Se considera que el monto de los fondos usados en la intervención gubernamental en la crisis bancaria representa cerca de 8.5 por ciento del producto interno bruto, aunque existen diversos cálcuclos que la ubican en una proporción mayor. Esta situación constituye una verdadera marca en la historia económica del país debido al significado que tiene en la redistribución de los recursos de una parte de la población, la mayoría, a otra, un pequeño grupo de los propietarios de los bancos. La forma en que se llevó a cabo la salvaguarda institucional del sistema bancario representa una decisión política cuyas consecuencias se han sentido de manera inmediata en el nivel de vida, pero sus efectos se extenderán hacia adelante expresándose en la manera en que se ha restructurado esta sociedad, siendo cada vez más desigual.

Esta crisis ha tenido un profundo impacto institucional, tanto por lo que hace a la organización, la operación y la propiedad de los bancos, como a la forma en que ha distorsionado el funcionamiento de los mercados. Esta distorsión no se concentra únicamente en los mercados financieros, ya que se extiende a la restricción de la actividad de las empresas y las menores oportunidades de empleo de muchos trabajadores. Por otro lado, la condición de elevado endeudamiento de empresas y familias en el país se ha convertido en un reordenamiento del patrimonio social de gran magnitud.

La intervención pública en la crisis bancaria se ha dado en medio de la fragilidad institucional ocasionada por la propia incapacidad de los banqueros y por los golpes de la inestabilidad macroeconómica, pero se ha acompañado de una serie de fraudes y malos manejos en el negocio bancario. Esto ha involucrado no únicamente a las instituciones privadas, sino también a los bancos del Estado, y son muchos los casos que quedan pendientes de investigación y resolución, al tiempo qu siguen surgiendo situaciones anómalas que involucran a grandes personajes del dinero y el poder. Ante ésto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene cuentas pendientes con la sociedad. Mientras intenta apretar en el control, la supervisión y la nueva reglamenación de las transacciones bancarias, ronda sobre ella el fantasma de los escándalos. Si estas situaciones no son puestas en evidencia y saldadas, todo el proceso de administración de la crisis bancaria quedará inconcluso, técnica, política y éticamente.

En 1996 prácticamente toda la actividad de financiamiento en la economía mexicana se concentró en las transacciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y de la emisión de los llamados Cetes especiales, que son restructuras de deudas en Udi. Esto ocurría mientras que el financiamiento directo de los bancos a empresas, estados y municipios y al sector público se reducía 12 por ciento respecto al año anterior. Esta es la expresión de las condiciones financieras y económicas del país y de la fragilidad institucional de los bancos.

Ahora el gobierno es propietario de una enorme cantidad de activos bancarios depreciados que pasaron a su poder como parte del esquema de saneamiento aplicado. La compra de cartera vencida se ha hecho de manera muy favorable para los bancos (y sus accionistas), permitiendo incluso la participación de instituciones extranjeras que han hecho un gran negocio. En la economía todas las cuentas se pagan y el costo se ha transferido a la población mediante la asignación de los fondos públicos a sacar las cuentas malas de los bancos.

La CNBV anunció recientemente que empezará a liquidar los activos bancarios que tiene en su poder por medio de subastas públicas y que propondrá la creación de un seguro para depósitos. El proyecto del seguro dice que debe ser equitativo, es decir, cubrir tanto a grandes como a pequeños ahorradores. El seguro, en otros casos como los accidentes, no cubre todos los riesgos, y en el caso de los depósitos bancarios requiere de una oportuna y accesible información del estado financiero de los bancos para que los clientes sepan cuáles son los riesgos que enfrentan.

En el contexto de la debilidad que todavía existe en el sector bancario, la idea del seguro no es mala, pero requiere en el mediano plazo de la voluntad y capacidad del gobierno para intervenir cuando los depósitos estén en peligro y sobre todo de aplicar estrictamente las reglamentaciones para supervisar los bancos y actuar decisivamente en términos legales cuando se descubren desviaciones en la forma en que deben hacerse las transacciones.

La aplicación de un seguro podría aumentar la competencia entre los bancos, pero también podría provocar una mayor concentración de la propiedad en este sector al no poder subsistir las instituciones más débiles. La CNBV debería ir paso a paso en la gestión de la crisis bancaria, distribuir mejor los costos de su intervención, aplicar la ley en los casos que se requiera y acabar con la enorme impunidad que existe en esta área de la economía. A partir de ello se podría reordenar el sistema bancario de manera que cumpla las funciones que le deberían ser naturales, es decir, financiar la actividad productiva