Julio Moguel
Indígenas y soberanía
Jaime Avilés aporta nuevos elementos para entender la contradicción actual entre el Ejecutivo y la Cocopa (que es a la vez la contradicción entre el Ejecutivo y los acuerdos de San Andrés Larráinzar) en torno al asunto de las reformas constitucionales en materia indígena. También nos da claves para entender la dimensión y profundidades de la guerra social y política del fin de siglo, que mala y equivocadamente ha sido concebida por algunos sólo o fundamentalmente como un conflicto negociable o ``transitable'' en los planos electorales.
En su última entrega de ``El tonto del pueblo'' (La Jornada, 1o. de febrero) rebela el contenido de un ambicioso ``Proyecto de Plantaciones Forestales Comerciales de la Empresa Desarrollo Forestal, SA de CV'' --presentada en su versión final en noviembre de 1994-- , cuyo objetivo es producir ``madera aserrada y material celulósico'' en plantaciones de eucalipto que se extenderían sobre 300 mil hectáreas de los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, en un volumen de 6 millones de metros cúbicos al año, cantidad aproximada a la de la actual producción maderera nacional. Esta producción maderera sería vendida a las empresas estadunidenses Simpson Paper y Louisiana Pacific, y exportada ``mediante ferrocarril construido por ellas para unir las plantaciones con el puerto de Dos Bocas, en el Golfo de México''.
Las reformas al artículo 27 constitucional operadas por el salinismo dan el sentido de la viabilidad del proyecto: la empresa privada se uniría a los ``propietarios de terrenos'' (comunidades indígenas) mediante ``sociedades en comandita por acciones'', dentro de las cuales ``los socios comanditados o tenedores de terrenos serán los actuales propietarios de las tierras y tendrán las acciones de la serie T'', así como ``derecho de anticipo de utilidades'', para lo cual ``se establecerá un contrato de asociación en participación, en el cual los tenedores de la tierra aportarán el derecho al uso de la misma''. Pero no son sólo tales reformas de 1992 las que permiten o favorecen el proceso: el gobierno requiere rechazar o desmontar la reforma constitucional convenida en San Andrés Larráinzar, pues el reconocimiento actual de derechos colectivos para los pueblos indios resulta una traba social, política y económica básica para hacer avanzar la privatización y la trasnacionalización de un espacio que adquiere un valor económico potencial sin precedentes.
Rebelación de Avilés es también el hecho de que importantes funcionarios del gobierno de Zedillo, ayer con puestos claves en el de Salinas, están implicados en proyectos como el referido, y no sólo como operadores sino como reales o potenciales beneficiarios capitalistas. ¿Cuántos proyectos más de esta naturaleza se encuentran trabados por la actual movilización indígena encabezada por el zapatismo? Saabeeer, dicen en Chiapas. Pero cabe adelantar algunas hipótesis sobre el asunto:
1. El proyecto indígena de Zedillo es transexenal y trasnacional, y está comprometido con la idea de ``reservar'' a los indios en áreas limitadas y vigiladas, para que las grandes empresas privadas y sus socios gubernamentales contren y gestionen por una u otra vía el espacio económico significativo.
2. La otra cara de esta estrategia para la formación de ``reservas'' indias es la disolución del o de los cuerpos indígenas consistentes (pueblos indios), para ``aflojar'' todos los lazos que los ligan a la tierra y a sus condiciones de producción. Una política social asistencialista, dirigida al individuo pobre o pobrísimo --focalización-- y ``a la familia'', como la que en filosofía y líneas básicas está copiada del Pronasol (de nueva cuenta, de la era de Salinas), es la que se ajusta a los proyectos de desarrollo referidos. El complemento es la militarización del espacio.
3. En tales perspectivas, la derrota político-militar del EZLN se convierte en un punto de primerísimo orden en los planes del gobierno, pues éste es el corazón actual del movimiento indio y civil que mantiene las líneas fundamentales de dicha resistencia. La ``operación quirúrgica'' se vuelve así ``costo que hay que pagar'', pues los cálculos de rentabilidad son a 500 años.