Me referiré a dos cuestiones diferentes aunque sin duda tienen relación entre sí: una, algunos de los aspectos de la conservación del patrimonio inmueble con hechos que ocurrieron en Morelia, la otra, el asunto de la ``dación'' (como la han llamado) del Museo de Historia de Monterrey a un banco para reducir la deuda del estado de Nuevo León.

Muchas cuestiones que surgen cuando se trata de la conservación y restauración de los bienes del patrimonio monumental. Por una parte están las presiones de orden económico y cambio de uso de los centros históricos que amagan su supervivencia. Por otra, los problemas técnicos no siempre resolubles y la eterna carencia de fondos. Además, la falta de conciencia de las autoridades y de educación de la población. Y entre otras muchas, la cuestión del criterio más apropiado para llevar a cabo la restauración de un monumento.

Cuando hay voluntad de restaurar y hay fondos para ello es necesario aplicar un criterio cuidadoso y sometido a crítica especializada para no afectar los valores fundamentales del monumento. Para errar lo menos posible se han creado instrumentos internacionales que establecen normas para regular la conservación y restauración. La Carta de Venecia suscrita por un gran número de países --México entre ellos-- hace ya más de 30 años es el texto más reconocido y verdadera piedra de toque.

Pero los principios de la Carta de Venecia son muy generales y requieren de interpretación, así como su adecuación a situaciones específicas, que son variadas según las épocas y las diversidades geográficas y culturales. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) surge al calor de la Carta y ha desarrollado una continua labor para afinar los criterios, a través de reuniones generales, regionales, nacionales o especializadas a determinados problemas. Pero hay otras organizaciones a diversos niveles que tienden al mismo fin. Eso ha permitido afinar los principios y entrecruzar experiencias. Amén de los trabajos que los estudiosos realizan en el mundo. Todo es muy útil y mucho se ha avanzado.

Manuel González Galván, historiador del arte cuya trayectoria en defensa del patrimonio monumental es ampliamente conocida, cuya participación técnica en diversos organismos tiene un largo historial y cuyo papel central para la conservación de Morelia, su ciudad natal, es innegable, me envió copia de su renuncia como asesor del Patronato Pro-restauración de la Catedral Metropolitana de Morelia. Me la envía en mi calidad de presidente del Seminario para el Estudio, Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural (con sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM), del cual forma parte.

La razón expresada por él es que se han tomado decisiones y se han realizado intervenciones en la catedral de Morelia que no respetan los acuerdos previos adoptados colegiadamente. Y que no quiere aparecer como responsable de cosas que, a su juicio, están erradas.

Pero no renuncia a la Comisión Nacional para la Preservación de Patrimonio Cultural (CNCA), de la que es miembro, ni a los otros organismos a que pertenece. Desde ellos y en su calidad de experto seguirá dando batallas por nuestra herencia y, en el caso específico, por la Catedral de Morelia. Estoy seguro de que así será.

Los museos también son, no cabe duda, patrimonio cultural de la nación. Lo son los museos oficiales, cualquiera que sea su nivel y también los museos surgidos y mantenidos por iniciativa particular. No es el caso del Museo de Historia de Monterrey que, aunque tenga un patronato específico, se construyó en parte con aportaciones fuertes del gobierno Federal y cuyo contenido es mayoritariamente de objetos de propiedad federal proporcionados en comodato. Ha sido el orgullo de los neoleoneses en su corta vida. Ahora nos enteramos que se pretende entregarlo a un banco para reducir la deuda del gobierno de Nuevo León. Nunca he visto ni imaginado nada más aberrante. No concibo un gobierno que no aporte a la cultura sino que le reste. No imagino cómo puedan resolver ante la Federación la cuestión de los dineros que fueron proporcionados específicamente para ese fin. Asusta el caso y más si es un expediente que pueda tener secuelas. Si así fuera propongo que, cuando se venda el Palacio de Bellas Artes (preferiblemente a un banco extranjero), se retiren primero los murales: podrán venderse más caros al menudeo.