Alberto Aziz Nassif
Brujería, telenovela y política

La telenovela que se ha visto en la última semana es la confirmación de un fracaso: la expectativa que se generó de que un procurador de las filas de la oposición pudiera remontar el pesado y ancestral lastre que padece la impartición de justicia en el país, la cual había sido particularmente desafiada por los asesinatos políticos de 1994. Ese intento de ``apertura'', encabezado por el panista Antonio Lozano Gracia, ha terminado en un escándalo de grandes proporciones que hoy tiene a México frente a un escenario que combina la brujería de La Paca y la ``calaca'' con la descomposición del sistema judicial y el trasfondo político de 1997.

El caso de la ``calaca'' coloca a las anteriores autoridades de la Procuraduría General de la República en un serio predicamento y deteriora severamente la ya de por sí baja credibilidad de la ciudadanía en las instituciones judiciales del país. No es que con este caso se haya venido abajo la confianza en las instituciones, como dice el actual procurador Madrazo, sino que simplemente se bajó otro peldaño más en esa escalera que conduce hasta los sótanos institucionales.

Entre las hipótesis que circulan en la opinión pública hay una suerte de desconfianza e incredulidad. Cuando se mueven las referencias públicas de lo posible, entonces se transita por un camino incierto en donde se puede esperar que cualquier cosa suceda. Se ha mencionado que se trata de una cortina de humo para ocultar los ``verdaderos'' problemas de la impartición de justicia; esta versión se ha visto reforzada con la hipótesis de que el caso de la ``calaca'' fue una trampa que se preparó para vengar el encarcelamiento de Raúl Salinas; también se ha dicho que la pronta resolución del caso de La Paca y sus socios fue tan rápida y eficaz, a pesar de que se violaron en el camino algunos amparos, que llevan a pensar que se trató de una maniobra electoral para que el procurador del Distrito Federal, hoy precandidato del PRI, se fortaleciera en su objetivo de conquistar la nominación. Se puede jugar con estas y otras hipótesis, porque no hay ninguna obligación de creer que las versiones oficiales sean ciertas a estas alturas del partido. En el confuso juego de explicaciones hay datos para probar cualquiera de ellas: por ejemplo, es un hecho que La Paca y compañía están en la cárcel y que el caso Ruiz Massieu sigue sin avanzar un centímetro; también es real que el experimento Lozano fracasó o lo hicieron fracasar, quizá porque se trató de una trampa en la que el ex procurador panista resbaló y no se diga el ex fiscal Chapa Bezanilla, el cual está hoy en el ojo de la tormenta, ya sea porque fue cómplice o porque se les acumularon lo errores; también es cierto que el caso de la ``calaca'' parece que se resuelve, mientras que otros miles de casos de la Procuraduría del Distrito Federal siguen tan campantes, como el del magistrado Polo Uscanga o el de Claudia Rodríguez, o la violencia cotidiana y la inseguridad terrible que todos los días hay que soportar en el Distrito Federal, tal vez porque en esos casos no hay beneficios electorales de corto plazo. No se puede evitar la sensación de incomodidad cuando se reconstruyen los acontecimientos y se ve que hubo errores de kinder: Lozano y Chapa no estaban obligados a demostrar que la osamenta era de Muñoz Rocha, ¿por qué actuaron como si lo estuvieran?

Más allá de la brujería y la telenovela, este caso muestra que el sistema de impartición de justicia atraviesa por serios problemas de diseño institucional, los cuales se suman a los problemas de una práctica judicial plagada de ineficiencias y corrupción para la ciudadanía. Instituciones y prácticas de justicia deficientes plantean un problema de agenda política de primera importancia, no sólo para el Distrito Federal, en donde la crisis de la justicia es un escándalo de todos los días, sino para el resto del país donde se vive un problema similar. Hoy la ciudadanía reclama soluciones efectivas que nos puedan llevar hacia una separación eficiente de la grilla política y el derecho, para llegar a que el país legal y el país real sean uno solo, es decir, un Estado de derecho.

El error panista fue considerar --de forma ingenua y voluntarista-- que las cosas podrían cambiar con un simple movimiento en la cúpula, sin un cambio completo. No hay una conclusión que señale cómo se deben hacer las cosas, simplemente, ahora que estamos al inicio de este año electoral, no sería una mala bandera electoral la de proponerse construir en México esa idea de Guillermo O'Donnell sobre una accountability horizontal, es decir, controles y límites institucionales sobre lo público. En el caso de la justicia mexicana se trataría de tener una clara jerarquía de leyes interpretadas por un sistema judicial independiente y apoyadas por una fuerte cultura legal en la sociedad civil. Mientras no se logren esas bases, cualquier osamenta podrá tambalear el sistema judicial y seguiremos viendo escándalos, pero no tendremos una impartición de justicia eficiente.