independiente del gobierno -como lo demostraron los sucesos del 9 de febrero de 1995-, sino que su desempeño seguía condicionado por los rejuegos partidarios, esta vez entre el PRI y el PAN. Este hecho se ha visto corroborado a últimas fechas, tanto por las declaraciones de priístas que buscan corresponsabilizar a la totalidad del blanquiazul por lo que podría llamarse, en el mejor de los casos, ineptitud de Antonio Lozano Gracia, como por los alegatos panistas según los cuales el Ejecutivo debe hacerse partícipe de los fracasos de Lozano y de su equipo.

En suma, de 1993 a la fecha, en las instituciones encargadas de impartir justicia se ha ido consolidando un distorsionado patrón de comportamiento en el cual los fiscales de la víspera resultan después los delincuentes, y las verdades ``oficiales'' de hoy se descubren mañana como montajes delictivos.

Retomando el deplorable asunto de la finca El Encanto, es claro que debe actuarse hasta las últimas consecuencias para deslindar las responsabilidades de los integrantes del equipo que se hizo cargo de la PGR, hasta el pasado 2 de diciembre. En lo inmediato, y a la espera de que se encuentren, o no, imputaciones penales a tales funcionarios, corresponde a éstos la responsabilidad política por el severo daño producido a la imagen y al prestigio de la dependencia, al convertirla en instrumento de una vidente y de su pequeño grupo de malhechores.

Por último, un indicador más del descrédito que afecta a la PGR es la afirmación del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en el sentido de que, cuando se presentó a declarar ante un agente del Ministerio Público en la embajada mexicana en Dublín, el pasado 28 de enero, lo hizo ``por voluntad propia'' y no, como lo afirmó la dependencia, en respuesta a un citatorio girado por el embajador Daniel Dultzin. En lo inmediato, esta declaración del ex mandatario obliga de nueva cuenta a la PGR a una rectificación o a un desmentido inequívoco. En lo general, las instancias responsables de procurar justicia, cuyo funcionamiento sano y confiable es condición obligada para la viabilidad misma del Estado, enfrentan el desafío de remontar la gravísima crisis de credibilidad a la que las han conducido la ineptitud, los intereses o el dolo de muchos funcionarios.