Alerta militar en Colombia en la víspera del paro nacional de burócratas

Ap, Afp, Efe Reuter y Ansa, Santafé de Bogotá, 10 de febrero Ť Las fuerzas armadas colombianas quedaron hoy en estado de máxima alerta en la víspera del paro nacional que los 800 mil empleados estatales iniciarán este martes por tiempo indefinido, el cual podría ser declarado ilegal por el presidente Ernesto Samper, quien anunció que se implantará un plan de emergencia para mantener la prestación de los servicios básicos a la población.

Samper reiteró esta noche que el paro está orientado a obtener mayores reivindicaciones políticas que laborales, e insistió en que puede ser aprovechado por grupos armados y terroristas para crear caos.

Anunció que está garantizada la prestación de servicios públicos esenciales, como de salud, comunicaciones, electricidad, justicia, aunque los sindicatos han dicho que sólo atenderán casos de emergencia.

El ministro de Defensa, Guillermo González, informó que 300 mil hombres se encuentran en las calles de las principales ciudades en el marco del operativo Tricolor para prevenir desórdenes, luego de informes de inteligencia que señalan que el plan de la guerrilla para infiltrar el paro comprende ataques al transporte, marchas campesinas en el sur y el bloqueo de carreteras.

Organismos de inteligencia militar señalaron que en diversas ciudades se han encontrado armas para los comandos guerrilleros urbanos, con las que pretendían causar disturbios en lugares clave, mientras la policía advirtió que las Milicias Populares tienen previsto lanzar bombas incendiarias en sitios concurridos durante la huelga.

Entre las medidas preventivas del gobierno está la suspensión de clases en todas las escuelas hasta el 17 de febrero para garantizar la seguridad de los estudiantes, y se prohibió el expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas desde las 15 horas locales de este lunes hasta las 6 del miércoles.

Los transportistas señalaron que no sacarán a las calles sus vehículos por temor a que resulten incendiados en manifestaciones, pero el ministro de Transporte, Carlos Hernán López, garantizó la prestación del servicio e indicó que el gobierno adquirió pólizas de seguros contra actos terroristas que cubrirán riesgos a los transportistas.

Los dirigentes sindicales estatales, que han recibido el apoyo de las tres principales centrales obreras, aseguraron que no permitirán que la guerrilla infiltre la huelga, y rechazaron el apoyo del opositor Partido Conservador por considerarlo oportunista.

El comandante del ejército, general Manuel José Bonett, dijo que sus hombres están listos para prevenir cualquier alteración del orden, y anunció que además del patrullaje terrestre, helicópteros de la Fuerza Aérea y de la policía sobrevolarán las principales ciudades.

El ministro del Interior, Horacio Serpa, pidió a los trabajadores sensatez para desarrollar la huelga, y desestimó rumores vinculados con la situación de Ecuador, en el sentido de que el paro pueda derivar en una protesta generalizada de los colombianos para reclamar la renuncia de Samper. ``No es lógico hacer analogías que no se dan por ningún motivo. La huelga debe situarse en la dimensión que tiene, de protesta que se puede dar en los canales pacíficos y normales'', dijo a su vez ministro de Defensa.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Wilson Borja, aseguró que la huelga es irreversible y comenzará el martes a las 00:00 locales, aunque aclaró que siempre estarán dispuestos a buscar un acuerdo.

Las negociaciones entre el gobierno y dirigentes sindicales se rompieron el domingo al no encontrar un acercamiento para un acuerdo. Los empleados estatales rechazan el paquetazo económico del gobierno y exigen un aumento salarial de 21.6 por ciento frente al 18 ofrecido, y que se ponga freno al programa privatizador, entre otras cosas.

El paro fue interpretado por analistas como la oficialización del rompimiento de relaciones entre el gobierno y un importante sector gremial, ya que en la crisis por la presunta infiltración de dinero ilegal a la campaña electoral de Samper, el presidente mantuvo el respaldo del sindicalismo.

En otro orden, la policía capturó hoy en el municipio de Granada, departamento de Meta, al teniente de la Guardia Nacional del Venezuela, Francisco León Paolini, quien desertó en 1993 y se incorporó a las FARC, de las que llegó a ser uno de los jefes guerrilleros que operan en la frontera con ese país.

El gobierno de Venezuela, donde Paolini tiene una orden de captura por traición a la patria, rebelión y espionaje, mostró satisfacción y dijo que esto podría mejorar las tensas relaciones entre los dos países.

Las FARC insistieron en el retiro del ejército de una zona selvática en el sur del país para liberar a los 70 soldados, y aseguraron que seguirán reteniendo militares durante los combate, para demostrar la intensificación del conflicto, aunque dijeron que están dispuestos a dialogar con el gobierno, indicó el defensor del pueblo, Fernando Castro.

También, dos colombianos acusados de colaborar con las FARC viajaron a Chiapas con un salvoconducto del gobierno mexicano para después trasladarse a la ciudad de México, donde tratarán de tramitar su asilo político en la embajada de Canadá.