Absuelven de fraude fiscal a Raúl Salinas; rechaza la PGR el fallo

Juan Manuel Venegas Ť El segundo Tribunal Unitario del primer circuito judicial, presidido por el magistrado Raúl Cárdenas Rioseco, otorgó auto de libertad a Raúl Salinas de Gortari por el delito de defraudación fiscal.

Sin embargo, el hermano mayor del ex presidente de México permanecerá en prisión, ya que tiene pendientes otros cuatro procesos penales por homicidio, enriquecimiento ilícito, uso de documentos falsos y falsedad en declaraciones judiciales.

Acerca de la resolución judicial, la Secretaría de Hacienda indicó que continuará las auditorías de los ``muchos depósitos'' que Raúl Salinas tiene en los bancos nacionales, además de que recaba información de autoridades financieras del extranjero para, en su caso, determinar otras posibles violaciones a las disposiciones fiscales por parte del hermano del ex presidente.

El proceso por defraudación fiscal contra Raúl Salinas se inició el 12 de septiembre pasado, cuando la Secretaría de Hacienda presentó una querella ante la Procuraduría General de la República, acusando al hermano del ex mandatario de haber declarado ingresos menores a los realmente percibidos en 1992, ``ocasionando un perjuicio al fisco por la suma de 5 millones de pesos''.

Según la querella de Hacienda, ``en su declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) por el ejercicio fiscal de 1992, el ingeniero Salinas de Gortari declaró ingresos menores a los que efectivamente percibió, omitiendo por tanto el pago del impuesto correspondiente''. Incluso, advirtió que el daño podría ser mayor a los 5 millones de pesos, ``pues la autoridad fiscal está a la espera de información adicional que ha sido solicitada''.

No sólo eso, de acuerdo con la información de aquella fecha, ``desde hace varios meses se vienen realizando auditorías a Raúl Salinas y como un primer resultado presentó la querella por defraudación fiscal, sin perjuicio de que con motivo de las mismas se puedan seguir detectando otras irregularidades de carácter fiscal, las cuales, en su caso, se harán del conocimiento de la autoridad competente''.

Con esta información, la PGR solicitó una nueva orden de aprehensión en contra de Raúl Salinas, que fue otorgada por el juez sexto de distrito del Reclusorio Oriente, Jorge Luis Silva Banda, quien el 8 de octubre dictó auto de formal prisión a Raúl dentro de la causa penal 132/96 radicada por defraudación fiscal.

Ese proceso se sumó entonces a otros cuatro iniciados con anterioridad en contra de Salinas: enriquecimiento ilícito, causa penal 38/96, radicada en el juzgado cuarto del Distrito Federal, así como las causas penales 14/95, 5/96 y 25/96 por homicidio, uso de documentos falsos y falsedad en declaraciones, radicadas en el juzgado tercero de Almoloya de Juárez.

Paralelamente a esos procesos, la PGR integra otras averiguaciones previas en donde el indiciado es también Salinas por los presuntos delitos de operaciones financieras relacionadas con el lavado de dinero.

Primer triunfo en tribunales

Tras el auto de formal prisión decretado en contra de Raúl Salinas por defraudación fiscal, sus abogados apelaron la resolución ante un tribunal de segunda instancia, y la decisión emitida ayer por el magistrado Cárdenas Rioseco --revocándolo y concediendo el auto de libertad-- significa para el presunto asesino de Ruiz Massieu su primer triunfo en tribunales, desde que el 28 de febrero de 1995 fue aprehendido y enviado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

De acuerdo con los abogados de Salinas, el magistrado determinó que había deficiencias en la resolución del juez sexto de distrito, encontrando en el auto de formal prisión ``falta de motivación y fundamentación del caso que se persigue''.

Conceden amparo a Paulina Castañón

El juez cuarto de distrito en materia penal, Hans Eduardo López Muñoz, concedió amparo a Paulina Castañón, en contra de la orden de aprehensión que la señalaba como culpable de rendir falso testimonio en el proceso que se sigue contra su esposo, Raúl Salinas de Gortari.

López Muñoz indicó que la Procuraduría General de la República tiene un plazo de 10 días para presentar su inconformidad y, de no hacerlo, Paulina Castañón sería declarada oficialmente absuelta de los cargos que la acusan de haber pretendido sobornar a uno de los ex escoltas de su marido para que testificara en favor de éste.