En Morelos, partidos en crisis y una ley electoral obsoleta

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, y Oscar Camacho Guzmán, enviado /I, Cuernavaca, Mor., 26 de enero Ť Puerta electoral del 97, la campaña en Morelos arranca esta semana con un PRI debilitado por la inconformidad interna; un PAN anémico en su estructura electoral, y un PRD en confrontación.

Primeras del año, las elecciones en esta entidad estarán reguladas por un Código Electoral aprobado sin consenso y que marcha a la zaga de la tendencia nacional en diversas reglas, como la ausencia del gobierno en los organismos electorales o la reducción de los porcentajes de sobrerrepresentación partidista en el Congreso.

Ante la derrota que le hizo perder el control del Congreso en el estado de México, el PRI cerró aquí --durante la negociación del Código Electoral--, todos los caminos legales para evitar que le suceda lo mismo en los comicios del 16 de marzo, cuando se renovarán los 33 ayuntamientos y la Legislatura estatal.

Con el voto del PAN, los priístas aprobaron mantener la presencia del gobierno en los consejos electorales de la entidad y establecer una cláusula de gobernabilidad para el Congreso, que otorga una sobrerrepresentación de 90 por ciento al partido que alcance 10 de las 18 diputaciones uninominales en disputa.

Inmerso en una profunda crisis de seguridad pública y desconfianza hacia los órganos de justicia del estado, y una economía estancada y con niveles de pobreza superiores a la media nacional, el proceso de Morelos será también la primera prueba electoral para el gobierno de Jorge Carillo Olea.

Mandatario que ha estado en el centro de la discusión política durante sus dos primeros años de gobierno, en casos como Tepoztlán, las crecientes denuncias sobre la presencia del narcotráfico en la entidad, y una ola de secuestros que supera la cifra de 250 casos en 24 meses.

Sobre el narcotráfico, las denuncias más recientes fueron dadas a conocer hace dos semanas, cuando organismos ciudadanos sacaron a la luz pública que el narcotraficante Amado Carrillo, El señor de los cielos, tiene una residencia ubicada a tres cuadras de la Casa de Gobierno.

Todo ello se conoció luego de que el operativo realizado en el norte del país para detener a Amado Carrillo en la boda de su hermana, dejara al descubierto también que de aquí, de Cuernavaca, salieron los aviones que transportaron a agentes judiciales y otros ``invitados'' a esa boda, trasladados por una aereolínea privada de reciente creación, cuya única ruta comercial enlaza a Cuernavaca, Guadalajara, Culiacán y Tijuana.

El gobierno y los dueños de esa aereolínea han negado todo vínculo con el narcotráfico, pero apenas la semana pasada, el gobierno federal destituyó al director del aeropuerto de Tetlama, y en su lugar nombró a un militar.

Por otra parte, y reflejo de la desconfianza en la justicia oficial, son los linchamientos que en años recientes han ocurrido en diversos municipios del estado, así como el rechazo de los pobladores a permitir la entrada de policías, judiciales y ``gente extraña'' a diversas comunidades y poblados.

El primer linchamiento ocurrió en Axochiapan, a pocos días de haber tomado posesión el gobernador Jorge Carrillo Olea, y le siguieron otros tres durante sus dos primeros años de gestión, en una clara respuesta de los habitantes de las regiones rurales a la delincuencia y a la incapacidad --y en ocasiones complicidad-- del gobierno en la impartición de justicia.

Con relación a los secuestros, organismos como Casa Ciudadana han documentado que el boom de éstos en la entidad comenzó hace dos años, cuando Carrillo Olea colocó en la Procuraduría y en la Policía Judicial al equipo de Carlos Pereda Merlo y Martín Landa, a quienes se ha señalado como protectores de las bandas de secuestradores en el estado.

Partidos-partidos

Hasta el momento, y en lo que ha sido la primera etapa del proceso dedicada por los partidos a la selección de sus candidatos, el PRI ha sido atravesado por la honda inconformidad de militantes y simpatizantes que en once municipios han resistido, con bloqueos de carreteras, plantones y tomas de edificios municipales, lo que consideran imposición de candidatos por la vieja y aún vigente práctica del dedazo y el compadrazgo.

Poca importancia, sin embargo, le otorga a ello el dirigente del PRI en Morelos, Juan Salgado Brito, quien asegura con optimismo que el voto de castigo con que han amenazado los priístas inconformes no pasará de ser una ``expresión pasajera y emocional'' de los grupos y precandidatos que no pudieron alcanzar la postulación.

El PRD, por su lado, cerró su registro de candidatos con fuertes alianzas sociales, sin mayores problemas y creciente presencia en 32 municipios, pero con una confrontación entre la dirigencia nacional y estatal por la nominación del candidato a la capital del estado, que desfiguró durante semanas la imagen pública de esta organización política, con acusaciones de dos grupos locales que mutuamente se imputan ser instrumentos del gobernador.

Decididos a no aceptar la ``imposición'' del candidato promovido por Graco Ramírez para Cuernavaca, la dirigencia estatal encabezada por Julián Vences Camacho se trenzó durante varias semanas en un conflicto con el Comité Ejecutivo Nacional, hasta que finalmente éste determinó hacerlo a un lado y enviar a Rosario Robles y Pablo Gómez para que asumieran el control del partido en el proceso electoral.

El PAN, que poco ha hecho por mejorar su estructura organizativa estatal, pareciera estarle apostando más al beneficio incubado en el descontento por la crisis económica y política en el país y el estado; al resultado de las pugnas internas en las filas de sus dos principales contendientes; y al recuerdo que dejó aquí el jefe Diego durante 1994, cuando desbancó al PRD como segunda fuerza electoral estatal.

``Nuestro principal capital político está en nuestra propuesta de gobierno más que en nuestra estructura'', afirma el dirigente del PAN en Morelos, Adrián Rivera Fernández, quien reconoce que en el momento actual sólo tienen comités en 18 de los 33 municipios y que su membresía de militantes es de ``sólo mil 500 afiliados en todo el estado''.

Al acecho, también, están otros cinco partidos políticos inscritos para los comicios: Partido Civilista de Morelos (PCM), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde (PV), Partido Cardenista (PC) y Partido Popular Socialista (PPS).

Sin embargo, en este mosaico de acompañamiento electoral, sólo el Frente Civilista de Morelos, así como el candidato del Partido Cardenista, el cantante ranchero Gerardo Reyes, están convertidos en fenómenos locales in crescendo, a los que algunas posibilidades se les obsequian de poder arrebatarles votos al PRI, PAN y PRD.

Tepoztlán

Punto de conflicto que tiene su peso específico en el actual proceso es el caso Tepoztlán, cuyos habitantes decidieron, apenas hace cinco días, se instalara el Consejo Municipal Electoral, abriendo así la posibilidad de que se puedan llevar a cabo las elecciones en ese lugar.

El conflicto de Tepoztlán se inició hace dieciocho meses, cuando el grupo KS, con el apoyo del gobierno de la entidad, decidió llevar a cabo la construcción de un megaproyecto que incluiría un club de golf, un hotel de cinco estrellas, un parque industrial de alta tecnología y un fraccionamiento de lujo.

La comunidad tepozteca en pleno se opuso, alegando que se trata de tierras comunales donde se pretende desarrollar el megaproyecto; que no se consultó a la comunidad, además de que destruiría el frágil balance ecológico de la zona y convertiría a los tepoztecos en criados de habitantes y usuarios del fraccionamiento y el club de golf.

Los tepoztecos desconocieron a sus autoridades, encabezadas por el presidente municipal Alejandro Barragán, que habían autorizado la construcción del club de golf, y en votación según los ``usos y costumbres'', eligieron un ayuntamiento ``libre, democrático y popular'', que desde hace un año representa los intereses de los tepoztecos.

La comunidad se organizó en el Comité de la Unidad de Tepoztlán (CUT), el cual enfrentó al gobierno de la entidad, primero de manera legal y después defendiéndose de las agresiones que culminarían el 10 de abril del año pasado, cuando una caravana de tepoztecos que se dirigía a Tlaltizapán a tratar de entrevistarse con el presidente Ernesto Zedillo, quien se encontraba en la entidad con motivo del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, fue atacada.

Antes de llegar, los tepoztecos fueron emboscados por unos 250 elementos de la Policía Preventiva de la entidad, que dispararon en contra de ellos, asesinando al perredista Marcos Olmedo y lesionando a 40 personas más.

Desde ese momento las relaciones entre el gobierno de la entidad y el CUT quedaron interrumpidas, debido a que el Ejecutivo estatal se negaba a cancelar las órdenes de aprehensión en contra de militantes del CUT y simpatizantes de su movimiento, y a cancelar por escrito el club de golf.

El hecho de que el ayuntamiento libre y popular y la asamblea popular hayan aceptado la instalacion de los órganos electorales y la realizacion de las elecciones, parece indicar que el camino hacia la solución en este conflicto está abierta por primera vez desde hace casi un año.