Lozano, en el centro de la lucha PRI-PAN; niegan la libertad a Cortés

Oscar Camacho Guzmán Ť Mientras el panista Ricardo García Cervantes dijo que los ataques contra el ex procurador Antonio Lozano Gracia son facciosos y tienen claros propósitos electorales, el priísta Ignacio González Rebolledo aseveró que el ex procurador tiene responsabilidad por el lado que se le vea, ya sea por aprobar los pagos indebidos que hizo Chapa Bezanilla o por negligencia en caso de no estar enterado de lo que pasaba en la dependencia a su cargo.

Terminada la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Constitución, González Rebolledo agregó también que la exigencia del PAN y del PRD para que comparezca ante la Cámara de Diputados el procurador general Jorge Madrazo Cuéllar es también ``una demanda'' que el PRI considera no sólo necesaria sino indispensable, a fin de que explique el estado en que encontró las investigaciones en esa dependencia.

Sobre las acusaciones de Ricardo García Cervantes, en el sentido de que los ataques contra Lozano son con un propósito electoral, González Rebolledo las rechazó también y se mostró sorprendido de la advertencia que hicieron panistas el día anterior, al señalar que si se detenía a Lozano habría una grave crisis política en el país.

``Es falso que haya en esto un cobro de facturas, en primer lugar porque los consignados hasta el momento no son panistas. Lo que estamos exigiendo los del PRI es que se investigue a fondo y se sancione a quien tenga responsabilidad.

``Y por lo que toca a las advertencias de panistas, me parece que si se amenaza con una situación así, pues entonces es que se anda muy pobre de conciencia jurídica. Nosotros, en el PRI, no hemos defendido a Raúl Salinas. Hemos dicho que si es responsable que pague y pague severamente sus culpas. Y si el propio ex presidente Carlos Salinas es responsable de algún delito, que vaya a la cárcel. Nosotros no defendemos a nadie a ultranza, cada quien se labra su propio destino y si el destino de un político es la cárcel, pues entonces que pague con la cárcel''.

En el caso de Lozano Gracia, dijo, ``estamos diciendo que se investigue. Lo que estoy diciendo es que si tenía conocimiento es corresponsable y si no lo tenía, adoptó una actitud de grave indiferencia hacia un asunto muy importante para la vida de la nación''.

En tanto, Ricardo García Cervantes externó que Lozano Gracia es un hombre probo y que al terminar este proceso quedarán en claro ``sus convicciones, su generosidad y su valor''.

Enseguida, aseguró que ``esto aún no termina'' y que corresponde a Lozano Gracia hacer las aclaraciones y dar la información pertinente, asumiendo con responsabilidad las acciones del cargo que desempeñó y todas sus consecuencias.

José Ureña Ť El ex procurador Fernando Antonio Lozano Gracia debe responder, como ``responsable único'' de los engaños y las arbitrariedades cometidos en las investigaciones sobre crímenes políticos y ``la falta de respeto a las instituciones que tienen la obligación constitucional de impartir justicia'', afirmó Humberto Roque.

Para procesar a Lozano, acotó el dirigente priísta al iniciar un ciclo de teleconferencias en red nacional, será necesario fincarle responsabilidades penales y no se requerirá un juicio político, dado que ``el señor no goza de fuero constitucional en virtud de que es un diputado con licencia''.

Acompañado de casi todo el Comité Ejecutivo Nacional, Roque contestó ayer preguntas de dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, por ser aniversario de la Constitución, dijo que ``el ejercicio de la justicia debe ser siempre apegado a derecho''.

``Cuando alguna persona, no importa de qué partido político, no importa por qué motivo haya llegado al cargo, todos juramos -diputados, Ejecutivo, Poder Judicial-, todos juramos sobre esta misma Constitución''.

A continuación Roque leyó el párrafo quinto del artículo 102 constitucional, reformado en diciembre de 1994, mes en que Lozano Gracia arribó a la Procuraduría General de la República (PGR): ``El procurador general de la República y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión y violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones''.

Roque Villanueva: ``Es importante destacar que esta Constitución es la única disposición expresa que señala a un funcionario público como el único responsable. De tal suerte que no se vale en la vida eludir responsabilidades. No se valen argumentos-pantalla que en algún momento distraigan a la atención pública del tema esencial.

``¿Merecemos los mexicanos ser engañados en un caso que en su momento agravió y sigue agraviando al priísmo, como fue el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu? La respuesta automática de los mexicanos es no. No merecemos el engaño. Que cada quien asuma su responsabilidad. Para eso está la ley. Para eso tenemos una Constitución''.

El diputado Florentino Castro López preguntó por teléfono si se daría un fenómeno de inestabilidad de enjuiciarse a Lozano Gracia, como amenaza su partido de origen. De nuevo Roque Villanueva:

``Ningún partido puede señalar que alguno de sus miembros es intocable. El PRI tampoco lo dirá. Esta es una cuestión que debe dirimirse, de acuerdo a la ley, conforme al procedimiento legal. No se trata de hacer linchamientos, como por ahí anda diciendo un dirigente del PAN. Se trata de que respetemos la ley y la respetemos todos''.

Terminó su respuesta: ``En esas cosas lo importante es hacer justicia, caiga quien caiga''.

Sobre el juicio político, pregunta llegada de Puebla, el jerarca del PRI no dejó dudas: ``Yo diría que es algo que no se puede descartar de origen. Evidentemente lo que se requiere es un procedimiento''.

De acuerdo a éste, corresponde a la PGR descubrir ``de dónde salió el dinero para los pagos, los sobornos y todas estas cosas que de manera asombrada nos estamos enterando los mexicanos y si encuentra que hay autoridad responsable, habría que ver si esa responsabilidad es de carácter administrativo o penal''.

Si es administrativo, ``no requeriría juicio político. Pero si se desprende una razón de carácter penal, una responsabilidad así, evidentemente tendríamos que acudir, según el funcionario de que se trate, al juicio político''.

Roque estuvo acompañado del secretario Juan S. Millán; de Oscar Cantón Zetina, coordinador de la comisión colegiada de comunicación social y de las teleconferencias, y de Artemio Iglesias, Héctor Hugo Olivares, Ramiro Pineda y Guillermo Barnés.

Ricardo Olayo Ť El juez 16 penal, Enrique Gallegos Garcilazo, negó anoche la libertad a José de Jesús Cortés Osorio, ex coordinador de investigaciones en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, acusado de entregar fondos públicos a testigos en el caso de la osamenta sembrada en la finca El Encanto.

Gallegos Garcilazo había ofrecido a Cortés Osorio que le respetaría el amparo provisonal obtenido en contra de su encarcelamiento y lo dejaría libre, pero al conocerse la negativa la defensa, encabezada por José Manuel Gómez Mont, éste le gritó y manoteó al juez. Le dijo: ``¡Qué poca madre, esto es un robo!... Hoy 5 de febrero, aniversario de la Constitución, usted la está violando y eso es un delito''. En respuesta, Enrique Gallegos lo expulsó de la diligencia.

El sainete originó la advertencia del defensor de pedir el arresto del juez por la ``flagrante violación de la ley''. Eran casi las 10 de la noche cuando las partes se enfrascaron en un nuevo alegato que al cierre de esta edición continuaba con la diligencia que duró más de 12 horas.

A media noche, Cortés Osorio le recordó al juez que había aceptado rendir su declaración preparatoria tras las rejas, en lugar de quedar libre y regresar por su propio pie a efectuarla, con el objetivo de ahorrar tiempo. Se dijo engañado y su defensa afirmó que Gallegos Garcilazo actuó bajo consigna.

José Luis Inzunza, otro de los tres abogados de Cortés Osorio, manifestó que la del amparo provisional no es la única irregularidad en el caso, pues durante el arraigo no se le notificó a su defendido su situación legal, además de que el juez no tiene jurisdicción respecto de los delitos que se le imputan.

El otro momento que causó expectación en un repleto Juzgado 16 del Reclusorio Oriente, fue cuando la defensa leyó declaraciones de Francisca Zetina, La Paca, respecto a que fue Raúl Salinas de Gortari el que solicitó la siembra de los restos humanos en el rancho de su propiedad en Cuajimalpa. Según la vidente, Raúl Salinas de Gortari se comunicó con ella vía telefónica para indicarle que su hija Mayra podría estar en peligro si no acataba sus instrucciones.

De acuerdo con dichas declaraciones de La Paca, toda la tarea de enterrar los huesos fue realizada por su yerno y ella no tuvo participación, además de que Raúl Salinas quería con esta acción ``perjudicar a todos los que le habían hecho daño'', porque se estaba investigando demasiado a fondo por parte de la fiscalía encabezada por Pablo Chapa Bezanilla.

La defensa recurrió a la lectura de esas declaraciones para desvirtuar la presunta participación de Cortés Osorio en la siembra de los restos, pero hubo dudas de su veracidad entre quienes las escucharon.

La audiencia comenzó con la declaración preparatoria de Cortés Osorio, quien dijo que en la oficina del ex oficial mayor de la PGR, José Antonio Gándara Terrazas, se proporcionaron 2 millones 500 mil pesos a Ramiro Aguilar Lucero, quien entregó un anónimo en el que se describía la ubicación de la osamenta en la finca El Encanto.

Manifestó que de la entrega del dinero hay un acta administrativa firmada por Roberto Barrios Gaxiola, Pablo Chapa Bezanilla, Ernesto Guerrero y el propio oficial mayor --todos ellos entonces funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR)-- en la que se indica que el pago se efectuó como garantía de que se iba a dar la recompensa establecida para quien diera información sobre la ubicación de Manuel Muñoz Rocha.

Cortés Osorio señaló que Francisca Zetina quería 6 millones de pesos a cambio de la información, pero los entonces funcionarios de la PGR le dijeron que como adelanto le darían un millón y posteriormente entregarían 2 millones y medio a Ramiro Aguilar Lucero.

Los ex funcionarios de la Procuraduría General de la República entregaron el primer cheque a La Pacasólo con una firma de autorización y no con dos, como lo exigen las instituciones bancarias para hacerlo efectivo.

Posteriormente, el 9 de octubre, cuando fueron desenterrados los restos humanos, se permitió a la vidente cobrar el millón de pesos. Cortés Osorio dijo que le habían tomado confianza a La Paca en los meses anteriores por la información que les había proporcinado.

No obstante, el ex funcionario subrayó que los delitos que se le imputan son improcedentes, pues respecto al uso indebido de atribuciones, afirmó que él no tenía bajo su custodia ni a disposición fondo económico alguno para hacer entrega de dinero. Rechazó haberse apoderado del millón de pesos que cobró la vidente, como ésta aseguró.

Respecto del segundo delito, falsificación de documentos, aseveró que ``se trata de una trampa de la autoridad'', pues en los hechos en los que presuntamente está involucrado no fabricó declaración alguna de Ramiro Aguilar Lucero.

En opinión de la defensa, la acusación en contra del ex colaborador de la fiscalía especial del caso Ruiz Massieu no estaba suficientemente fundada, por lo que pidió que se leyera una declaración ministerial hecha por La Paca el 27 de enero pasado, en la cual la vidente indicó que fue Raúl Salinas quien, mediante amenazas, la orilló a conseguir un cadáver --trabajo que realizó su yerno-- para sembrarlo en El Encanto.

Respecto al vigilante de la finca, Francisco Godínez, éste afirmó en su declaración que fue la propia Francisca Zetina quien le llamó por teléfono para ofrecerle 15 mil pesos a cambio de que le diera acceso a una persona que quería ``hacer un acto de brujería''. Fue entonces que Godínez aceptó el trato para la siembra de la osamenta