La exoneración de Raúl Salinas de Gortari del delito de defraudación fiscal --que era la más sólida acusación que enfrentaba el ``hermano incómodo''--, así como la concesión a su esposa, Paulina Castañón, de un amparo definitivo contra la orden de formal prisión recientemente girada en su contra, son datos que confirman lo que la voz popular viene sosteniendo desde hace varias semanas: que una vez que la imputación contra Raúl Salinas por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu se ha visto muy debilitada por las revelaciones sobre el incidente de la finca El Encanto, estaría próxima la exculpación y la liberación del todavía huésped de Almoloya.

Este brusco cambio en la situación procesal de Raúl Salinas sólo puede explicarse por dos razones, las cuales colocan a la opinión pública ante una disyuntiva amarga y exasperante: o bien las instituciones encargadas de procurar justicia fueron conducidas en los últimos dos años con extrema e injustificable ineptitud, o bien las imputaciones legales contra Raúl Salinas y su cónyuge fueron la expresión de una campaña de persecución, sin ningún fundamento jurídico, ya fuera en el marco de un conflicto de intereses en las esferas del poder, o como una maniobra para sosegar la irritación social por los muchos daños y agravios causados al país, desde la cúspide del poder público, en el sexenio pasado, focalizando el enojo popular en un hombre que, culpable o inocente, representaba un verosímil chivo expiatorio.

Si el primer escenario es cierto, resulta obligado preguntarse por qué se permitió que en esos 24 meses la PGR llegara a unos grados tales de irresponsabilidad, incapacidad, candor y falta de profesionalismo, que le impidieron cumplir con su cometido constitucional básico, y no sólo ante el asesinato del ex secretario general del PRI: en las cortes estadunidenses, la dependencia fue incapaz, en repetidas ocasiones, de fundamentar en forma sólida su petición para que se extraditara a México a Mario Ruiz Massieu; las pesquisas por el homicidio del obispo tapatío Juan Jesús Posadas Ocampo quedaron detenidas en la misma hipótesis inicial de 1993 de que el religioso fue confundido con un capo de la droga; en el trabajo sobre el crimen de Colosio no sólo no se corrigieron e investigaron los desaseos de las investigaciones previas sino que en los tribunales correspondientes se derrumbaron las imputaciones formuladas por la PGR en contra de dos supuestos cómplices de Mario Aburto.

Si se considera que los ejemplos anteriores son únicamente de los casos en los que existía --y existe-- una mayor atención de la opinión pública y una masiva exigencia de justicia, resulta justificado suponer que el desempeño de la institución en averiguaciones menos conocidas pudo haber sido aun más descorazonador.

La otra explicación posible a la falta de resultados de las querellas contra Raúl Salinas es, si cabe, mucho más preocupante, en la medida en que hace suponer que las facultades de la PGR fueron utilizadas no para hacer justicia, sino para hacer que un individuo expiara, ante la opinión pública, las culpas y responsabilidades de todo un gobierno, o bien para dirimir una pugna en las altas esferas del poder, cuya extensión y pormenores se desconocen.

En cualquiera de esos casos, es claro que las leyes han sido incumplidas, que en los asesinatos de Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu, así como en la desaparición de Manuel Muñoz Rocha, sigue habiendo impunidad, y que el gobierno parece decidido a seguir rehuyendo la búsqueda de responsabilidades penales, políticas y administrativas de un sexenio que dejó profundos malestares, hondas lesiones sociales y generalizadas sospechas. Las autoridades gubernamentales están obligadas a explicar, de manera fehaciente, el comportamiento de la PGR de diciembre de 1994 a diciembre de 1996, y a deslindar las responsabilidades que correspondan y a remediar, si es que aún es posible, los severísimos daños causados en ese periodo a la credibilidad, el prestigio y el decoro de la Procuraduría General de la República y, por extensión, al conjunto de la institucionalidad nacional.