En una resolución inédita, la SCJN ordena reinstalar a dos magistrados
Jesús Aranda Ť En una resolución inédita, el pleno de la Suprema Corte ordenó en sesión privada reinstalar en sus cargos a los magistrados de circuito Amado Guerrero Alva y Jorge Trujillo Muñoz, además de reintegrarles los salarios y prestaciones económicas que dejaron de percibir a partir de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) les negó su ratificación para el cargo que ocupaban.
Información obtenida por La Jornada detalla que los ministros emplazaron al consejo a elaborar, en un periodo de 30 días, dos dictámenes conforme a la ley, en los que se fundamente si los magistrados serán o no ratificados, después de que se violó la garantía de audiencia de éstos. Además, el pleno de la Corte determinó los lineamientos legales que el CJF deberá seguir para evitar anomalías en este tipo de procedimientos.
El pleno de la Corte estableció como violatoria a la garantía de audiencia de los magistrados -consagrada en los artículos 14 y 15 constitucionales- que Amado Guerrero y Jorge Trujillo no fueran enterados ``legalmente'' sobre la resolución en su contra, lo cual impidió analizar la procedencia del fallo del consejo.
Los magistrados Guerrero y Trujillo interpusieron en agosto y septiembre pasados, respectivamente, sendos recursos de revisión administrativa a la decisión del consejo de no ratificarlos en sus cargos, después de seis años de servicios.
Ambos argumentaron que en ningún momento fueron notificados oficialmente por el CJF sobre los motivos que originaron su no ratificación. Tampoco recibieron el dictamen correspondiente.
En los alegatos que hicieron llegar al pleno de la Corte, los magistrados señalaron que no tenían en su expediente alguna queja administrativa que pudiera afectar su desempeño profesional, y, además, en ningún momento fueron citados por los consejeros para ofrecer respuesta a las posibles acusaciones en su contra.
Los quejosos argumentaron que el CJF violentó la legislación vigente, toda vez que la ley establece que para que un magistrado o juez sea ratificado se necesita que en una reunión de pleno de consejo, por lo menos cinco consejeros voten por su permanencia en el cargo. En este caso, en las fechas en que se fallaron los citados asuntos faltaba la juez Hilda Cecilia Martínez González -quien ya había fallecido- y se presume que un consejero más estuvo ausente en las sesiones.
Por esta razón, difícilmente se tuvo la mayoría necesaria para dictaminar, hecho que sustentaron los ministros en el pleno.
Los ministros consideraron que el consejo deberá dictaminar la conducta de los magistrados afectados, en pleno ejercicio de sus facultades, por mayoría calificada de cinco votos en un solo sentido, para decidir sobre la ratificación o no ratificación de éstos.
Por lo anterior, los magistrados deberán ser adscritos a los tribunales que encabezaban al momento de su revisión: Amado Guerrero al segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, y Trujillo Muñoz al noveno tribunal colegiado en materia civil del primer circuito.
Pese a que la decisión de la Corte fue unánime respecto a la nulidad de las resoluciones del consejo, dos ministros se opusieron a la reinstalación de los magistrados: Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Este último incluso objetó que se les pagaran los adeudos correspondientes. Estas decisiones, sin embargo, no afectaron el contenido del dictamen de la Corte.