Las recientes declaraciones del canciller mexicano, José Angel Gurría, en torno al proceso de ``certificación'' del Congreso estadunidense sobre el comportamiento de otras naciones en materia de combate a las drogas, así como las consideraciones que sobre el mismo tema formuló el embajador de Colombia en nuestro país, Gustavo de Grieff, confirman la absoluta improcedencia de ese mecanismo legislativo y de las actitudes imperiales que lo hacen posible.

La ``certificación'' es inadmisible desde la perspectiva del derecho internacional porque, por principio de cuentas, la autoatribuida facultad de Washington de aprobar o reprobar conductas de países independientes es contraria a las normas de convivencia entre naciones, al principio de No Intervención y al derecho de los países a ejercer una plena soberanía, así como un inaceptable intento por proyectar las leyes y normas de Estados Unidos más allá de su propio territorio.

En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico el proceso de la ``certificación'' es contraproducente por varias razones. La primera de ellas es que lleva implícita la creación, en los países que deben ser ``certificados'', de cuerpos de inspectores, informantes y asesores que actúan en la semiclandestinidad, de forma paralela --cuando no opuesta-- a los organismos nacionales y fuera del marco legal de las naciones de que se trata.

La presencia de tales corporaciones fuera de Estados Unidos entraña graves riesgos: la corrupción de los organismos legales locales encargados de combatir el narcotráfico, la dispersión de los esfuerzos que realizan tales instituciones, el desorden policiaco y administrativo y, a la larga, el debilitamiento del Estado y, por consiguiente, la creación de condiciones más propicias para el trasiego de enervantes.

Las interferencias políticas que provoca el intervencionismo estadunidense en las relaciones bilaterales termina, también por dañar el clima necesario de cooperación y entendimiento que se requiere para enfrentar al narcotráfico de manera eficaz.

Por último, es de sobra conocido que para Estados Unidos la guerra contra las drogas suele ser una coartada para ejercer ilegítimas presiones y chantajes en contra de otros gobiernos, e incluso para agredir militarmente a otras naciones.

Tomando en cuenta estos hechos, resulta por demás atinado el señalamiento del representante diplomático de Colombia en nuestro país, en el sentido de que, en tanto Estados Unidos siga siendo el mayor consumidor de drogas en el mundo, bien haría Washington en empezar por controlar y certificar las ávidas narices de sus consumidores.