La Jornada 5 de febrero de 1997

El gobierno mexicano busca una certificación automática antidrogas: SRE

David Aponte Ť La administración mexicana busca una ``certificación automática'' antidrogas en el proceso iniciado por la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos, mediante el trabajo conjunto realizado en 1996 por el Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Incluso, tiene la expectativa de que el nuevo mecanismo de colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico pudiera sustituir al proceso citado en el caso específico de México, se indica.

El gobierno de México considera que ese mecanismo es demasiado ``rígido'' e ``incómodo'' para las naciones y las propias autoridades de Washington. El debate en Estados Unidos viene acompañado de una serie de acusaciones falsas y recriminaciones contra las instituciones mexicanas, se agrega.

Con las labores conjuntas del GCAN -iniciadas en marzo de 1996-, la SRE busca tener un mecanismo de evaluación bilateral cotidiana en calidad de la cooperación e identificación de los problemas en el terreno de la lucha contra las drogas.

El canciller José Angel Gurría ha dicho en público que la parte mexicana pretende hacer a un lado ese proceso antidrogas del gobierno de Washington, y generar una ``certificación automática de carácter positivo'' con la labor del GCAN.

``La cooperación no se hace para superar el problema de la descertificación. Pero uno de los beneficios que creemos que va a tener el Grupo de Contacto de Alto Nivel, además de lo sustantivo que es lo que nos interesa, es que va a poner a un lado el proceso de certificación'', dijo Gurría el pasado 4 de diciembre en la Cámara de Senadores.

El proceso que culminará el primero de marzo, con un informe de la Casa Blanca al Congreso de Estados Unidos sobre los terceros países que colaboraron en la lucha antidrogas, incluye tres categorías: la certificación plena, la certificación por intereses de seguridad y la descertificación.

De acuerdo con la sección 2291 de la Ley de Cooperación Extranjera, las naciones descertificadas no tendrán acceso a la asistencia financiera, al financiamiento del Banco de Exportaciones e Importaciones y el Ejecutivo estadunidense votaría contra las solicitudes de crédito en los organismos financieros internacionales.

Adicionalmente, el presidente de Estados Unidos tendría facultades discrecionales para imponer sanciones económicas contra las naciones descertificadas en este proceso interno que iniciaron las autoridades estadunidenses en 1986.