Lozano: asumo las consecuencias

Mireya Cuéllar Ť Después de expresar su confianza en que ``más allá de intereses electorales y propósitos de facción'' la sociedad valorará ``en justicia'' su desempeño público y el de sus colaboradores, el ex procurador Antonio Lozano Gracia sostuvo que aceptó ``sin temores los riesgos que entraña afectar intereses que antes no se tocaban'', por lo que ``hoy, asumo las consecuencias''.

En un comunicado que --luego de un largo día de espera-- dio a conocer por la noche, Lozano Gracia fijó que su posición frente al trabajo que efectúa la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal será de ``prudencia'', aunque advirtió también que siempre que las circunstancias graves así lo justifiquen, hará pronunciamientos que ``considere en conciencia debe conocer la sociedad''.

Volvió a llamar a quienes trabajaron con él en la Procuraduría General de la República --tal y como lo hizo la media noche del pasado domingo frente a las instalaciones de la Policía Judicial del Distrito Federal-- a que ``sin pretexto alguno'' asuman su misma actitud. Esto es, ponerse a disposición de las autoridades para comparecer y responder ante ellas en el preciso momento que para el efecto los requieran.

Durante el día los reporteros hicieron prácticamente guardia en el edificio central del PAN. De pasada, el ex procurador les informó que en unas horas más --esperó hasta que conoció el contenido de la conferencia en la PGJDF-- daría a conocer su posición frente a los nuevos acontecimientos en torno a la osamenta de El Encanto.

Entonces alguien le alcanzó a preguntar: ¿Se ha comunicado con Chapa Bezanilla?

--No --respondió seco.

A través del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Lozano envió el comunicado, dirigido ``a los periodistas y medios de comunicación que desean les conceda una entrevista para responder sobre mi desempeño como procurador general de la República y, en especial, respecto de las investigaciones de los crímenes de los licenciados Colosio y Ruiz Massieu''.

Enseguida, en cuatro puntos, dejó asentada su postura:

``1. Considero mi deber asumir una posición de prudencia frente al trabajo que vienen realizando las autoridades competentes y estar a su disposición para comparecer y responder ante ellas en el preciso momento que para el efecto me requieran.

``Reitero mi petición a quienes fueron mis colaboradores que sin pretexto alguno asuman esa misma actitud.

``2. Siempre que circunstancias graves así lo justifiquen, haré pronunciamientos que considere en conciencia debe conocer la sociedad.

``3. Como procurador general de la República asumí sin temores los riesgos que entraña afectar intereses que antes no se tocaban. Hoy, asumo las consecuencias.

``4. Agradezco a ustedes sus invitaciones y entiendo su legítimo interés de comunicar a la sociedad todo aquello que le preocupa y afecta. Hablaré en la forma y tiempo que las circunstancias y mi responsabilidad así lo exijan. Estoy seguro que más allá de intereses electorales y propósitos de facción, el desempeño público de mis colaboradores y mío será valorado en justicia por la propia sociedad.

La intención del abogado es que los cinco ex funcionarios rindan su testimonio acerca de los presuntos sobornos o ``beneficios económicos'' -como los llamó el diputado panista Salinas Torre- que entregaron a los testigos Fernando Rodríguez González y Francisca Zetina Chávez, La Paca.

``Tres preguntas, sólo tres preguntas quiero que contesten Lozano y su grupo de colaboradores: ¿Dieron o no dinero a La Paca y a Rodríguez?, ¿con qué intención? y ¿en qué legislación se apoyaron para pagar a esos testigos?'', comentó Luengo Creel, quien además estudia la posibilidad de promover un juicio político en contra del ex procurador de la República, Lozano Gracia, y del subprocurador especial, Chapa Bezanilla.

Luengo Creel viene preparando desde hace dos semanas todos los hechos que pudieran acreditar responsabilidad penal en la actuación de Lozano Gracia, Chapa Bezanilla y Gándara Terrazas, y está por presentar una denuncia de hechos por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Su idea de promover un juicio político se sustenta precisamente en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución, que se refieren a las responsabilidades de los servidores públicos. El artículo 109, fracción primera, de la Carta Magna, indica:

``Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho''.

La fracción segunda del mismo artículo agrega: ``La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal''.

Respecto de las sanciones, el artículo 110 precisa que éstas ``consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público''.

En cuanto a sus posibilidades para impulsar un juicio político contra los ex funcionarios, el abogado explicó que con fundamento en el artículo noveno de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ``cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados... siempre y cuando esté apoyada (la denuncia) en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción...''

Sobre la posibilidad de un juicio político contra Lozano Gracia, el jurista Emilio Krieger opinó que las responsabilidades políticas y penales son resultado de ``una acción paralela'', pero estimó que lo conveniente es, primero, fincar las responsabilidades penales en caso de que las hubiese.

Para Krieger, lo que procede de inmediato es determinar si existieron responsabilidades penales y, en consecuencia, proceder en contra de quienes actuaron impunemente desde un cargo público, en este caso desde la PGR.

Y en relación con las responsabilidades políticas, el abogado no se queda en Lozano Gracia y sus colaboradores, sino que estima que ``lo más interesante y trascendental'' es llegar a quien o quienes ``vienen dictando y solapando esa política de la impunidad''.

Al respecto, el jurista Raúl Carrancá y Rivas dijo que el Ministerio Público podría encontrar elementos para iniciar una averiguación contra Lozano, por la presunta adulteración de pruebas, pero en este caso no procede un juicio político.

Carrancá destacó que es poco creíble que el ex procurador no haya sabido de las acciones de Chapa y La Paca para sembrar la osamenta, pues en una dependencia como la PGR nada se mueve sin conocimiento del titular. Acerca de Raúl Salinas, consideró que debe permanecer encarcelado porque sobre él pesan otras acusaciones.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) informaron que se auditaron ``todas y cada una'' de las partidas presupuestales asignadas por la federación a la Procuraduría General de la República, incluidos los pagos a testigos con fondos de la Dirección de Bienes Asegurados.

Indicaron que las auditorías, una de ellas solicitada por el entonces procurador Antonio Lozano Gracia, tuvieron como fin detectar anomalías en la disposición de los recursos y que los resultados, en los que se encontraron ``algunas irregularidades'', ya fueron entregados a la PGR.

Madrazo Cuéllar y Soberanes fueron entrevistados ayer por la mañana en el Archivo General de la Nación, a donde asistieron a la inauguración de la exposición México y sus Constituciones.

Madrazo Cuéllar expresó que las investigaciones a cargo de la procuraduría capitalina se efectúan conforme a la ley y rehusó dar un adelanto sobre el contenido de la conferencia de prensa que ofrecerá sobre el caso.

A su vez, el procurador Antonio González Fernández, a pregunta expresa, explicó que en el ámbito de su competencia, la dependencia a su cargo no puede emprender acción en contra de Antonio Lozano Gracia, ``debe quedar claro que si llega a presumirse algún tipo de responsabilidad, el proceso pasará a la esfera de la PGR''.

González Fernández charló con los reporteros sobre la investigación que se sigue a La Paca y sus cómplices, aunque precisó que por la tarde daría todos los detalles al respecto.

-¿Nuevos anuncios? -preguntaron los entrevistadores-: ``Sí, y todos vienen a corroborar lo que hemos dicho que ocurrió en El Encanto'' -respondió.

-¿No le tiene miedo a los poderes karmáticos de La Paca?-: ``¡Ahhh! --se rió-, esa vieja...''

Soberanes comentó que el giro que tomó el caso Ruiz Massieu constituye ¡una vergüenza! para quienes tuvieron en sus manos la investigación: ``Cómo fue que actuaron de esa manera... ¡es ilegal!''

-¿Cómo quedan las instituciones de justicia?-: ``Pues muy mal paradas -respondió-, ¿no? Lógicamente porque todo esto es verdaderamente macabro, impresentable. Queda mal la justicia y el país''.

-¿Es un triunfo para González Fernández, que quiere la regencia?-: ``No sé. A lo mejor sí. Pero lo que yo veo es el resultado de una investigación que se realizó con la mayor seriedad y que puede tener otras consecuencias. Ahorita lo que tenemos son evidencias objetivas y que son francamente deleznables, aquí en México no se puede enterrar a ninguna persona en cualquier jardín''.

Por otra parte, interrogados sobre las investigaciones que realiza la PGJDF, ex funcionarios de la PGR, pertenecientes al equipo de Antonio Lozano Gracia, manifestaron su ``mejor disposición'' de colaborar con las autoridades que así lo soliciten para esclarecer las dudas que sobre su desempeño puedan tener.

Negaron conocer el paradero del ex fiscal Chapa Bezanilla y reiteraron que fue el pasado jueves cuando éste sostuvo una conversación telefónica con Lozano Gracia. ``Desde entonces no hemos vuelto a tener contacto alguno con él'', dijeron.

A su vez, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas aseguró que con la actuación deshonesta del ex procurador Lozano Gracia, el PAN perdió la oportunidad de llegar de manera legítima a ocupar los lugares más importantes en la vida política del país. Ese partido demostró que no sabe gobernar ni dirigir una institución de alta responsabilidad, señaló el presidente de la organización evangélica, Arturo Farela Gutiérrez. (Elena Gallegos, Georgina Saldierna, Ciro Pérez Silva y Angeles Cruz.