Cuando, a los pocos días después de la firma de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena, el gobierno mexicano emprendió una ofensiva diplomática en Europa para mostrar que el conflicto chiapaneco estaba en vías de solución y las demandas indias en proceso de atención, lanzó, queriéndolo o no, un boomerang que hoy se regresa en su contra. Esto puede verse en las protestas que grupos de legisladores y de ciudadanos de diversos países han comenzado a hacer llegar al presidente Zedillo por incumplir los Acuerdos de San Andrés.

Efectivamente, la gira europea emprendida por Marco Antonio Bernal y Jorge del Valle en febrero de 1996 para explicar a los países miembros de la Unión Europea (UE) los alcances del Acuerdo mínimo firmado por el EZLN, y la labor ``informativa'' que distintas embajadas mexicanas en el viejo continente emprendieron para mostrar la ``voluntad negociadora'' del gobierno mexicano, se han revertido en su contra, ante la negativa gubernamental de cumplir los acuerdos en materia de derechos y cultura indígena.

La campaña diplomática sobre la cuestión chiapaneca del gobierno mexicano en Europa buscaba tres objetivos simultáneos. El primero, y más importante, era ``lavar la imagen'' de una administración desprestigiada por sus continuas y documentadas violaciones a los derechos humanos (agravada por la deportación de tres sacerdotes que trabajan con la Diócesis de San Cristóbal) y por el rezago de justicia hacia los pueblos indios de su país, ante la UE, con el objetivo de allanar los impedimentos para la firma de un tratado de libre comercio con ella. A diferencia de Estados Unidos, los países de la UE y otros del continente, que no están en su seno, procuran establecer acuerdos comerciales con países que respeten los derechos humanos y sean democráticos. Sin ir más lejos, hace apenas dos semanas la canciller austriaca, de visita en nuestro país, señaló que desde el punto de vista de su gobierno la firma de un tratado comercial con México estaba condicionada a que éste pasara la prueba de la ``claúsula democrática''.

El segundo, era procurar contrarrestar el señalamiento hecho durante la reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, Suiza, el 16 de junio de 1995, en el que se indicaba que en México se cometen actos graves contra los trabajadores rurales e indígenas y que el gobierno mexicano debía rectificar su política indigenista. El tercero, era tratar de revertir la creciente influencia que en distintos círculos europeos habían adquirido, tanto Samuel Ruiz como los zapatistas.

Pero, como los europeos no admiten que se les dé ``atole con el dedo'', significativos grupos de legisladores y ciudadanos han comenzado a protestar por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. ¿Acaso no fueron hasta Europa representantes gubernamentales y el mismo presidente Zedillo a decirles que el problema estaba en vías de solución y prueba de ello era la firma de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena? Por eso, primero diputados daneses (La Jornada, 27/I/97) y 120 parlamentarios italianos de todos los partidos políticos después (La Jornada, 7/II/97) exigieron públicamente al Presidente que levantara el veto a las reformas en materia indígena. A ellos les seguirán dentro de pocos días, entre otros, llamamientos de diputados españoles y franceses. Detrás de ellos se encuentra la presión de miles de ciudadanos y fuerzas organizadas que reclaman una paz con justicia y dignidad, y que, como sucedió ya en Estados Unidos, han hecho movilizaciones frente a los consulados mexicanos de decenas de ciudades.

El diputado del PRI Juan José Osorio protestó (La Jornada, 1/II/97) por lo que supone son opiniones injerencistas de los diputados daneses, como hace apenas unos días habían reclamado diputados priístas en contra de diputados italianos. Se le olvida al presidente de la Gran Comisión que organismos internacionales a los que nuestro país pertenece han señalado que el gobierno de México debe modificar su política indigenista, y que éste anunció los Acuerdos de San Andrés como una muestra de la voluntad gubernamental por avanzar en el proceso de pacificación.

El boomerang internacional que el gobierno lanzó en Europa se ha vuelto en su contra. Si no respeta su palabra y acepta la iniciativa de reformas constitucionales de la Cocopa verá cómo se aleja la posibilidad de firmar un tratado comercial con la Unión Europea. De poco le servirá rasgarse las vestiduras y alegar que se viola la soberanía nacional. Fue él quien abrió la puerta. Por lo demás, eso es lo que dijeron a países europeos y a México las dictaduras latinoamericanas que rechazaban entrar en procesos serios de pacificación con sus guerrillas.