La sociedad civil, expulsada de El Paraíso por el acoso de priístas

Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de febrero Ť Como otra botella arrojada al mar por los habitantes de El Paraíso, en Sabanilla, llegó ayer a la marcha indígena una denuncia, breve bitácora de la ignominia:

``18 de enero de 1997, en la tarde, Pascual Cruz Vázquez salió de su casa a comprar medicina para su hijo y se encontró con Mariano Juárez Jiménez, priísta, quien lo golpeó con la finalidad de provocar a la sociedad civil no priísta y crear enfrentamiento. Diego Martínez López, dirigente del grupo priísta, los reunió, cargaron sus armas y en la noche empezaron a disparar al aire, terminando de hacer disparos a las 12 de la noche''.

La situación que se suscitó en El Paraíso a partir de entonces, parcialmente recogida en la prensa, arroja un saldo ya de destrucción y muerte. Esta es la versión de El Paraíso, hoy sen el exilio. En la denuncia se identifica a la ``sociedad civil'' con los campesinos en resistencia, y no priístas.

Curiosamente, la primera muerte, la que sirvió de pretexto para lo que se vino, fue en cierto modo accidental.

``19 de enero, a las 7 de la mañana, en la vereda se descubrió el cadáver de una señora del grupo priísta quien murió de miedo y no fue recogida por sus compañeros a pesar de que la autoridad de la comunidad mandó aviso para que lo hicieran''.

Por el contrario, los dirigentes priístas solicitaron la presencia de la Seguridad Pública, a través del presidente municipal Benedicto Jaime Pérez Méndez, para ``levantar'' el cuerpo que ``se encontraba en la línea divisoria de sociedad civil y priístas''.

Bastante pronto, a las 10 de la mañana del día 20, llegó la policía a El Paraíso, no para ``levantar'' el cadáver, sino para ``disparar directamente a las casas de la sociedad civil, lanzando gases lacrimógenos en los hogares que los priístas les señalaban''. Todo esto, según los denunciantes, ``sin motivo''.

Para entonces, la población de El Paraíso ``para evitar cualquier conflicto'', se había retirado al monte.

El documento de denuncia va dirigido a la prensa y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y a la Comisión de Concordia y pacificación (Cocopa), y al calce indica que va con copia para el Comité Clandestino Indígena Revolucionario (CCRI) del EZLN, y lo firman, por la comisión de El Paraíso, Jeremías Pérez Cruz y Armando Sánchez Cruz, quienes hacen la relación de hechos:

Se aviso que el procurador de Justicia llegaría en helicóptero a resolver el problema para no hacer más grande el conflicto por lo que debían de tener confianza de que ya se resolvería lo del cadáver de la señora que todavía seguía allí.

``A las 10 horas llegaron dos helicópteros de la Seguridad Pública lanzando granadas y gases lacrimógenos, al mismo tiempo por tierra asomaron siete camiones de Seguridad Pública revueltos con judiciales y Ejército federal.

``Los miembros del Ejército federal y los judiciales se quedaron en el lugar del cadáver pero los miembros de Seguridad Pública junto con sus perros amaestrados persiguieron a la sociedad civil a quienes les lanzaban gases lacrimógenos y granadas donde hirieron a Eduardo Torres Pérez en la pierna y Roberto Torres Pérez fue muerto a balazos mientras los demás buscaban refugio''.

Y ahora, en pleno siglo XX, su majestad la guerra: ``Seguridad Pública regresó a recoger el cadáver de Roberto Torres Pérez para colgarlo en las oficinas de la Presidencia de Sabanilla'' (subrayado en el original).

``Los priístas --prosigue el documento--, protegidos por los cuerpos policiacos, incendiaron las casas, robaron las propiedades de valor, alimentos, animales, láminas y todo cuanto había en las casas de la sociedad civil.

``La Seguridad Pública se posesionó de las casas de lámina que quedaron en pie y hasta este día se mantiene ocupando el espacio del pueblo que se encuentra refugiado en la comunidad Asunción Huitiupan''.

Los de la sociedad civil quieren regresar a El Paraíso, pero incluso en su refugio los amenaza la policía. Exigen, como es de suponer, ``la salida inmediata de Seguridad Pública, militares y judiciales'' y hacen ``responsable al gobierno (subrayado en el original) de lo que pueda seguir sucediendo''.

Por todo lo anterior, hacen una llamada de auxilio a los organismos a quienes se dirige la denuncia, ``para que intervengan urgentemente en el seguimiento que el gobierno le dé a esta situación de guerra que estamos sufriendo''.

Ahí está el detalle: en el seguimiento del gobierno.