En todo el universo de las reivindicaciones indígenas aparecen con suficiente justeza aquellas exigencias relacionadas con los derechos políticos de los pueblos indígenas. La demanda de autonomía --como eje central en torno al cual se vertebra el ejercicio de los derechos indígenas a nivel interno-- encuentra su complemento esencial a nivel externo en la cuestión de la representación en las instancias de decisión estatal y nacional.

La autonomía, entendida como la capacidad de decidir sobre los asuntos internos en el marco de la comunidad, de los municipios proponderantemente indígenas, así como de la asociación de éstos, tal como se plantea en los Acuerdos de San Andrés, no encontrará mayores dificultades a nivel interno. Pero ¿qué habrá de pasar con el tema de la participación en las instancias del gobierno estatal y federal, incluyendo el caso de aquellos municipios donde la población indígena sea minoritaria? Antes esta situación, la cuestión de la representación indígena será un aspecto que no habrá que olvidar.

El principio que sustenta la creación del Estado mexicano tiene que ver con el supuesto de que nuestro país está compuesto por ciudadanos individuales culturalmente homogéneos. Cada uno de estos ciudadanos, en el marco de un pacto federal, elige a sus representantes mediante los partidos políticos. A partir de aquí se conforman los poderes ejecutivo y legislativo, fundamentalmente. En esta dirección, de manera formal podríamos afirmar que todos los mexicanos/as estamos representados, incluyendo a los que somos indígenas.

Sin embargo la realidad es distinta porque, entre otras cosas, al reconocer la existencia de los pueblos indígenas en el actual artículo 4o constitucional, se da por entendido que, además de individuos, existen colectividades culturalmente diferenciadas que no han encontrado su representación en los órganos del Estado como tales. Aquí es donde podemos sustentar, dentro del sistema jurídico mexicano, la dimensión colectiva de los derechos indígenas.

Y, más allá del sistema de representación que sustenta la organización política mexicana, ha entrado en una verdadera crisis el papel de los partidos políticos en el seno de los pueblos indígenas y en amplios sectores de la sociedad. Las razones son muchas, entre otras porque, como afirman muchas autoridades indígenas, ``han metido a nuestras comunidades en una lógica de confrontación y división, cuyos saldos han sido más dolor y sufrimiento para todos''. El reflejo más inmediato de esta situación son los altos índices de indiferencia y de abstencionismo en las últimas elecciones federales y locales.

En este contexto ha surgido la propuesta de buscar los mecanismos adecuados para que nuestros pueblos encuentren una auténtica representación en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales. hasta hoy la experiencia nos ha enseñado que este mecanismo tendría que partir del fortalecimiento de las asambleas comunales, municipales y regionales, que son hasta el momento la fórmula que mejor ha respondido a las realidades y exigencias de todos.

Lo anterior iría aparejado con una necesaria redistribución electoral en las zonas indígenas, de tal modo que estos distritos uninominales correspondan a uno o más pueblos indígenas compactados geográficamente. Podríamos citar como ejemplo la posibilidad de compactar a los pueblos mixe, zapoteco y chinanteco de la Sierra Norte de Oaxaca en un distrito electoral, reforzando las asambleas comuniarias, municipales y regionales. Su acceso al Congreso de la Unión no sería desde luego por la vía de los partidos políticos, sino que tendría que darse de manera independiente, mediante alternativas salidas de nosotros mismos.

Algunas de estas propuestas están contenidas en los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Por citar algunas se considera necesario ``el reconocimiento... de derechos políticos. Para fortalecer su representación política y participar en las legislaturas y en el gobierno, con respeto a sus tradiciones, para garantizar la vigencia de sus formas propias de gobierno'' (Pronunciamiento Conjunto, p.31, ed. Juan Pablo). También se afirma el compromiso de ``legislar sobre los derechos de los indígenas, hombres y mujeres, a tener representantes en las instancias legislativas, particularmente en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales; incorporando nuevos criterios para la delimitación de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indígenas''.

En las circunstancias actuales, y teniendo enfrente la coyuntura electoral de este año, nada de lo anterior es una realidad. Y aunque la Cocopa ha retomado en su propuesta de reformas constitucionales la necesidad de modificar los artículos 53 y 116 de la Carta Magna, que a la letra estipulan que ``para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación política en el ámbito nacional'', tal como están establecidas de hecho las reglas del juego, nuestros pueblos indígenas en la coyuntura actual no tienen más instrumentos legales y políticos que el de seguir participando como ciudadanos individuales a través de los partidos.

De esa manera llegamos a esta coyuntura electoral sin un marco jurídico-político para participar como sujetos colectivos; sin una redistritación electoral que tome en cuenta nuestros pueblos; sin una vía propia de acceso al Congreso de la Unión. Ante esto, la situación política en nuestras comunidades habrá de caracterizarse de una manera más aguda por la lógica y el esquema de confrontación que los partidos políticos habrán de recrudecer, por los ofrecimientos asistencialistas tradicionales (carreteras, luz eléctrica, clínicas, etcétera) que habrán de llenar las plataformas de oferta de los candidatos. En síntesis, no habrá auténtica representación indígena en las instancias de debate y decisión nacional en este siglo, sino --si las cosas marchan bien-- hasta el próximo milenio. A pesar de todo --como dicen-- la esperanza es lo que muere al último.