La Jornada 10 de febrero de 1997

Aumento de 47% a la tortilla, demanda la Concamin

Humberto Ortiz Ť La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) asumió como propia la exigencia de los productores de la tortilla para que sea liberado el precio de este alimento básico y aumente, en principio, a 2.50 pesos el kilogramo, esto es, 47 por ciento sobre el valor actual, porque ``el subsidio gubernamental sólo ha propiciado corrupción y desviaciones de corte político y, a la vez, un avanzado proceso de quiebra en el sector''.

Después de una reunión con industriales de ese sector, el presidente de la Concamin, Víctor Manuel Díaz Romero, anticipó que planteará la demanda esta semana al secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.

Aseguró que con la liberación del precio, automáticamente podrían crearse más de 100 mil empleos directos que hoy, por el deterioro de las finanzas y la economía de los que se dedican a esa actividad, no tienen ninguna posibilidad de existir.

En entrevista, Díaz Romero criticó la política de subsidios en la materia porque dijo que ha generado corrupción y manejo político. En especial, señaló que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) produce graves distorsiones en la economía real.

Deploró las precarias condiciones en que laboran las empresas grandes y pequeñas de la tortilla, y comentó que en la actualidad carecen de financiamiento y apoyos de todo tipo para modernizarse y ampliar su capacidad vía inversiones. Existen poco más de 50 mil tortillerías que emplean a unas 150 mil personas, informó.

Expuso que la cotización de la tonelada de maíz es casi inaccesible para los industriales del ramo. Sólo 28 por ciento de ellos puede pagar 425 pesos por cada mil kilos, mientras el resto la tiene que adquirir hasta en 2 mil 200 pesos, lo que hace incosteable la actividad. A esta situación, añadió, se agrega el incremento en el costo del gas. ``Todo esto genera un precio final absurdo del kilo de tortilla (1.70 pesos)''.

El empresario no soslayó que el subsidio oficial al precio de la tortilla beneficie a millones de personas de las clases sociales más necesitadas, pero aclaró que sostener bajo control ese producto conduce a los industriales en una descapitalización que podría orillarlos a cerrar sus negocios y, con ello, atentar contra la inversión y la ocupación.