El Programa para el Desarrollo Económico con Justicia Social del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentado ayer por la dirigencia nacional de ese partido, contiene ideas y propuestas que requerirán de un análisis profundo y que serán, sin duda, objeto de debate. A reserva de ampliar la reflexión en torno a ellas, en esta ocasión resulta pertinente centrar el análisis en la relevancia política que tiene la presentación misma de ese programa, en la medida en que constituye una acción positiva de cara a las campañas electorales de este año, así como para esclarecer el debate económico nacional y, también, para delinear el perfil ideológico y programático del propio PRD.
En el primero de esos terrenos, es claro que la presentación de la propuesta económica perredista presionará a las otras fuerzas políticas a entrar de lleno en la confrontación de alternativas para el desarrollo económico, la cual, hasta ahora, ha sido más un diálogo de sordos caracterizado por la pobreza de ideas, por la abundancia de epítetos y por profecías demagógicas y peligrosas, como las formuladas recientemente por líderes priístas, según las cuales un triunfo opositor en los comicios de julio próximo se traducirían en una nueva crisis financiera. En este contexto, la mejor forma para erradicar de las campañas electorales los intercambios de descalificaciones y los golpeteos que nada clarifican, consiste en poner sobre la mesa propuestas serias y bien estructuradas que obliguen a elevar el nivel de la polémica y encaucen el debate serio que los sectores de la sociedad reclaman a los partidos para poder ponderar las ofertas electorales.
Ilustrativas de este reclamo fueron las declaraciones de Carlos Gutiérrez, presidente de la Canacintra, quien pocas horas antes de la presentación del programa perredista urgió a las fuerzas electorales a mostrar sus propuestas económicas.
En esta perspectiva, el planteamiento perredista debiera contribuir a centrar y a aterrizar la necesaria discusión sobre las vías para salir de la crisis económica presente y retomar el camino de un desarrollo compatible con la justicia social, un camino que el país requiere urgente- mente pero que no ha podido encontrar desde que a principios de la década pasada se colapsó, en lo teórico y en lo práctico, el viejo modelo del desarrollo estabilizador.
Desde entonces, México ha vivido en la dicotomía entre la aplicación acrítica, a rajatabla y sin mucha fortuna, de las ortodoxias neoliberales --apertura indiscriminada de mercados, achicamiento del Estado, liberación de precios, control salarial, prioridad a la lucha antiinflacionaria, atención privilegiada a las actividades financieras y monetarias en detrimento de las productivas--, por una parte; y, por la otra, un discurso opositor prolijo y vehemente en la crítica de lo existente pero, en términos generales, ayuno de propuestas viables propias. Independientemente de que se pueda estar de acuerdo --o no-- con sus lineamientos generales, el programa económico perredista es una contribución para superar este dilema.
Finalmente, el Programa para el Desarrollo con Justicia Social es provechoso para el propio partido del sol azteca en la medida en que muestra a un instituto político preocupado por la estabilidad económica e institucional del país, ajeno a los maximalismos y dogmas ideológicos, y consciente de los no muy holgados márgenes de acción que, en materia de política económica, imponen al país las realidades y tendencias mundiales contemporáneas. Asimismo, es reconfortante que, en la lógica del documento perredista, la vigencia del estado de derecho, el ejercicio democrático, el desarrollo económico y la justicia social se presenten como condiciones necesarias, interdependientes y estrechamente vinculadas. Ahora toca al PRI, al PAN y al PT el turno de concretar sus respectivas propuestas económicas.