La Jornada 3 de febrero de 1997

Depusieron las armas los mil policías militares guatemaltecos en rebelión

Efe, Ap, Reuter, Afp y Dpa, Guatemala, 2 de febrero Ť Los mil agentes de la Policía Militar Ambulante (PMA) de Guatemala que se mantenían atrincherados desde el miércoles pasado aceptaron este domingo deponer las armas, aunque aseguraron que mantienen su exigencia de una compensación de 10 mil dólares por su desmovilización.

Los policías fueron sometidos desde la noche del sábado a una gran presión por fuerzas del ejército apoyadas con armas pesadas y tanquetas que cercaron el edificio, mientras tanto, aeronaves militares sobrevolaban las instalaciones para obligarlos a deponer su actitud.

El ministro de Defensa, general Julio Balconi, explicó que la movilización militar fue una medida de presión para darles a entender que el gobierno no está dispuesto a aceptar ni tolerar esas ``medidas de indisciplina''. Igualmente, el presidente Alvaro Arzú, aseguró que no tolerará insubordinaciones ni disturbios en las fuerzas armadas, y advirtió que no se permitirá que rivalidades internas afecten la disciplina de toda la institución castrense.

No obstante, afirmó el mandatario durante un acto en el que el ejército celebró el fin de 36 años de guerra interna, que ``nunca se va a compensar mal a quien bien sirvió a Estado y al pueblo''. Explicó que los miembros de la PMA recibirán indemnizaciones de acuerdo con lo establecido por la ley y aludió a la capacitación como una fórmula para la reinserción de ex combatientes y tropas del ejército a la vida civil y al trabajo productivo.

El ministro de Defensa añadió en el mismo acto que la condición para negociar con los inconformes fue precisamente que entregaran sus armas, lo que hicieron luego de que las tropas de infantería y unidades especiales sitiaron la sede de la PMA y emplazaron artillería a sus alrededores, a fin de presionar a los agentes sublevados y evitar que algunos grupos salieran de su comando.

Anoche, durante la movilización, hubo un intercambio de disparos en las inmediaciones del cuartel entre las tropas del ejército y la policía militar, sin que hubiera heridos, en lo que representó el incidente más grave desde que los efectivos se atrincheraron.

El ministro Balconi señaló que el gobierno tiene un programa de reinserción productiva para las tropas que sean desmovilizadas --según los acuerdos de paz firmados por el gobierno y la guerrilla-- y afirmó que el alto mando dialogará con ellos para explicarles en qué consiste. Agregó que el ejército busca, además, que los beneficios sean similares a los que recibirán los rebeldes.

Mientras, un oficial que se identificó como vocero del grupo atrincherado, explicó que aunque depuso las armas, mantendrá sus reclamos al gobierno, por lo que ya se está elaborando un acta con una contrapropuesta a la hecha ayer por el alto mando militar, que consistía en esperar unos tres meses a la desmovilización de los guerrilleros para conocer los términos en que se llevará a cabo.

La contrapropuesta, aseveró, no supone la renuncia a la demanda de una indemnización equivalente a 10 mil dólares por persona.

El movimiento adquirió el sábado matices de amotinamiento cuando unos mil elementos --de los 4 mil que integran el PMA-- retuvieron en la sede militar a tres generales designados por el Ministerio de Defensa para negociar con los inconformes, luego que éstos les informaron que aún no tenían una solución a sus peticiones.

Dos de los oficiales fueron liberados 25 minutos después, pero un tercero quedó como garante de que los generales regresarían con una solución a sus peticiones, y sólo salió de las instalaciones 10 horas más tarde.

Una vez que los agentes de la PMA entregaron las armas, los oficiales tomaron el control de las instalaciones del cuartel del agrupamiento, en el norte de esta capital, y desmontaron las armas antiaéreas y los retenes. El mayor de la PMA Julio César Linares informó a la prensa que los policías militares depusieron su actitud porque entendieron que la solución al problema era entregar las armas.

En otro orden, el canciller Eduardo Stein, informó que la ONU fijará el día D que marca el inicio del proceso de desmovilización de los ex rebeldes entre el 25 y el 28 de febrero. Expuso que el día exacto dependerá de trámites internos en el organismo internacional y del cumplimiento en Guatemala de garantías de que los campamentos de los ex guerrilleros estarán concluidos en su obra básica cuando inicie la desmovilización.