ESAPCIO ABIERTO Ť José Ureña
Lozano, a proceso.
Tan cerca siente a sus perseguidores que el ex procurador general de la República ya designó a sus abogados defensores: serán el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont.
La estrategia está en marcha y no andan solos. Atrás aparecen agrupaciones de empresarios que han acudido a Felipe Calderón Hinojosa y mandos intermedios del Partido Acción Nacional (PAN) para quejarse y dar opiniones.
La queja: hasta hoy el PAN y en especial su dirigencia nacional no han sabido respaldar políticamente a quien por acuerdo de negociación e imagen de apertura encumbró el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
La sugerencia: sean más agresivos en ese apoyo o el gobierno y su brazo electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), revertirán la tendencia desfavorable que tienen en el Distrito Federal y otros conglomerados urbanos.
Tales ideas provienen de cámaras y confederaciones empresariales, en especial de comerciantes. Es decir, el sector privado ha decidido intervenir orgánicamente en política y lo hace en favor de la derecha, del panismo.
Reunión de Luengo Creel, Morales Lechuga y Chapa
El trabajo de defensa se perfiló desde hace dos semanas. A medio enero, cuando el contralor Arsenio Farell se pasmaba del desorden administrativo de Lozano Gracia e informaba a su jefe, la suerte del ex procurador estaba echada.
Siguió el descubrimiento de la siembra de la osamenta en El Encanto, un asunto que simplemente corroboró otra ineficiencia: la averiguación sobre el crimen de José Francisco Ruiz Massieu no siguió un curso profesional.
El asunto fue abordado por tres personajes en cena privada: Eduardo Luengo Creel, abogado de Raúl Salinas de Gortari; el ex procurador Ignacio Morales Lechuga, y el ex fiscal que en enero ascendería a subprocurador, Pablo Chapa Bezanilla.
Que no sorprenda la asistencia de Morales Lechuga. Aquí se ha narrado varias veces, la última el segundo domingo de agosto pasado, cómo este personaje parece desempeñar funciones de intermediario de los Salinas.
En tal calidad elaboró un estudio según el cual dañaría mucho al país sentenciar a un hermano del ex presidente y, de acuerdo a la tesis, era imposible acreditarle la autoría intelectual del asesinato de Ruiz Massieu.
El enriquecimiento ilícito, único cargo comprobable en opinión del político veracruzano, se castiga con sanciones administrativas por evasión fiscal y eso podía arreglarse con una negociación en la que él estaba dispueto a intervenir.
Anduvo con su texto por muchas oficinas, entre ellas de la Secretaría de Gobernación (SG), sin encontrar la respuesta que le permitiera acreditarse el éxito y ni siquiera el compromiso de poner el escrito en Los Pinos.
Su esfuerzo lo llevó a la oficina de Lozano Gracia. Tal vez el procurador lo escuchó con atención, pues remitió una tarjeta que paró en el escritorio de Ernesto Zedillo. No hubo respuesta, mucho menos negociación.
Durante la plática privada se habló de la intervención y de los descubrimientos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con una coincidencia: venía una persecución política, no policiaca.
Como consecuencia, después vino la desaparición de Chapa Bezanilla. Hace una semana se decía entre investigadores que andaba en Sudamérica y en concreto Chile, país con el que no hay tratado de extradición. Otra versión lo ubica en Texas.
Que Manuel Muñoz Rocha está vivo y en McAllen
Hace casi año y medio que Chapa Bezanilla y su equipo avanzaron sobre una pista jamás abandonada: el ex diputado federal tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha fue muerto apenas abandonó la casa de Raúl Salinas.
--Todo indica que, tras dejar el auto blanco en casa de Raúl, fue perseguido por gente suya y de Mario (Ruiz Massieu). Por eso nunca fue visto después --sostenía el ex fiscal de los casos Colosio y Ruiz Massieu.
Pudiera ser, sin conceder, que esa certidumbre lo llevara a la encrucijada en que se encuentra con La Paca y todo el enredo hecho con la colaboración de media docena de actores y cómplices de los nuevos delitos.
Todo eso debe aclararlo la justicia. Lo que no deja de sorprender es que Chapa, ministerio público acusador de Raúl Salinas, dejado el cargo se haya reunido con gente inmersa en la defensa del acusado. Con su contraparte.
Otro aspecto que atrae la atención es que entre esa genta circule la versión de que Muñoz Rocha sí está vivo, que radica en una ciudad fronteriza del lado estadunidense, que desrrolla actividades normales y que hasta tiene una hija pequeña.
De habitar en Texas --McAllen, especifican estos personajes de toda la confianza de Lozano Gracia--, se fortalecería lo dicho por el ex subprocurador Mario Ruiz Massieu en octubre de 1994. Me lo platicó más o menos así:
``Lo teníamos ubicado en una casa de dos aguas. Lo tuvimos cercado todo un fin de semana, pero no podíamos actuar porque nos faltaba el permiso diplomático correspondiente y no percibíamos interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores en ayudarnos.
``Mientras se tramitaba el permiso correspondiente para su aprehensión, sorpresivamente aparecieron elementos del FBI (Federal Bureau Information), quienes retiraron a nuestra gente. Cuando pudimos actuar ya había escapado o lo habían escondido los agentes estadunidenses.
``Esos días llovió mucho y eso quizá facilitó la fuga, la protección. Protestamos, pero de nada sirvió. Inclusive informé al presidente (Carlos) Salinas. Siempre estuvimos solos en la persecución y desde entonces no hay ninguna pista de Muñoz Rocha, el asesino intelectual de mi hermano''.
Escandalizarán los desórdenes operados en la PGR de Lozano
El 18 de febrero de 1996 se publicó en esta página --``Lozano Gracia, en campaña''-- parte de las anomalías en que incurría la Procuraduría General de la República bajo el mando del panista hoy tan cuestionado.
Esa campaña, especificaba aquella información con base en documentos, ``la hace para beneficio de su partido con bienes decomisados por la Procuraduría a narcotraficantes y en coordinación solamente con funcionarios panistas...
``Se trata de camiones y maquinaria de diverso tipo que se entrega a alcaldes correligionarios de Lozano Gracia para que hagan obras, queden bien con sus gobernados y, obvio, aseguren votos a futuro.
``Los convenios no especifican los fundamentos legales de estas acciones panistas y quienes analizan los documentos creen que debiera intervenir la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
``Y aún cuando procediera el préstamo de vehículos y maquinaria asegurada, desde el punto de vista moral hay un elemento censurable: sólo se concede a ayuntamientos panistas. Es decir, se hace política partidaria con bienes de la nación''.
Más adelante se especificaba cómo para manejar este tipo de bienes bastaba con un recibo en hojas membretadas pero sin foliar, sin identificar ni sellar. Pese a ello, no se supo de investigación alguna de la Secodam hasta diciembre pasado.
Agregaba la información de La Jornada de ese domingo 18 de febrero:
``No hay normatividad que se respete para la entrega de equipo. Lo mismo puede llevarla el director general de Control de Bienes Asegurados de la Procuraduría, Ernesto Guerrero González, que funcionarios menores como el delegado en Jalisco.
``Lo extraño es que el delegado no actúe sólo en su jurisdicción, sino que haya acudido hasta Canatlán, Durango, para llevar una camioneta tipo voyager al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de ese lugar a una gestión panista''.
Un alcalde consultado justificó estas entregas: ``Todo lo recibimos en comodato''. Y todo de la manera más simple y menos clara que se quiera. Por ejemplo, el munícipe de Monclova, Carlos Alberto Páez Falcón, firmó un listado de 21 equipos pesados con una simple frase inicial:
``Recibí de la Dirección General de Control de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República, vehículos y maquinaria en depositaria (?) con la siguientes características...''.
Todo esto pronto estará a debate, como en días pasado estuvieron las entregas de dinero a La Paca y compañía, y tal vez también se cuestione por qué funcionarios de la PGR habitaban residencias decomisadas a narcotraficantes. En las indagatorias se menciona a Lozano Gracia y José Antonio Gándara como dos de los beneficiados. O, mejor dicho, autobeneficiados.
Tema Libre
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) realizará el viernes la visita de supervisión técnica a Afore 21, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Debe marcar el inicio de cosechas para Genaro Borrego Estrada, quien ha sorteado muchos problemas: aumento de cuotas tras su arribo en marzo de 1993, revisión de contrato con eliminación de cláusulas ese mismo año, reformas a la ley orgánica con sus respectivas resistencias y los desvíos detectados a Tomás Peñaloza Web y Agustín Barbosa. En contraparte, poco se ha dicho sobre la reducción --de diez a 50 por ciento-- en las cuotas obreras para quienes tienen salarios bajos. Por lo demás, Afore 21 trabajará en sociedad con el grupo chileno Consorcio Nacional de Seguros de Vida y una firma mexicana. Mucha gente ha acudido en busca de información y sobre todo para saber si también la Afore del IMSS cobrará por administración. Trabajará con mayores atractivos que otras y su director Jorge Espinoza recomienda esperar para decidir. Consar no ha autorizado otras Afores: Capitaliza, del gruo GE Capital; Con Futuro, de Confía; Atlántico, Promex y Zurich... Mezclados entre el público, ex seguidores de José Ortiz Arana se hicieron ayer presentes en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y entregaron un manifiesto para ratificar que, como ``gentes (sic) maduras, han reconocido que el proceso interno de selección ha concluido'' y que el candidato es Fernando Ortiz Arana. El dirigente estatal del partido, Marco Antonio León Hernández, les ofreció apertura... Desparramados entre el público, a la ceremonia sin presídium concurrieron 67 senadores, según contó y atendía Aquiles López, secretario particular del candidato a gobernador. Entre ellos figuraba José Murat, quien según el apoyo de priístas y oposicionistas debe recibir a media semana la Presidencia de la Gran Comisión del Senado de la República. No estaba por ahí el chiapaneco Sami David David, quien atiende la encomienda de restructurar al priísmo de su estado para la inminente contienda.