El curso que han seguido los acontecimientos en torno al funcionamiento y responsabilidades de la PGR rebasa la ``pérdida de credibilidad social respecto de la tarea de procuración de justicia'', como lo estimó el procurador Jorge Madrazo en el 80 aniversario de la promulgación de la Constitución.

Hace mucho tiempo que la sociedad mexicana no cree ni confía en la justicia institucional, pero las actividades y revelaciones más recientes a propósito del caso Ruiz Massieu-Salinas de Gortari-Chapa Bezanilla-Lozano Gracia-Zedillo Ponce de León, no hacen sino ampliar y profundizar las causas del escepticismo y las razones de la desconfianza social.

A la vergüenza ocasionada por el ridículo mundial, se suma la indignación despertada en muchos mexicanos por el concepto en que nos tienen los gobernantes, quienes creen posible hacer pasar por eficiencia judicial cualquier superchería, por descabellada que sea. Pero la vergüenza y la indignación por el escándalo, la burla y el engaño, desgraciadamente han relegado a un segundo plano dos calamidades que vuelven a aparecer como características indisolubles de las instituciones mexicanas: la corrupción y la impunidad como condiciones sine qua non para el funcionamiento de los poderes públicos.

Millones de pesos en cheques girados por la PGR lograron dar a la investigación del asesinato de Ruiz Massieu el curso que los encargados de ella querían. Al frente de esa investigación se encontraba Chapa Bezanilla quien, según información publicada en días pasados, tiene en su currículum varios antecedentes de ``casos resueltos'' con falsos acusados o hipótesis inventadas, además de participación en hechos en los que se le identifica como cómplice en la extorsión a ciudadanos, y se le asocia con miles de averiguaciones previas abandonadas. La permanencia y promoción de Chapa Bezanilla en diferentes puestos vinculados con la procuración de justicia, a pesar del resultado de los asuntos en que intervenía, hace suponer que la farsa de El Encanto podría haber sido igualmente ignorada y el caso impunemente manipulado si no hubiera sido tan ostentosamente difundido en los medios por el propio fiscal especial, quien se creyó el protagonista inteligente de la historia.

Pero en el despido de Chapa Bezanilla junto con Lozano Gracia y su equipo, así como en las investigaciones iniciadas después de identificarse la personalidad y procedencia de la osamenta de Cuajimalpa, también intervinieron razones de índole política y electoral. Todo parece indicar que Ernesto Zedillo necesitaba desprestigiar al PAN, pero no destruirlo. Se trataba de descalificar a un fuerte contrincante electoral, no de eliminarlo como si fuera un enemigo, y en la proximidad de las elecciones no podía desperdiciarse la oportunidad que brindaba la confirmación de la farsa de El Encanto, para ser aprovechada en favor del procurador del Distrito Federal, en momentos en que el PRI carecía de una carta fuerte para contender electoralmente por el puesto de Jefe de Gobierno del DF. No importa si José Antonio González Fernández será o no postulado como candidato, lo que por el momento cuenta para el Presidente y su partido es que ya lograron hacer destacar a algún priísta en la capital de la República.

A excepción de algunos exabruptos inmediatamente después del despido de Lozano Gracia, en general la actitud de los panistas ha sido de una pasiva defensa de la actuación de su correligionario, y el ex procurador ha respondido con mesura y cautela a los ataques que miembros aislados del PRI le han dirigido. Se adivina un pacto de no (demasiada) agresión entre el PAN y el Ejecutivo federal, en la inteligencia de que se hicieron servicios mutuos, pero también de que cada uno tiene o bien la información o bien la capacidad de perjudicar al otro, llegado el momento de los ataques directos o de las indiscreciones. Mientras no se acuse o se quiera someter a juicio a Lozano Gracia, y mientras éste no divulgue la información a la que el cargo de procurador le dio acceso, la convivencia entre el PAN y el Ejecutivo federal será la propia de cómplices del mismo sistema.

Por ahora se trata de desenredar el último enredo que ellos mismos hicieron, mañana tendrán que desenredar el anterior, y así sucesivamente hasta que las complicaciones de los crímenes políticos dejen de ser útiles al gobierno o hasta que el descubrimiento de la verdad y la impartición de justicia sean literalmente imposibles.

Corrupción e impunidad, intereses políticos y electorales, y confusión de poderes y partidos se mezclan en un sistema de complicidades, sumido en una profunda crisis social que afecta, no la credibilidad en la procuración de justicia, sino la viabilidad de la justicia misma en México.