Recurran a la banca internacional: Coparmex a empresas

Humberto Ortiz Ť La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció por privatizar todos los servicios que no forman parte sustancial de las funciones fundamentales del Estado ni aquellas estrictamente necesarias para el bien común, y quedarse así sólo con la defensa nacional, policía, recaudación de impuestos, administración de los recursos federales y la definición de las áreas estatales.

Así, llamó a licitar el alumbrado público, generación de energía, extracción y procesamiento de petróleo, recolección y tratamiento de basura y de aguas, telégrafos, seguridad social, ferrocarriles, aeropuertos, satélites, educación, construcción de infraestructura para la prestación de un servicio público, estudios cinematográficos y mercados públicos.

Marco Antonio Velázquez, presidente de la Comisión de Desregulación de la Coparmex, sustentó que el único concepto aceptable de rectoría económica del Estado es que el gobierno, apegado a derecho, asuma su responsabilidad de bajar el costo-país y promover la salud del mercado.

``Hay que pugnar permanentemente por que el sector público deje de ser empresario o accionista, con las excepciones que la subsidiariedad justifique, y se concentre en las funciones que le son propias e intransferibles'', señaló.

En un amplio análisis distribuido entre los miembros del organismo, el alto ejecutivo patronal sostiene que ninguna de las funciones fundamentales del Estado debe privatizarse, como son legislar, impartir justicia y gobernar.

Puntualiza que su gremio reconoce y declara que la propiedad privada de los medios de producción, junto con los precios libres, la estabilidad monetaria, el libre acceso a los mercados y la consistencia y constancia de las políticas económicas, son los pilares para la realización de una economía de mercado.

Los particulares, indicó, deben tener la capacidad y el interés de realizar servicios y funciones en forma competitiva y justa.

Y así como la participación de la autoridad en la prestación de servicios no excluye la intervención de la iniciativa privada, aquélla no queda excluida en ningún caso, pero ``siempre debe evitar distorsionar el mercado y competir directamente con los particulares''.

A juicio de Velázquez, el Estado mexicano debe dedicar la mayoría de sus esfuerzos a gobernar y, en menor medida, a administrar la promoción del desarrollo y consecución del bien común, ``y sólo en casos de excepción debe proporcionar los servicios realmente indispensables que los particulares no puedan realizar''.

El experto rsumió que el Estado no está llamado a ser actor sino regulador del proceso económico, pues en su calidad de empresario ha demostrado no sólo ser ineficiente sino, lo que es peor, ha disminuido su capacidad para gobernar y ha concentrado un poder amenazante de las libertades de los ciudadanos.

Así, sólo debe poseer empresas por excepción, cuando la acción de la iniciativa privada sea insuficiente para resolver dificultades o satisfacer necesidades imperiosas o vitales de la economía. ``En todo caso, tal condición tiene que ser temporal''.

Humberto Ortiz Ť El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Víctor Manuel Díaz Romero, advirtió que la banca privada aún no está en condiciones de resolver sus graves problemas internos ni de apoyar proyectos productivos que tampoco acaba de ``visualizar bien''.

Su contribución al desarrollo es insuficiente, si bien sus quebrantos fueron causados por la ligereza al otorgar créditos.

En entrevista, sugirió a su gremio acudir a organismos internacionales que creen en México y asumen riesgos incluso en ``aventuras no planeadas''. Citó como ejemplo el préstamo de 300 millones de dólares que otorgarán organizaciones estadunidenses a empresarios mexicanos para invertir en tratamiento de aguas residuales, reciclado y depósito de desechos contaminantes.

``Va por buen camino y en menos de dos meses habrá buenos resultados'', aseguró, y comentó que está en pláticas con autoridades hacendarias para aprobar un esquema que, incluso, podría extrapolarse a otras actividades productivas.

Díaz Romero lamentó que la banca privada no arriesgue con los hombres de negocios del país, como lo hacen capitalistas foráneos.

Explicó que el crédito mencionado tendrá tasas blandas y reviste particular importancia porque significa que esos inversionistas prefieren proyectos productivos en lugar de meterse al mercado especulativo.

``Hay situaciones que debemos rebasar para obtener préstamos sobre la base de garantías, viabilidad y capacidad empresarial, lo que es prácticamente imposible en este momento'', deploró.

Por eso, al presidente de la Concamin le resulta sorpresivo que el capital de riesgo del extranjero sea una mejor alternativa para los industriales mexicanos.

Puso en duda la creatividad de los banqueros nacionales para competir por el mercado crediticio. ``Se involucran, pero no se comprometen'', lamentó. Así, censuró, su respaldo al desarrollo productivo es insuficiente.

--¿Por qué sí arriesgan los extranjeros y los banqueros mexicanos no, cuando recibieron apoyos multimillonarios a través del Fobaproa y con recursos públicos?

--``Debemos recordar que el quebranto de la banca fue por la ligereza con que otorgó los créditos y el desequilibrio financiero que produjo la crisis de diciembre de 1994. Y no está en condiciones todavía de resolver sus problemas internos y apoyar a algunos proyectos que aún no alcanza a visualizar bien''.

A los directivos de la banca, remachó, les falta experiencia en las operaciones para correr riesgos y frente a la apertura que propicia la competencia.