Diversos medios de información recogen puntualmente el ánimo maximalista que periódicamente se quiere aplicar a la negociación por la paz en Chiapas, y en especial a la tarea que debe realizar la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Una vez más se alzan las voces que señalan que el diálogo está en un callejón sin salida.

Ante esto, vale recordar que conflictos similares en otros países han demostrado que los caminos hacia la paz pueden ser muchos, ninguno fácil ni corto, pero hacia la guerra sólo hay uno: la irresponsabilidad de cancelar el diálogo. A pesar de las dificultades que sucesivamente han aparecido, hay que decir que la posibilidad de la comunicación entre las partes no se ha cancelado.

De acuerdo con la ley para el diálogo, la Cocopa tiene un compromiso esencial: coadyuvar a que el conflicto de Chiapas se resuelva por medio del diálogo y la concertación, con el fin de alcanzar una paz con dignidad y justicia. Es conveniente regresar a ésta, su razón de ser, ahora que en ciertos niveles parece haber confusión al respecto.

En este contexto, es conveniente recordar que en febrero de 1996 las partes firmaron un importante acuerdo sobre derechos y cultura indígenas.

Después de meses de conversaciones directas, el 2 de septiembre el proceso se vio interrumpido. La negociación pareció llegar a un peligroso bache. En ese momento la Cocopa asumió un papel más activo.

Los legisladores contamos con el acuerdo de las partes para redactar, apegándonos a lo firmado en San Andrés, las enmiendas constitucionales sobre derechos y cultura de los pueblos indígenas. En consecuencia, y esto debe ser recalcado, el documento resultante no fue producto de propuestas propias de la Cocopa sino expresión fiel de lo acordado por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La iniciativa de ley fue recibida y analizada por las partes con responsabilidad y seriedad. Sin embargo, fuera de la negociación se desató una campaña contra el documento, la Cocopa misma y la propia viabilidad de proceso.

No deja de resultar paradójico que a una instancia de mediación, que en su nacimiento fue acusada de progubernamental y títere del gobierno, en estos momentos sea acusada de prozapatista.

La pregunta es ¿por qué algunos medios y políticos tratan de promover la imagen de una Cocopa parcial? ¿Por qué en la mayoría de los casos utilizan el mismo guión y los mismos argumentos, que por lo demás no resisten una confrontación seria? ¿Por qué casi todos ellos parecen obedecer una misma directiva o es que acaso estamos ante un caso notable de convencimiento telepático masivo?

Ninguna de las partes puede llamarse sorprendida por el contenido de la propuesta. Pueden no estar de acuerdo. Esto es legítimo, pero no es válido ni ético que medios y políticos asuman que fue sorprendida la buena fe de alguna de las partes. Si alguno de los firmantes tuvo dificultades de comunicación con sus respectivas jefaturas, entonces el problema es otro, no imputable a la Cocopa. Allí donde haya fallado la comunicación interna, que se asuman las responsabilidades y que se revisen las formas en que se ha actuado en el diálogo.

Se ha llegado a asegurar, inclusive, que la propuesta presentada por la Cocopa atenta contra la unidad nacional y la soberanía, dando, además, margen para desacatar la Constitución y lesionar la autoridad de los gobiernos estatales y municipales.

Suponer tamaña irresponsabilidad llevaría a concluir que el gobierno federal, por medio de sus representantes, firmó en febrero de 1996 un documento que afectaba importantes normas constitucionales.

El 9 de febrero, en la discusión y aprobación de la ley para el diálogo; la aprehensión y la posterior liberación de Fernando Yáñez, Javier Elorriaga, Santiago Entzin y los demás presos zapatistas; las nuevas reglas de procedimiento; la instalación de la comisión de seguimiento y verificación, y en otras ocasiones, las partes plantearon en principio posiciones irreductibles que parecían imposibles de superar.

En cada una de esas ocasiones fue necesario, al margen de las apuestas irresponsables y la lluvia de acusaciones, una dedicada y paciente labor de acercamiento. Varias veces fue necesaria no sólo la intervención de la Cocopa, sino que ésta apelara al Presidente de la República y a la dirección del EZLN para conjurar el peligro de ruptura de las negociaciones.

Todos esos esfuerzos y ese trabajo de las partes y las instancias participantes no debe dilapidarse. Por esta razón, el único informe válido que puede rendir la Cocopa es el de la inminencia de un acuerdo de paz. ¿Hasta dónde está obligada a buscar esto? Hasta donde la confianza de las partes, del Congreso y de la nación lo permitan