José Blanco
Comunidad marginada

La Tierra está poblada de hombres, no de humanos. H. Ibsen (1884)

En tres pistas principales sin vinculación entre sí parece desenvolverse el debate y la crítica sobre el impasse en que ha desembocado la negociación entre el EZLN y el gobierno: la política, la jurídica y la ideológica.

A la primera parecen sobrarle conjeturas: el gobierno no tiene voluntad política; en realidad quiere la guerra; tiene inconfesables propósitos neoliberales desnacionalizadores; quiere que las comunidades indígenas sigan en la miseria y la explotación. Algunos se aventuran hasta el ámbito electoral: se trata o de evitar que Marcos sea candidato a la gubernatura del Distrito Federal, comicio que ganaría con facilidad, o de impedir otros tipos de intervención político electoral en este año de altos riesgos para el PRI. En esta pista se halla también la demanda de que sean cumplidos los acuerdos de Larráinzar, de los que el documento de la Cocopa no sería sino una ``traducción'' a la forma legal.

Existe una ley para alcanzar la paz en Chiapas que deberá ser cumplida por el gobierno y por el EZLN. Pero como toda negociación, la obligada por esta ley no ha estado exenta de las tácticas políticas que las partes creyeron más convenientes en distintas coyunturas, y que conllevan inculpaciones, reclamos, dilaciones, estrategias publicitarias, etcétera, observables en ambos lados a lo largo del proceso. Tales tácticas, sin embargo, no podrán evitar que la negociación llegue a término. Las partes están obligadas a acercar sus puntos de vista hasta configurar el acuerdo final. El impasse actual no ha borrado los múltiples acuerdos a que las partes han llegado ya.

Sin más: el gobierno está obligado a honrar los acuerdos que ha firmado en Larráinzar. Es discutible, en cambio, que la propuesta elaborada por la Cocopa sea una traducción químicamente pura de los acuerdos a la forma legal. La forma acuerdo y la forma ley son cuestiones distintas, porque la norma tiene o puede tener implicaciones en áreas fundamentales del sistema jurídico no evidentes necesariamente en la forma acuerdo. Debemos tener seguridad todos de que las reformas legales no conlleven riesgos ni para las comunidades indígenas ni para la integridad del Estado.

En la pista jurídica suscita enormes dudas la tesis de que una legislación especial para una comunidad particular, deba incluir el territorio, como opinan algunos especialistas. Referida a un Estado nacional, la tesis es clara; no lo es referida a una comunidad que pertenece a un Estado nacional; que se forma de ciudadanos de ese Estado aunque, como en el caso que nos ocupa, su exclusión histórica los conserve como comunidades y no hayan llegado a conformarse como ciudadanos (individuos) autónomos plenos. Gobierno, población y territorio en una unidad son, jurídicamente, un Estado. No sólo es que en este caso habría estaditos embrionarios dentro del Estado, sino que ello sería la consagración legal de la exclusión histórica de las comunidades, si se atiende y entiende el funcionamiento de la macroeconomía.

El debate ideológico no llegará a convergencias. Lo único que puede hacerse es aceptar la diversidad, y asumiendo al distinto acordar con él. Admitir que las comunidades indígenas se organicen en todo con arreglo a su cosmovisión (que el ideólogo de las comunidades ve como superior a la ``occidental''), no es aceptable para muchos (me incluyo). Según esta crítica, las anteojeras de la tradición judeocristiana a través de las cuales ve el no indio al indio, produce inconscientes prejuicios bárbaros respecto a una cultura superior que se relaciona con la tierra comunitariamente y como parte de ella, sin depredación del hábitat.

Un fantasma rousseauniano subyace en esa crítica. Los indios mexicanos han sido depredadores obligados de la tierra: la marginación a que han sido condenados los condujo a la roza, entre muchas otras prácticas depredadoras. Muchas comunidades se organizan en cacicazgos autoritarios: polvos de añejísimos lodos que la marginación ha hecho supervivir. Hace algunos meses, en una comunidad de Chiapas fue muerto un niño que reincidió tres veces en el robo.

La historia de la modernidad capitalista es la historia de la disolución de las comunidades del mundo. Una historia que aún no termina. Las comunidades existentes en México y en muchos lares del mundo, es una expresión terrible de las insuficiencias de la modernidad del subdesarrollo.

La conversión de la comunidad en ciudadanos e individuos no es, por supuesto, el arribo a ninguna clase de paraíso, sino al infierno del mercado y a la soledad sin remedio del individuo moderno. Un proyecto de continuidad de la humanización de los hombres, conlleva por necesidad un proyecto de recreación de la comunidad, sin perder la autonomía y la libertad del individuo moderno. El itinerario de ese proyecto aún no lo sabemos, pero es seguro que los hombres no se salvan del infierno de la modernidad por la vía de la marginación: ésta es el peor infierno y es cabalmente conocido por las comunidades.

Una legislación especial debe ser aplicable a un espacio social --no territorial-- dado, con el propósito de proteger y promover seriamente a quienes han sido marginados por siglos. Son atendibles sus usos y costumbres en esa legislación, pero debe preservarse la posibilidad de que los miembros de la comunidad decidan incorporar prácticas que más allá de su voluntad consciente pudieran acabar disolviendo la comunidad. No intentemos conservarlos a la fuerza como comunidad. Ser comunidad ha sido una estrategia de supervivencia frente a la marginación.