Cinco capturas en diez días, desde la detención de Guzmán

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 6 de febrero Ť Catorce militantes de organizaciones campesinas y del Partido de la Revolución Democrática se encuentran actualmente en cárceles de Guerrero por motivos poíticos.

En los últimos diez días se han ejecutado cinco aprehensiones, a partir de la detención del dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el 27 de enero, en la ciudad de México.

Los dirigentes del PRD en el estado consideran que los hechos recientes son parte de una política gubernamental para crear un clima de hostilidad y tensión política en el periodo previo a las elecciones federales del 6 de julio.

Asimismo, los dirigentes de la OCSS plantean que hay una ola represiva contra los dirigentes sociales con la que el gobierno pretende desarticular a las organizaciones que se han manifestado en los últimos años contra las políticas de gobierno, y que participaron en el movimiento que llevó a la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, en marzo de 1996.

Se prevé que seguirán las detenciones de dirigentes que tienen órdenes de aprehensión por delitos presuntamente cometidos en manifestaciones de 1994 a 1996. Así lo anunció el lunes 3 de febrero el director de la Policía Judicial del Estado, Francisco Vargas Nájera, cuando fue detenido el secretario de Derechos Humanos del Comité Estatal del PRD, y dirigente de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS), Bertoldo Martínez Cruz. Y después de ese anuncio fueron detenidos dos dirigentes más, y hubo intentos de arresto al menos de otros dos.

La mayoría de los delitos por los que están acusados están clasificados en el Código Penal del Estado como políticos, y los hechos de los que se les trata de responsabilizar corresponden a manifestaciones públicas, por demandas sociales y políticas, que se realizaron mediante plantones, tomas de palacios municipales, retenes informativos y bloqueos en carreteras.

Durante meses, y en algunos casos hasta más de dos años, estuvieron archivadas las averiguaciones previas en las que aparecen acusados los dirigentes, y al comenzar 1997 se activaron y se giraron las órdenes de aprehensión. El presidente estatal del PRD, Octaviano Santiago Dionicio, afirma que hay ``una ola represiva, ya no contra supuestos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, sino contra dirigentes sociales y del PRD'', y agregó: ``es una cacería con fines políticos, que no sabemos hasta dónde va a llegar''.

En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Sergio Tavira Román, afirma que ``hay una manipulación de la justicia con fines electorales''.

Ocho de los 14 militantes y dirigentes actualmente presos, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, fueron aprehendidos a los pocos días de la aparición del Ejército Popular Revolucionario, el 28 de junio de 1996, en el vado de Aguas Blancas, sierra de Coyuca de Benítez.

En diciembre pasado fueron sentenciados a ocho años de prisión por los delitos de conspiración y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, a pesar de sus denuncias en el juzgado de que fueron torturados por militares y policías judiciales para obligarlos a firmar declaraciones prefabricadas en las que admiten pertenecer al grupo armado.

Poco después, en julio de 1996, fue encarcelado uno de los principales dirigentes y fundadores de la OCSS, Hilario Mesino Acosta, que está procesado por motín, sabotaje y sedición.

Después de un ataque del EPR a la Policía Judicial de Estado en Tixtla, el 28 de agosto de 1996, fueron detenidos cuatro campesinos, de los cuales sigue en prisión en Chilpancingo Tomás Jesús Barranco, miembro de la OPCG y del PRD.

Días antes de las elecciones municipales del 6 de octubre fue aprehendida la dirigente de la OCSS, Reyna Avelino Huizache, quien se encuentra procesada por los delitos de secuestro y motín, y cuando está en revisión un amparo que ya le fue otorgado por el juez tercero de distrito con el que obtendría su libertad, este martes se le notificó una orden de aprehensión más por sedición, motín, sabotaje y conspiración.

También fue aprehendido, los primeros días de octubre de 1996, el dirigente de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS), Bertoldo Martínez Cruz, por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, por lo que obtuvo su libertad bajo fianza y se encuentra procesado en un juzgado federal. Pero este lunes 3 de febrero fue aprehendido nuevamente, acusado de robo y sedición.

Martínez Cruz, uno de los principales dirigentes en la Costa Chica, era antes de su detención precandidato del PRD a diputado federal por esa región. En su declaración preparatoria en el juzgado, este martes, manifestó que su encarcelamiento tiene motivos políticos: ``Es por el proceso electoral que se avecina, para que yo no pueda participar como candidato de distrito octavo''.

Después de Martínez Cruz fue aprehendido, el martes 4 de febrero, el regidor perredista de Acapulco, Rafael Cortázar -a pesar de que tiene fuero constitucional-, acusado de ataques a las vías generales de comunicación. Este jueves quedó en libertad bajo fianza.

El mismo martes fue encarcelado en Ometepec el dirigente de PRD, el mixteco Lauro García Vázquez, acusado de sedición y robo contra el ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, en la Costa Chica. La Procuraduría General de Justicia de Estado lo señala como responsable de la toma del palacio municipal, que campesinos de la región indígena mantutuvieron en su poder durante siete meses en 1996, en demanda de elecciones democráticas de comisarios y un programa de obras públicas.

Por los mismos hechos hay órdenes de aprehensión contra cuatro dirigentes más de ese municipio.