Más allá de consideraciones estrictamente jurídicas en torno a las propuestas de reforma constitucional en materia de derechos indígenas, hay hechos y argumentos que deben ser puntualizados en este debate para una comprensión de la crisis del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, y para coadyuvar a las transformaciones que los pueblos indios están reclamando.
1. La propuesta de ley Zedillo trata de imponer una vez más un modelo de Estado nación basado en la exclusión de un monoculturalismo que dio origen a las naciones latinoamericanas, con todo el autoritarismo y el racismo que esto conlleva. Lo que expresa este documento es el cúmulo de temores, reticencias e intolerancias de quienes todavía se sienten dueños del pasado, presente y futuro de México; herederos de aquéllos que llevaron a la práctica un proyecto de nación basado en la perspectiva de un Estado, que en sus formas unitario, centralista o federalista, sus clases dominantes se consideran superiores racial y culturalmente a la población indígena, la cual debería desaparecer como tal, a partir de políticas de asimilación-integración, por un lado, y de segegación-discriminación, por el otro; negando, en cualquier caso, la existencia de pueblos diferenciados en las sociedades nacionales como entidades con derechos propios.
De aquí que los marcos jurídicos constitucionales, expresión de los proyectos nacionales de criollos y mestizos, negaran la composición pluriétnica de la nación, bajo el subterfugio liberal de que ``todos los ciudadanos son iguales ante la ley''.
En casi todos los casos de conformación de Estados nacionales tenemos, como una de sus vertientes ideológico-políticas, la necesidad de estructurar un sistema de hegemonía nacional que rompa con las antiguas formas de organización regional de carácter étnico, cultural, lingüístico o gremial, tratando de destruirlas o refuncionalizarlas de acuerdo a las necesidades de un mercado y de formas de dominación y apropiación no basadas en el trabajo o la dependencia personal sino en la relación del capital con trabajadores ``libres'' asalariados. Esto es, en el modelo de nación del siglo XIX, que finalmente se impone a nivel mundial, se considera fundamental que la imposición de un sistema de explotación de clase descanse en una sociedad nacional uniforme, en lo cultural y en lo jurídico, y es el Estado el encargado de llevar al cabo esta tarea de unificación nacional como instrumento político que centraliza unificando y uniformando.
En la polémica desatada a raíz del rechazo zapatista de la propuesta de ley Zedillo, se han utilizado argumentos cuya base es esta matriz histórica y política de carácter clasista, etnocéntrico y racista. Es el poder establecido el que en última instancia decide qué hacer con los indios. Estos son considerados como sujetos pasivos de la acción del Estado en una relación de dominación que puede cambiar sus formas pero no su contenido. De aquí la necesidad de vaciar a las autonomías indígenas de todo significado libertario y democratizador. Finalmente, en este país siempre hay un dueño de la ley fundamental, el señor que decide sobre límites y espacios que corresponden a los distintos sectores de la población, el que ``sí sabe'' lo que es bueno para los indios, para la economía del país, para la democracia y para los mexicanos.
2. Los pueblos indígenas y el EZLN cuestionan ese modelo de nación, cuyo deterioro se expresa en la incapacidad para superar sus contradicciones inherentes: a) la ideología patriarcal, el racismo, las profundas desigualdades y la polarización social, la pérdida del ejercicio real de la soberanía por una inserción subordinada del país a nivel internacional; b) la confrontación profunda entre pueblo y gobierno, y la pérdida creciente de su hegemonía, quedando cada vez más el recurso de la fuerza para mantener el poder; c) La incapacidad para llevar a cabo las transformaciones necesarias para transitar pacíficamente hacia un régimen realmente democrático, hacer posible la construcción de un nuevo proyecto de nación que garantice la sobrevivencia de México como entidad pluralista, independiente y soberana, y cambiar el rumbo económico que ha provocado el actual desastre nacional.