Quienes le apuestan al cansancio de la sociedad civil para lograr la transición pacífica a la democracia, mediante el diálogo y la negociación política, están rotundamente equivocados. Prueba de ello es el llamado que cientos de individuos y organizaciones civiles, eclesiales, sociales y políticas de todo el país hicieron el día de ayer en su segunda reunión pública de trabajo, para celebrar en marzo próximo un encuentro nacional por la paz con democracia y justicia, que salga con firmeza al paso de la imposición, el autoritarismo y la militarización que crecen en todo México.

Con información y clara conciencia de lo que en el fondo pasa en Chiapas y en el resto del país, promueven y exigen por todas partes el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen por la vía del diálogo, como condición fundamental para conseguir la necesaria confianza en este indispensable método.

Sabedores de que la aceptación de la propuesta elaborada por la Cocopa es simplemente un asunto de voluntad política y de justicia hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas, demandan al Ejecutivo federal que cumpla los acuerdos suscritos por el gobierno hace escasamente un año, y avale con honradez el proyecto aceptado ya por el EZLN. Conscientes también del reconocimiento social que ha merecido la Cocopa como Comisión del Congreso de la Unión para alcanzar una paz con justicia y dignidad, y más que nada de la debida autonomía del poder Legislativo para consolidar un verdadero Estado de derecho democrático, le piden a aquélla que sostenga las reformas legislativas que presentó el pasado mes de noviembre, y a éste que con dignidad las apruebe, en uso de su legítima autonomía.

En consonancia con ello, piden a la Comisión de Seguimiento y Verificación que cumpla ya con su función de vigilancia en el cumplimiento de los acuerdos, y a la Conai que amplíe su actividad para alcanzar una salida a la crisis actual, como instancia de la sociedad civil.

Dado que la construcción y el mantenimiento de la paz es un asunto que nos concierne a todos, demandan de la sociedad civil que defienda el cumplimiento de lo pactado en San Andrés y continúe trabajando por establecer condiciones mínimas de convivencia pacífica, que detenga la militarización y la actual represión contra los movimientos sociales y ciudadanos, con el fin de que se logre el cambio democrático que anhela todo el país. A las organizaciones políticas y sociales les piden que incorporen en sus agendas, plataformas y acciones los acuerdos de San Andrés, y en general el diálogo como método político fundamental. Es preciso que sean incluidos sin cortapisas en las agendas electorales, políticas y sociales de los partidos y las distintas organizaciones y grupos, los temas de la violación a los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

El diálogo como mecanismo de solución pacífica de los conflictos está hoy profundamente cuestionado. Urge por ello la mayor unidad desde abajo para vencer las resistencias autoritarias que comprometen gravemente la estabilidad, la democracia y la soberanía de México. Se requiere un diálogo nacional entendido como proceso incluyente, que se abra como opción de participación en todos los rincones, espacios, niveles y sectores del país. Un proceso con muchos diálogos y con diversas articulaciones. Un diálogo nacional que ponga en contacto a las diversas propuestas de la sociedad, capaz de integrar una propuesta global y conciliadora, que pueda ser dialogada con las instancias de debate y decisión nacionales.

Desde enero de 1994 la sociedad civil ha mostrado su vocación para buscar una solución pacífica a los conflictos nacionales. Una parte muy significativa de ella hizo precisamente el 24 de septiembre un llamado hacia el fortalecimiento de las vías políticas y de negociación, para alcanzar la paz mediante el diálogo nacional. Hoy nos encontramos frente al desafío de frenar una violencia creciente que tiene expresiones en todo el territorio. Hay que establecer condiciones mínimas para continuar la construcción de la paz.