Interés ``político-represivo'' de Aznar contra la ETA: Josu Barela

David Aponte Ť El gobierno de José María Aznar pretende ofrecer una imagen de eficiencia en la lucha contra el terrorismo con el aumento de acciones represivas en el País Vasco y las solicitudes de extradición de españoles presuntamente vinculados con ETA. Sólo hay ``un interés político-represivo'', dijo Josu Barela, miembro del Grupo contra la Tortura (TAT).

La actual administración española y el Partido Popular también ``desoyen'' la pretensión del pueblo vasco por encontrar una salida política al conflicto con la organización Euskadi Ta Askatasuna, y ``descalifican'' la labor de mediación de Adolfo Pérez Esquivel, no desmentida por los etarras.

Barela visitó territorio mexicano para acudir como testigo de descargo en el juicio de extradición 1/96 contra el vasco Oscar Cadenas Llorente, acusado de pertenecer al comando Ipar Aizea de ETA, proceso radicado en el juzgado segundo de distrito en materia penal del estado de México. La primera audiencia tuvo lugar ayer en Almoloya, donde no fue permitido el acceso a periodistas, a pesar de que todas las audiencias deben ser públicas.

En entrevista, Barela habló del caso Cadenas, de la situación en el País Vasco y de las manifestaciones de organizaciones sociales y políticas de la región por encontrar una salida política al conflicto armado entre ETA y el gobierno español.

Desde la semana pasada, los abogados del vasco Cadenas Llorente -detenido en diciembre de 1996- aseguraron que las autoridades españolas y mexicanas han incurrido en una serie de anomalías en el proceso de extradición contra el extranjero. Por ejemplo, lo acusaron del homicidio de una persona que en realidad sólo resultó herida y solicitaron la entrega con base en delitos que no existen en la legislación penal de México.

La embajada española pidió la extradición del presunto miembro de la organización ETA en los términos del nuevo tratado de extradición, que aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación mexicano.

``Hay bastantes deficiencias formales en cuanto a la propia demanda, puesto que previamente a la presentación formal de la solicitud de extradición, había una orden internacional de búsqueda y captura con fines de extradición por los delitos de asesinato y estragos. Y eso fue modificado en la demanda de extradición.

``Pero más allá de las cuestiones formales, lo más importante a destacar es que en el caso Cadenas hay suficientes datos y elementos que muestran que se trata de un perseguido político vasco y exiliado en la República Mexicana.

``Cadenas se ha movido en los ámbitos de la asistencia política vasca, en la defensa del euskera, en el ámbito de la cultura, en el mundo juvenil y asociativo. En agosto de 1991, en el contexto de un gran operativo policial que desarrolla la Guardia Civil de España en San Sebastián, desaparece por el temor a la represión y a la detención, tortura, juicio sin garantía.''

Josu Barela consideró que detrás de las intenciones del gobierno español por lograr extradiciones de vascos presuntamente vinculados con ETA, hay un interés represivo, que proviene de los sectores más reaccionarios del Partido Popular. ``Quieren mostrar eficacia en la lucha antiterrorista, una labor eficaz de esta policía, de los tribunales de justicia. Más allá de esto, hay una valoración, una intención neta y claramente política'', expuso.

Miembro del TAT, con sede en el País Vasco, Barela opinó que de la misma manera el gobierno español debe buscar una salida política al conflicto. ``La paz tiene que darse por la vía del diálogo y la concertación. Prueba de ello es el reciente documento del Partido Nacionalista Vasco, que tiene un peso específico grande. Aquí se está expresando lo que la sociedad vasca busca cotidianamente'', señaló.

``El único que mantiene una política de cerrazón en todos los niveles, de modo claro, rotundo y firme, es el Partido Popular. Estamos en estos momentos ante una auténtica política represiva en todos los ámbitos y órdenes. Están siendo detenidos, procesados y condenados jóvenes presuntos responsables de terrorismo.

``La represión es una constante, la militarización es una constante, la presencia policial, las cámaras en las calles. Y el procesamiento de la dirección de Herri Batasuna por la difusión de un video de ETA, en el cual ETA expresaba ante la opinión pública la propuesta de paz para solventar a través del diálogo la actual fase de enfrentamiento armado. Y por eso están siendo procesados los 25 miembros de la dirección de Herri Batasuna.''

En el mismo sentido, dijo que hay hechos concretos: el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ha dado a conocer sus contactos con ETA y la pasada administración española. Pero el Partido Popular ha negado esa vía y el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, descalificó e insultó a Pérez Esquivel.

``Es así como deben entenderse todos los esfuerzos que realiza el Partido Popular en el plano internacional, que queda más aislado, más solo, partido de derecha clásica, cuyos dirigentes provienen de los últimos años del franquismo'', agregó.

Ap, Afp, Ansa, Efe, Ips y Reuter, Madrid, 11 de febrero Ť El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, reiteró hoy que no negociará con la organización independentista vasca ETA, horas después de que un presunto etarra dio muerte a un empresario vasco.

En una alocución dirigida a todo el país, Aznar dijo que no modificará su política hacia ETA, porque, expuso, ``eso es exactamente lo que buscan'' los independentistas vascos. ``Lo digo con sinceridad, los terroristas no alcanzarán ninguno de sus objetivos; si uno de esos propósitos es negociar, debo indicar que no habrá negociaciones''.

Aznar instó a los partidos y a la población a mantener ``firmeza y unidad'' en la lucha contra ETA, y anticipó que ``puede haber todavía días más duros'', al no descartar nuevas acciones de ETA.

El Partido Nacionalista Vasco, aliado del gobierno minoritario de Aznar, y el clero vasco pidieron la semana pasada negociar con ETA, pero la propuesta fue rechazada por el Ejecutivo, y en su mensaje de este martes, Aznar no ofreció detalles de cuál será su estrategia contra la ofensiva etarra.

Al participar en el funeral del magistrado Rafael Martínez, baleado el lunes frente a su casa en Madrid por un presunto etarra, el ministro del Interior, Jaime Mayor, dijo que no van ``a ser coaccionados por terroristas''.

Mientras, en el carnaval de la localidad vasca de Tolosa, el empresario Francisco Arratibel fue muerto por un hombre que vestido de negro y con una máscara le disparó a la cara. Testigos dijeron que al principio se pensó que Arratibel era víctima de una broma; el atacante huyó a pie.

Las autoridades atribuyeron el asesinato a ETA, ya que el empresario, de 44 años, salió ileso de un atentado en 1978, luego de que su padre se negó a pagar un ``impuesto revolucionario'' exigido por el grupo armado. En 1988, Arratibel participó en la negociación para lograr la liberación del también empresario vasco Emiliano Revilla, y ETA lo acusó de haberse quedado con 60 millones de pesetas (430 mil dólares) del rescate pagado por la familia de Revilla.

De confirmarse que ETA es responsable de las muertes de Arratibel, del juez Martínez y de un peluquero que pereció al estallar ayer un coche-bomba en Granada, la organización llevaría cinco acciones en lo que va del año, con saldo de cinco muertos, la misma cifra que durante todo 1996.

Y mientras el Tribunal Supremo de España giró otras cuatro órdenes de detención contra cuatro dirigentes más de la coalición vasca Herri Batasuna, decenas de nacionalistas radicales se congregaron en el funeral de Eugenio Txo Aranburu, el militante de HB que fue encontrado ahorcado ayer, en lo que la policía consideró un suicidio.

``El pueblo no perdonará'', decían pancartas y pintas a lo largo de Bilbao, en donde Aranburu quien, de acuerdo con HB, murió víctima de la represión del Estado español, recibió un último homenaje.