En Argentina, ola de protestas por el aumento de 60% en las tarifas telefónicas

Stella Calloni, corresponsal Buenos Aires, 10 de febrero Ť Comenzó como un rumor espontáneo hasta que la consigna ``¡Ecuador, Ecuador¡'' fue creciendo entre los manifestantes que se congregaron este mediodía en pleno centro de Buenos Aires, iniciando una serie de protestas, que incluyeron bocinazos y cacerolazos, por los aumentos de hasta 60 por ciento en las tarifas telefónicas urbanas, lo que afecta a casi 5 millones de usuarios.

Además, la oposición al gobierno de Carlos Menem consideró un éxito el ``apagón'' telefónico realizado simultáneamente, que consistió en descolgar teléfonos y suspender llamadas 15 minutos, coincidiendo con la hora de más intensidad en las comunicaciones locales.

Desde edificios vecinos a la casa central de Telefónica Argentina, frente a la cual se congregaron centenares de personas, y en distintos lugares de esta capital y el país, el ruido de campanillas, matracas, cacerolas, pitos y aplausos transformó a este mediodía en un breve carnaval. La protesta convocada por la multisectorial opositora (partidos y sindicatos) fue cumplida pese a maniobras de confusión operadas especialmente en la provincia de Córdoba, donde la Unión Industrial informó inadecuadamente sobre los aumentos y rebajas, ocultando que éstas sólo favorecen a las grandes empresas.

Aunque una nueva decisión judicial ordenó no innovar, es decir, suspender los aumentos, el gobierno se apresta a apelar este fallo, que sigue a uno similar emitido el viernes. La multisectorial reunió ya cientos de miles de firmas contra las compañías telefónicas -la española Telefónica y la francoitaliana Telecom- y se reparten formularios que permiten iniciar juicios en cadenas.

Jesús Rodríguez, legislador de la Unión Cívica Radical, aseguró que las telefónicas obtinen 2 millones de dólares por día y han logrado ganancias superiores a 3 mil 500 millones de dólares en los últimos años.

Los opositores aprueban la rebaja internacional - ya que las tarifas eran de las más altas del mundo-, pero solicitan que se mantengan las locales y los compromisos asumidos por las empresas que se quedaron con las compañías argentinas en una privatización hasta hoy cuestionada.

El reclamo, ruidoso, entusiasta y original, condenó al gobierno por ``no defender al pueblo'' y, como decía una pancarta, ``Traicionar todas las promesas electorales''. De allí surgió la asociación con las protestas ecuatorianas y la remoción de su presidente, a quien Menem apoyó durante la crisis, y la consigna ``¡Ecuador!'' continuó incluso durante la desconcentración.

Los últimos decretazos de Menem, como los que dispusieron la flexibilización laboral, encuentran cada vez más resistencia, cuando continúan las movilizaciones para exigir el esclarecimiento del brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, cometido el 25 de enero.

La investigación periodística saca día tras día a luz la existencia de mafias cercanas al poder, y de ex policías destituidos y reorganizados en bandas delictivas y una serie de asociaciones con ex represores, lo que pone en grave riesgo la seguridad del país.

Altos funcionarios del gobierno provincial admitieron que ex policías podrían haber participado en el crimen, lo que pone al gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, en un callejón sin salida.

La forma en que se realizó el secuestro, tortura y crimen de Cabezas, el ocultamiento de evidencias; el remplazo de 90 por ciento de quienes debían controlar la seguridad de la zona, permiten suponer que el aristocrático balneario de Pinamar funcionó como ``las zonas liberadas'' que hubo durante la última dictadura militar (1976-83). En esos casos, cuando se iba a producir un secuestro, la orden era remplazar o ``paralizar'' a los policías de la zona.

El problema surge otra vez de la impunidad, ya que la policía de la provincia de Buenos Aires fue formada por el general Ramón Camps, uno de los mayores represores de la dictadura. En estos años de democratización, esta policía fue acusada de diversos ilícitos, y el mayor escándalo estalló cuando se descubrieron los vínculos de altos mandos que controlaban zonas de droga y varios oficiales fueron detenidos por supuesta complicidad en el atentado contra la mutual judía AMIA, en julio de 1994.

Pero los responsables nunca fueron hallados ni se aclararon los móviles, lo que, según análisis locales, muestra también que no es la única policía comprometida, porque hasta ahora ``tampoco la Federal ha logrado aclarar ninguno de los atentados en sus zonas de control''. Y continúa en pie la tesis de la dura lucha interna en el gobernante Partido Justicialista y la campaña de los ultramenemistas para forzar a una segunda reelección de Menem.

Así se especula que si bien podrían haber actuado ex policías, en venganza por la depuración impuesta por Duhalde, estos podrían tener ``padrinos'' impensables, como el hilo que lleva hasta el poderoso empresario telepostal Alfredo Yabrán y a sectores que tratan de frenar las aspiraciones presidenciales del gobernador.

Distintos medios locales como Página 12 y Noticias mencionaron empresas ``subsidiarias'' de las que maneja Yabrán, al que algunos sindican como testaferro de otros, dirigidas por temibles ex represores. El diputado Juan Pablo Cafiero, del centroizquierdista Frente País Solidario, advirtió hoy sobre la ``zona de riesgo'' que significa que estos grupos puedan tener el control, por concesiones no claras del gobierno, de la emisión gráfica de los documentos personales como el Nacional de Identidad y pasaportes. ``Esto sería un poder tan incalculable y peligroso que amenaza la seguridad y el futuro del país, mucho más si esto permite a esos grupos controlar la población y al sistema electoral'', dijo Cafiero.