El gobierno ``de Ernesto Zedillo'' atraviesa uno de sus periodos más críticos en vísperas de las elecciones de 1997, no sólo por sus políticas desastrosas sino por su incapacidad para terminar con su sometimiento al salinismo y con la vinculación de los aparatos estatales al narcotráfico, y la crisis nacional no hace sino agravarse.
1. El país ha cambiado de manera profunda en los últimos años y la relación de fuerzas es otra: quienes gobiernan no tienen ya consenso para seguir aplicando cualquier política y esto trae consecuencias indudables para el futuro de un régimen que zozobra y cuyos hombres no parecen darse cuenta de la gravedad de la situación.
2. El conflicto que resume de manera más clara la incompetencia y falta de seriedad del gobierno ``de Zedillo'' es sin embargo el que lo opone a los legisladores de la Cocopa, y que se ha generado por su negativa a cumplir con los acuerdos que suscribió en San Andrés el 16 de febrero de 1996, y a aceptar la iniciativa de reformas constitucionales de los legisladores, como había ofrecido hacerlo.
3. Una (contra) reforma constitucional en materia de Derechos y Cultura Indígena al capricho de Ernesto Zedillo y de los intereses que él representa, no es ya desde luego posible en México. La (supuesta) ``mayoría'' (priísta) de Zedillo en el Congreso muy difícilmente lo obedecería en esto como una maquinaria disciplinada, ni siquiera con la campaña oficial que se lleva a cabo para obtener el apoyo de organizaciones irrelevantes, o con los ``bonos'' con los que se suele comprar el voto de los legisladores del PRI.
4. Los acuerdos de San Andrés, no debe olvidarse, son legales, pues fueron suscritos en acatamiento a la Ley del Diálogo del 11 de marzo de 1995, y también legítimos, ya que en el proceso que los hizo posibles participaron miembros de los pueblos indígenas, lo mismo en el foro que se efectuó en San Cristóbal (3-9 de enero de 1996) que entre los asesores del EZLN, todo ello sin olvidar que el Congreso Nacional Indígena respaldó dichos acuerdos (13 de octubre de 1996).
5. Los acuerdos de San Andrés son además conformes a un instrumento internacional suscrito por el gobierno mexicano: el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado en Ginebra (Suiza) el 7 de junio de 1989 y ratificado por el Senado de la República, en sesión secreta, el 11 de julio de 1990, mismo que, conforme al artículo 133 constitucional, es ``Ley Suprema de toda la Unión'', lo que el gobierno pretende olvidar. No sólo se niega a cumplir los acuerdos que firmó en el estado de Chiapas, sino incumple un convenio internacional.
6. La autonomía indígena fue evaluada en todos sus alcances en esa discusión que tuvo lugar en el Senado de la República tres años y medio antes del levantamiento del EZLN, y por lo mismo no existe razón para que el constituyente permanente no incorpore a la Constitución esos principios. Hay que recordar que al pedir la ratificación del Convenio 169 en ese entonces, el senador Porfirio Muñoz Ledo (PRD) subrayó que éste reconoce derechos políticos básicos a las comunidades, entre ellos el de la representación y el de ser consultadas, y que el senador Fernando Silva Nieto (PRI) lo consideró a su vez ``un avance de la mayor importancia'' por el hecho de que México se comprometía a promover el ``reconocimiento jurídico'' de las comunidades indígenas.
7. La pretensión insensata de Zedillo de que se eleve a rango constitucional una iniciativa elaborada de manera unilateral, que no corresponde a los acuerdos de San Andrés, que contraviene el Convenio 169 de la OIT, que violenta el espíritu y la letra de la Ley del Diálogo, a la que se oponen las comunidades indígenas del país y que para colmo es deficiente jurídicamente, pues abunda en afirmaciones estatales y en la legislación secundaria en donde se legisle, resulta por todo ello inadmisible, pues no haría más que agravar el problema.
El malestar aumenta todos los días en el campo y en el supuesto de que esta intentona fuese aprobada, ello no haría más que exacerbar la inconformidad social y traer una mayor violencia al país.
8. El desprestigio del gobierno no ha hecho sino crecer al desdecirse de lo que había firmado y pretender engañar a los mexicanos. La primera campaña de desinformación pretendió culpar al EZLN de una supuesta oposición a los acuerdos para luego entregarse a difundir falsedades sobre el contenido y los alcances de los mismos y, al fracasar esta intentona, los voceros oficiales buscan ahora eludir la responsabilidad gubernamental y llegan a afirmar que en San Andrés no hubo ``acuerdos'', que sus representantes en Chiapas no tenían personalidad jurídica e incluso que la contrapropuesta enviada a los zapatistas no es ``de Zedillo''.
9. La negativa de Zedillo a cumplir su palabra empeñada y a resolver el conflicto que lo enfrenta con la Cocopa, evidencia así una vez más la inviabilidad de un ``sistema'' que se funda en un titular de la Presidencia de la República, situado por encima de la legalidad, que no tiene palabra ni autoridad moral.
10. El conflicto tiene también empero otra consecuencia. Está propiciando que emerja una vez más una sociedad que no parece ya dispuesta a dejarse y que entiende que defender los derechos de los pueblos indígenas es fundamental para todos los mexicanos.