Mala ha sido, salvo excepciones, la adaptación que en América Latina hemos hecho de las instituciones europeas o estadunidenses. Tras la Conquista, durante siglos nos redujimos a obedecer, primero, y luego a copiar, las normas, modalidades y estilos institucionales del exterior.

Rasgo característico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue la ironía. Creada por decisión suya la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bajo la presidencia del abogado Jorge Carpizo, nunca como entonces padecieron estos derechos más violaciones. El propio Carpizo, que fue su defensor como comisionado, se encargó de hostilizarlos al asumir la titularidad de la Procuraduría General de la República. De hecho, la CNDH no fue sino una densa cortina tras la cual se cometieron las peores atrocidades.

En el sexenio que corre, los derechos humanos no han corrido mejor suerte (incluso el paralelismo entre Jorge Carpizo y Jorge Madrazo Cuéllar en su paso de la CNDH a la PGR parece abonar la repetición).

Jurisperitos y políticos mexicanos hicieron circular el término con el cual se conoce en los países escandinavos al órgano parlamentario encargado de supervisar los actos de la administración: el ombudsman. Disminuido en sus facultades y alcances, con este término de difícil incorporación al lenguaje de quienes permanecen fuera de los círculos académicos y tecnocráticos, se pretende identificar al funcionario que preside la CNDH. Por ahora, y sin la autoridad moral que el ombudsman supone, Mireille Roccatti.

La llegada de Roccatti a la CNDH coincidió con el clímax del conflicto entre los barrenderos de Tabasco y el insensible gobierno de Roberto Madrazo Pintado. Coincidió también con la brutal represión de los ``carretoneros'' que realizan el servicio de limpia en el municipio panista de Guadalupe, Nuevo León, y el desalojo violento de los tianguistas del centro de Naucalpan, municipio gobernado igualmente por el PAN. Frente a tales agresiones se destacó por una manifiesta actitud mineral. Esa actitud traduce la del gobierno, ciertos medios de comunicación y un sector de la sociedad acaso muy extendido respecto al atropello mediante el uso de la violencia física y aun al sacrificio de vidas cuando se trata de gente pobre: la gente social y políticamente desvalida (campesinos, precaristas, comerciantes en pequeño). O bien de quienes desde cualquier tribuna o forma de acción política la defienden y defienden sus intereses.

Estamos ante una violencia de clase que tenderá a recrudecerse con la cada vez mayor diferencia entre los que más tienen y los que tienen menos. No es extravagante pensar que la respuesta a este tipo de violencia hayan sido las armas del EZLN, del EPR y de otros grupos guerrilleros (el Pentágono calcula, lo más probable es que con la regla del exceso, la existencia de 37 en territorio mexicano).

Una Comisión de Derechos Humanos debe plantearse el origen de la violación a estos derechos. Y si no es capaz de ello, la sociedad civil tiene que hacerlo. Los problemas empiezan a solucionarse cuando se procede a identificarlos.