La Paca y Aguilar Lucero, los beneficiarios; consignan a Cortés Osorio

Ricardo Olayo y Juan Manuel Venegas Ť El ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla y su principal colaborador en el caso Ruiz Massieu, José Cortés Osorio, desviaron recursos de la Procuraduría General de la República para el ``pago ilegal'' de los testigos Francisca Zetina La Paca, María Bernal Romero y Ramiro Aguilar Lucero.

Los ex funcionarios dispusieron de 3.5 millones de pesos de la Dirección de Control de Bienes Asegurados de la PGR para el pago de los servicios de La Paca y Aguilar Lucero -aún prófugo de la justicia-, en tanto que desde junio de 1995 rentaron, a cuenta del presupuesto de la PGR, un departamento para Bernal Romero, a quien además beneficiaron con un sueldo mensual de 10 mil pesos, vehículo y asignación de una escolta personal.

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, informó ayer que por estos hechos fue consignado al Reclusorio Oriente Cortés Osorio, por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido de atribuciones y facultades y falsedad de documentos en su modalidad de fabricación de evidencias, en el caso de la siembra de la osamenta en El Encanto.

Respecto a la situación jurídica del ex fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla, el procurador capitalino indicó que se le considera ya ``un perseguido de la justicia'', por lo que solicitó la colaboración de la PGR para ubicarlo y cumplir con la ``orden de presentación'' ante el Ministerio Público, hasta ahora único requerimiento judicial en su contra.

Chapa y Cortés están involucrados en los mismos hechos, por lo que si el segundo ya fue consignado, se espera que de un momento a otro se gire la orden de aprehensión contra el ex fiscal, que desapareció a principios de la semana pasada.

No obstante, González Fernández evadió precisar las razones por las que Chapa no fue consignado a la par de Cortés Osorio, quien por la tarde de ayer fue trasladado al Reclusorio Oriente, a pesar de que el juez segundo del Reclusorio Norte le concedió un amparo provisional, con lo que estaba protegido de cualquier acción penal en su contra.

La aprehensión de Cortés Osorio, a decir de su abogado José Luis Insunza Espinoza, ``fue irregular'', toda vez que el amparo provisional fue expedido desde las 13 horas, en tanto que su detención, señaló, ocurrió pasadas las cuatro de la tarde.

Los hechos ``irregulares'' son los siguientes:

Desde el miércoles de la semana pasada, Cortés Osorio fue arraigado en su domicilio mientras se llevaban a cabo las diligencias por el hallazgo de la osamenta. A partir de esa fecha, fue citado a declarar en cuatro ocasiones en las instalaciones de la Procuraduría del Distrito Federal.

Este martes, alrededor de las nueve de la mañana fue llevado nuevamente ante el Ministerio Público. En las oficinas de Arcos de Belén permaneció hasta las 16 horas, cuando llegó el general Luis Roberto Gutiérrez Flores e hizo valer la orden de aprehensión, trasladándolo al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición del juzgado 16 del fuero común.

Sin embargo, a las 13 horas su abogado ya había obtenido la protección de la justicia y según el amparo 0041/97 expedido por el juez José Vicente Peredo, ``se concede la suspensión del acto reclamado (la orden de aprehensión) para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se prive de la libertad a Luis Aranda Zorrivas y José de Jesús Cortés Osorio''.

Los pagos de Chapa

En su conferencia vespertina, González Fernández detalló cada una de las irregularidades detectadas hasta ahora en el proceder del ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla.

Las investigaciones que ha realizado la Procuraduría, informó el funcionario, concluyen que el 7 de octubre de 1996, Chapa Bezanilla autorizó un pago de un millón de pesos a Francisca Zetina, con un cheque expedido por Bancrecer, mismo que fue depositado en la cuenta personal de la vidente, la 400685874 de Bital.

Ese cheque lo hizo efectivo el 9 de octubre, fecha en que descubrieron los restos humanos que, según La Paca, pertenecían al desaparecido ex diputado priísta Manuel Muñoz Rocha.

José Antonio González Fernández subrayó que dicho pago se hizo antes de que los investigadores de la PGR ``tuvieran plenamente identificada la osamenta descubierta en la finca El Encanto''.

El mismo Chapa autorizó otro pago, éste por 2.5 millones de pesos, en favor de Ramiro Aguilar Lucero, la persona que preparó el croquis y la carta en la que supuestamente se relataba la forma en que ``Raúl Salinas dio a muerte a Muñoz Rocha'' y su posterior mutilación para ser enterrado en El Encanto.

González Fernández precisó que esa cantidad de dinero -obtenida de una cuenta de la Dirección de Control de Bienes Asegurados de la PGR en Bancrecer- ``era el primer pago'' que Chapa había convenido con su informante, al que le había prometido ``una cantidad adicional''.

Los favores del entonces fiscal a sus testigos no pararon ni iniciaron ahí. Antes, desde junio de 1995, cuando María Bernal declaró haber escuchado a Raúl Salinas decir que asesinaría a su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, le alquiló en renta un departamento y le autorizó un pago mensual de alrededor de 10 mil pesos.

El procurador explicó que en el contrato de arrendamiento del departamento en Transportes 17, colonia Ahorro Postal, aparece como arrendatario Mario Fajardo Toledo, ex secretario particular de Cortés Osorio, y en el mismo figuraba como aval un auxiliar administrativo de la fiscalía especial, Roberto José Barrios Gaxiola.

Otro más de los beneficios otorgados a La Paca fue la contratación de su hija Sandra Regina Hernández Zetina en la Subprocuraduría Especial del caso Ruiz Massieu, en cuya nómina se encontraba hasta diciembre de 1996.

El expediente de Chapa, a la PGR

González Fernández informó que enviará a la Procuraduría General de la República el desglose de la averiguación previa SE/037/96-10 que se inició por el hallazgo de la osamenta y que pudiera derivar en delitos federales cometidos por Chapa Bezanilla y sus colaboradores.

``En el entendido de que existen elementos suficientes de prueba que podrían tipificar diversos delitos federales, que implican el desvío de recursos a disposición de autoridad federal, como consecuencia de diversos pagos ilegales que se realizaron con fondos de la Dirección de Bienes Asegurados de la PGR, he decidido turnar el desglose correspondiente y los elementos de prueba del caso a la propia PGR, que es competente, en términos de ley, para conocer de este tipo de ilícitos'', precisó el procurador del Distrito Federal.

Dijo que respecto a la participación de la Procuraduría a su cargo, las investigaciones por la exhumación e inhumación clandestinas y los delitos relacionados prácticamente quedaron concluidas, aunque seguirá en espera de la detención de Aguilar Lucero y la presentación de Chapa.

Sigue el arraigo a Aranda y Barrios

En torno a otros involucrados, González Fernández anunció que fue consignado Francisco Godínez Fernández -vigilante de El Encanto-, quien recibió 15 mil pesos para permitir la entrada a la finca de los cómplices de La Paca, acusado por los delitos de asociación delictuosa, inhumación clandestina y falsear declaraciones.

Sobre los otros dos ex funcionarios de la fiscalía, Luis Aranda Zorrivas y Roberto José Barrios Gaxiola, indicó que seguirán bajo arraigo domiciliario, en tanto se determina si tuvieron responsabilidad de tipo penal en los hechos. En relación con Cortés, este miércoles deberá rendir su declaración preparatoria en el juzgado 16 de lo penal en el Reclusorio Oriente.