Eduardo R. Huchim
El reto del DF

Suele pensarse que si un candidato de oposición gana este año los comicios de jefe de gobierno del Distrito Federal, dará un firme paso hacia la conquista de la Presidencia de la República en el año 2000. Puede ser. Pero también puede ocurrir exactamente lo contrario: que gobernar una ciudad sin solución en el corto plazo, como la capital de la república, equivalga a un estrepitoso fracaso para el eventual gobernador y para su partido, al cual se le pasaría la factura en las urnas.

Por supuesto, no puede anticiparse con seguridad una derrota del PRI en el DF. Vale recordar que en 1994 se preveía su posible caída en la elección presidencial, o al menos un triunfo estrecho, y el resultado fue que su candidato Ernesto Zedillo recibió la mayor votación en la historia. No siendo segura, la derrota del PRI sí es previsible, suponiendo que la nueva estructura electoral autónoma logre efectivamente la realización de un proceso comicial transparente y confiable. Importa acotar aquí que para el logro de una elección con estas características, no bastan la honorabilidad y calidad personal de los consejeros ubicados en las cúpulas --es decir los del Consejo General y consejos estatales del IFE--, sino también serán decisivos los comportamientos del resto de la estructura, llámense consejeros distritales o funcionarios de casilla, y también, obviamente, las conductas de los partidos políticos.

En el supuesto que la derrota priísta se materialice, y en consecuencia triunfe un candidato de oposición, el ganador deberá enfrentarse a un primer gran obstáculo: el reducido periodo de tiempo disponible para hacer frente con éxito a los principales problemas que afronta una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo. Otro ingente obstáculo, salvo que un pacto de gobernabilidad lo reduzca, será la presencia en el Poder Ejecutivo de un presidente de origen partidario distinto y quien, por supuesto, no se esmerará en darle apoyo a un gobernador defeño proveniente de otro partido.

En el comportamiento de un presidente y un gobernador obligados a la cohabitación política influirá notablemente la composición del Congreso, de suerte que si en el Legislativo o en alguna de sus cámaras predominan legisladores de oposición, las cosas serán distintas a si se repite la hegemonía priísta.

La creciente inseguridad, la asfixiante contaminación, el transporte deficiente e insuficiente, la corrupción en las policías, el ambulantaje y su entorno de tensiones y enfrentamientos, la recolección de basura, los azolvamientos de la vialidad, el suministro de agua que cada vez se acerca más a su línea de peligro, la escasez de vivienda, son problemas de imposible solución en tres años, pero cuya permanencia gravitará con toda seguridad en el debe del nuevo gobernador. A ellos se agregarán también asuntos que, como la carestía y el desempleo, no son propiamente del ámbito urbano pero sí se identifican con la noción popular de autoridad.

Quizá el único camino sensato para un gobernador de tres años sea su dedicación enfática a uno o dos de los problemas más acuciantes --uno de ellos deberá ser, necesariamente, la inseguridad-- y el relegamiento consciente de los demás, dedicándoles a éstos la atención mínima indispensable para que no se desborden, todo ello con objeto de poder presentar buenas cuentas al menos en la solución de los rubros más graves de la complejidad urbana.

Pero aun así, el éxito sería evasivo y difícil de alcanzar. La perspectiva más probable es que, cualquiera fuere el origen partidario del próximo gobernador del Distrito Federal, su gestión casi con seguridad será juzgada más por el debe que por el haber. Lo cual de ninguna manera significaría el fracaso del sistema democrático de elección popular, sino más bien sería la comprobación de la irracionalidad que ha rodeado al crecimiento desmesurado de la capital de la República.

Suponer, entonces, que una victoria en el DF en julio próximo equivaldrá a entrar automáticamente en la antesala de la Presidencia de la República sería una ingenuidad.

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Aunque termina de disolver una historia puesta en duda desde el momento mismo de ser contada, no está claro aún cuánto beneficiará a la causa de Raúl Salinas la identificación de la osamenta que --ahora se sabe-- fue sembrada en la finca El Encanto. Es evidente, en cambio, que los bonos del procurador capitalino José Antonio González Fernández se fueron a la estratosfera, lo cual es particularmente importante cuando su partido, el PRI, está próximo a revelar el nombre de su candidato a jefe de gobierno del DF.