En el caso se siguen tiempos políticos en vez de jurídicos: magistrados

Jesús Aranda Ť En el proceso judicial contra Raúl Salinas de Gortari se siguieron ``tiempos políticos en lugar de tiempos jurídicos'', por lo que el fallo favorable al hermano del ex presidente, sobre la acusación de fraude fiscal, es apenas el inicio, porque ``si se actúa conforme a derecho'' a la larga aquél tendrá que ser liberado de los cargos que se le imputan.

Así lo señalaron magistrados del Poder Judicial Federal, quienes agregaron que la confesión de Antonio Lozano Gracia sobre la entrega de dinero a La Paca lo hace responsable de los delitos de uso indebido de fondos públicos, abuso de autoridad y ejercicio indebido en la administración de justicia, ``porque no existe en la ley ninguna diposición que permita el pago de testimonios''.

Interrogados en torno a la posible culpabilidad del presidente Ernesto Zedillo, al conocer el pago que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) a la vidente Francisca Zetina, los funcionarios establecieron que ``jurídicamente'' el mandatario es inocente, porque basó su razonamiento en los propios informes que Antonio Lozano Gracia le entregó, aunque ``políticamente'' el jefe del Ejecutivo sí es responsable.

``Si bien es cierto que no se puede culpar de todo al Presidente, tampoco se puede afirmar que no sabía nada'', expusieron.

Al hacer un razonamiento ``jurídico'' del controvertido asunto, señalaron que concretamente en los procesos penales que se siguen en contra del hermano del ex presidente -por homicidio, uso de documentos falsos y falsedad de declaración- hubo un lamentable error de apreciación del procurador general de la República y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tenían la obligación de verificar que los procesos contra Raúl Salinas de Gortari se realizaran de la mejor forma posible.

Sin embargo, apuntaron, la intención de Lozano Gracia de proceder de inmediato precipitó la consignación de Raúl Salinas con los lamentables resultados que tenemos a la vista. Los procesos jurídicos no deben estar sujetos a tiempos políticos, sociales o económicos.

``Si de derecho se trata, Salinas debe salir libre'', afirmaron.

Dejaron ver también la responsabilidad que tuvieron en este caso el propio Lozano Gracia y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Vicente Aguinaco Alemán, quienes en ese tipo de decisiones ``trascendentales'' son quienes deben profundizar en el estudio de los procesos para exponerle al jefe del Ejecutivo las posibles opciones.

Respecto a la responsabilidad de Antonio Lozano Gracia, expusieron que ``nadie puede disponer de fondos públicos para un uso distinto del que está previamente destinado'', además de que no existe ninguna disposición legal que permita el pago de testimonios, como lo hizo la PGR con La Paca.

Explicaron que la consignación del ex procurador deberá hacerse ante la justicia federal por los delitos de disposición indebida de fondos públicos, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la administración de justicia.

El martes, luego de una conferencia de prensa, el ex procurador general de la República admitió haber autorizado los cheques que la fiscalía que investigaba el caso Ruiz Massieu entregó a Francisca Zetina y otras personas.

Sin embargo, Antonio Lozano Gracia aclaró que esto lo hizo con el conocimiento del presidente Ernesto Zedillo, cuyo vocero, Carlos Almada, dijo más tarde que la Presidencia de la República no autorizó pago alguno a personas que supuestamente aportaron datos a la investigación del caso Ruiz Massieu.