Iván Restrepo
Un mal sueño en Tamaulipas

Pese a su empeño en sacar adelante el proyecto con el que lo recordarían más de un sexenio sus paisanos y el resto del país; aunque algunos círculos administrativos, políticos y de la iniciativa privada dan como un hecho la construcción del Canal Intracostero Tamaulipeco, surge la posibilidad de que el sueño magno del gobernador Cavazos Lerma, nunca se realice debido a la oposición de diversos grupos ambientalistas y científicos de Estados Unidos y México, a la imposibilidad de cumplir con las restricciones establecidas por el gobierno mexicano y al peligro de que se convierta en un punto de fricción binacional. La opinión pública sabe muy poco de dicho canal y de los efectos sociales, económicos y ambientales que ocasionaría en Tamaulipas por lo que vale la pena referirlos brevemente.

Se trata de construir y operar una vía de navegación de 438 kilómetros de longitud, 38 metros de ancho y 3.6 de profundidad, para interconectar los ríos Bravo y Pánuco y diversos cuerpos lagunares costeros, como la Laguna Madre, una de las más importantes del país y sitio de anidación de miles de aves migratorias. Se edificarían cuatro terminales de apoyo a la navegación, al transporte, manejo de carga y demás servicios conexos. Las obras de dragado removerían casi cien millones de metros cúbicos de material y otros 36 mil cada año por mantenimiento.

Todas estas obras afectarían la calidad del agua, la flora, la fauna y las pesquerías propias de esa zona litoral. Baste citar el caso de la tortuga lora, en peligro de extinción. Algunos estudiosos estiman que se harían más críticas sus condiciones de reproducción al cambiar drásticamente las áreas donde arriba a desovar. Pero las autoridades ambientales sostienen que, a partir de estudios y consultas con centros de investigación y especialistas, tomaron en cuenta ese y los demás aspectos que permitan un desarrollo sin deterioro. Para ello fijaron 93 condicionantes ecológicas al autorizar la ejecución de las obras, que en su primera etapa tienen un costo de 750 millones de dólares.

No falta quien califique al gobernador tamaulipeco de visionario incomprendido por culminar un viejo proyecto que, se asegura, beneficiará a México. En efecto, en los considerandos económicos para justificarlo se citan las ventajas de abrir una vía acuática que nos conecte con Estados Unidos y por la cual se realice el transporte seguro, barato y rápido de materias primas y productos terminados; que evite el creciente gasto energético y de otra índole que hoy significa el transporte por carretera. Pero no faltan los que sostienen que la navegación en tiempo de nortes, niebla y lluvias será difícil y peligrosa por el canal; que quienes lo construyan y exploten no recuperarán la inversión, pues la carga a movilizar no es de gran magnitud; en cambio la navegación por la costa marina sería una alternativa mucho más económica de modernizarse el sistema portuario del Golfo de México. Que, además, las empresas responsables de edificar el canal (Protexa de México y Great Lakes de Estados Unidos) no cuentan con el capital necesario por lo que deben obtener créditos internacionales por cerca de 300 millones de dólares. Se desconoce si los conseguirán con el aval del gobierno de México, ya suficientemente endeudado.

Alegan igualmente que el canal tamaulipeco continuaría el sistema similar que Estados Unidos construyó paralelo a su costa este y al golfo durante la primera Guerra Mundial y que hoy es obsoleto y funciona a muy alto costo. Sin olvidar que todavía nuestros vecinos se lamentan del enorme e irreparable daño ambiental que se causó. En cuanto a los efectos negativos de tipo social, se menciona que la magnitud de la obra afectaría las condiciones en que trabajan los pescadores en las lagunas costeras y en altamar, además de los problemas ocasionados a quienes viven o realizan otras actividades en la franja litoral.

A los cuestionamientos anteriores se suma otro de tipo diplomático y del cual se habla muy poco: para hacer efectiva la intercomunicación acuática con Estados Unidos se requiere que el gobierno de ese país extienda su red de canales desde el puerto de Brownsville, en Texas, hasta el río Bravo, cosa que no parece existir en el ánimo de la administración Clinton. Y por otro lado, hace falta un acuerdo binacional. Hasta el momento dicho asunto no figura en la agenda de los dos gobiernos. Quizá porque el proyecto no cumple aún con todos los requisitos necesarios para ser autorizado, lo que impide arribar a un acuerdo sobre el mismo.

Finalmente, varios grupos ecologistas estadunidenses preparan una campaña para lograr un embargo al camarón mexicano alegando que la construcción del canal destruirá áreas donde invernan aves provenientes del norte del continente; que afectará las playas donde desova la tortuga lora; que los estudios realizados para medir los efectos ambientales de la obra fueron parciales, incompletos y a gusto de quienes promueven el proyecto, por lo que los daños en los ecosistemas costeros serán numerosos y violan acuerdos internacionales. Pero en lo anterior, debe andarse con cuidado: puede tratarse, una vez más, de cobijar intereses comerciales con la bandera ambiental

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