El ex presidente Salinas llevó a cabo, en los hechos, una serie de alianzas con el PAN en diversos frentes. No hay por qué sorprenderse ni negar a priori este hecho. En política, las alianzas son algo común y legítimo. Se hacen alianzas porque se desea concretar cambios o afianzar posiciones que no pueden hacerse sólo con las propias fuerzas.
En la primera parte de su mandato, Salinas se encontraba con una Cámara de Diputados prácticamente repartida a la mitad entre las fuerzas del PRI y las de los demás partidos. La alianza con el PAN le permitió allanar obstáculos. Más allá de la discusión sobre la validez y beneficios de dicha alianza, no deja de llamar la atención que, a varios años de distancia, Salinas y el PRI paguen el costo de los métodos seguidos y los resultados, y la desmemoria blanquiazul los haga negarse a reconocer este hecho y asumir las responsabilidades políticas que se deriven.
En este camino, la llegada de un destacado panista a la PGR revelaba, otra vez en los hechos, una alianza. Con ello se buscaba mejorar la imagen y la eficiencia de una dependencia clave en la procuración de la justicia. Sin embargo, surgen tres preguntas: ¿por qué la necesidad de una alianza, dado que el actual gobierno asumió su encargo con la legitimidad que le dio en las urnas el pueblo mexicano? ¿Por qué darle a un militante panista la PGR si no hay en ese partido ninguna experiencia administrativa relevante en este campo? ¿Por qué una alianza con el PAN?
De cualquier forma, el gesto presidencial fue interpretado como una decisión política correcta que buscaba poner a la PGR más allá de toda duda razonable, aunque su titular careciera, cosa que se hizo evidente en los meses subsiguientes, de formación dentro del ramo de la administración de justicia. Esa falta de experiencia ha sido la norma dentro del PAN y en algunas ocasiones ha tenido consecuencias graves. Baja California y Jalisco muestran lo que esa ausencia de tablas puede acarrear en detrimento de la seguridad pública.
Por otro lado, a esa apertura democrática el PAN no respondió con ese mismo espíritu. En ningún lado donde gobierna se ha nombrado, por ejemplo, a un procurador de otro partido o a un titular de la Contaduría Mayor de Hacienda de las cámaras de diputados estatales.
En el caso concreto de la experiencia de un procurador panista, valdría la pena hacer un análisis en dos sentidos: en términos políticos y de acuerdo a los resultados que se tuvieron. Durante dos años, el Presidente de la República reiteró innumerables veces que no tenía injerencia en la actividad de la PGR. Al mismo tiempo, el titular de ésta también en todas las ocasiones manifestó el apoyo y respeto que tenía por parte del Primer Mandatario. Tal vez como ningún procurador anterior, éste pudo desempeñar su trabajo conforme a sus propios ritmos, capacidades y esfuerzos, sin verse presionado por quien podía hacerlo.
No se mide el desempeño de un funcionario público por su afiliación partidaria ni por sus intenciones o esfuerzos, por muy meritorios que parezcan; se evalúa por sus resultados y éstos saltan a la vista. Los crímenes de Colosio y de Ruiz Massieu, de suyo difíciles de resolver, están ahora más enredados que nunca; la extradición de Mario Ruiz Massieu y otros casos no tan sonados, pero sí importantes, se empantanaron. Todos los mexicanos pierden si la administración de justicia se desacredita. También los partidos políticos que participaron en esa alianza, sólo que el PAN no quiere admitir su cuota de errores, como buen partido fundamentalista que es. Según el blanquiazul, lo que en otras organizaciones es producto de la corrupción o de componendas e intereses perversos, en ellos son sólo leves errores humanos, sin ninguna responsabilidad para su partido.
El desaseo con el que se manejó el asunto de El Encanto fue el Waterloo para el equipo de Lozano Gracia. El encanto del fundamentalismo que dice tener siempre la respuesta para todo, poco a poco se desvanece. Lo dicho: los del PAN ven la paja en el ojo ajeno, pero no vieron la Paca en el propio.