Es de gran relevancia para la vida institucional del país la decisión adoptada ayer por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación --por la diferencia de un voto-- sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de modificaciones a la Carta Magna, determinación que ocurre en el contexto de una demanda interpuesta por Manuel Camacho Solís en contra de la prohibición a los ex regentes para participar como candidatos al gobierno capitalino en futuros procesos electorales.

Independientemente de los pormenores de ese juicio, la decisión comentada expresa la cada vez mayor determinación del Poder Judicial de actuar con independencia del Legislativo y del Ejecutivo. El fallo referido contrasta con el tradicional control extralegal de las decisiones del Congreso y de la Suprema Corte por parte de la Presidencia, y en esa perspectiva resulta un paso positivo hacia la vigencia real del principio de separación y equilibrio de poderes en el Estado mexicano.

En rigor, la decisión tiene un alcance jurídico modesto: se limita a revocar la negativa de un juez a aceptar una demanda de amparo ante actos del Poder Legislativo. Con todo, y aunque la resolución de la SCJN no sienta jurisprudencia en el caso específico que se dirime, el que se reconozca la procedencia del amparo frente a modificaciones constitucionales es un precedente que contribuirá a ampliar los derechos ciudadanos y las garantías individuales en el país.

Ciertamente, este fallo tendrá consecuencias e implicaciones en el proceso legal en el que se presenta y en la coyuntura política actual, en la medida en que abre un margen de maniobra judicial a Camacho Solís en su lucha por contrarrestar el veto a los ex regentes para ser candidatos al gobierno capitalino. Tal prohibición, introducida subrepticiamente y de última hora por la bancada priísta en el proyecto de reformas constitucionales y legales que se aprobó en diciembre pasado, fue vista por muchos como una maniobra del partido oficial específicamente dirigida al también ex aspirante a la candidatura presidencial priísta, ex secretario de Relaciones Exteriores y ex comisionado en Chiapas en el sexenio pasado.

Pero, independientemente de las alteraciones que pueda provocar en el escenario y los alineamientos políticos que se gestan de cara a los comicios de julio próximo --y que son tema para otra reflexión--, la determinación de la SCJN tiene un alcance mucho más amplio.

Empiezan a constituirse formalmente las Afores, destinadas a administrar los fondos de retiro. Las reformas legales del año pasado abrieron el camino para repartir una función desempeñada hasta ahora por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros organismos con facultades similares en el terreno de las jubilaciones. En el nuevo escenario, el IMSS también tendrá su Afore, pero sujeta a las mismas reglas que las demás y limitada, como las otras, a controlar como máximo 17 por ciento de lo que ahora será el mercado del retiro del trabajo. Los conceptos de jubilación y pensión subsistirán, pero irán siendo, gradualmente, relegados a un segundo plano.

Los bancos y aseguradoras son los principales ejes de las Afores. La campaña publicitaria que actualmente se desarrolla tiene como objetivo captar la mayor parte posible de este nuevo mercado que, como tal, es enorme, y en el cual las decisiones de las empresas o instituciones empleadoras tendrán un peso decisivo, si bien, en última instancia, será cada trabajador, en lo individual, quien decida si mantiene sus fondos de retiro en la entidad que le fue asignada por su fuente de trabajo o si los cambia a otra. Pero lo que se verá, como ya se ha prefigurado desde que se constituyó el SAR o Sistema de Ahorro para el Retiro, será la afiliación masiva de los trabajadores de cada empresa o institución.

Una de las razones que se alegaron para quitar al IMSS y a instituciones similares la responsabilidad exclusiva de las pensiones y jubilaciones, ahora fondos para el retiro, fue la mala situación económica de la mencionada institución. No está de más alertar ante la posibilidad de que parte de las nuevas instituciones privadas tengan un destino similar. Para ilustrar esta posibilidad preocupante, cabe recordar el caso de los bancos que se vieron al borde de la quiebra por efecto de la crisis económica que padecemos, y que fueron rescatados con miles de millones de dólares provenientes del erario.

Ciertamente, y por razones de interés social, los fondos para la jubilación, la pensión o el retiro, deben ser protegidos. Pero lo que no tendría sentido es que, en aras de eliminar supuestos subsidios al IMSS y otras instituciones sociales, se acabara subsidiando, una vez más, a bancos o aseguradoras.