El gobierno ``de Zedillo'', contra la razón y por la fuerza, no quiere cumplir los acuerdos que firmó en San Andrés, por una serie de sinrazones que ya no puede ocultar.

1. El gobierno se ha echado para atrás en su compromiso de respaldar la propuesta de reforma constitucional de la Cocopa, que cristaliza los acuerdos de San Andrés entre el gobierno y el EZLN, ante todo por su creciente tendencia autoritaria. Un principio ``no escrito'' del ``sistema'' establece que toda iniciativa debe venir del Ejecutivo y no de una negociación y ese argumento ha influido al parecer en la psique de Zedillo que no acepta que sea un grupo de legisladores el que la presente, ni siquiera porque lo haga en cumplimiento de una ley votada por el Congreso.

2. La segunda sinrazón no hace más que mostrar la insignificancia política de quienes gobiernan. Aceptar la reforma, sugieren, sería reconocerle méritos al EZLN. En dos ocasiones, al menos, Zedillo se ha evidenciado como el impulsor de esta campaña y por lo mismo el principal obstáculo para la paz: en Xilitla (SLP), en un discurso iracundo, descalificó a la negociación (26 de enero) y ahora en San Bartolo Tutotepec (Hgo.), explicó su oposición a un texto que es de la Cocopa y no del EZLN, diciendo que no podía aceptar que ``en aras de la causa indígena'' se nutriesen ``posiciones demagógicas y aspiraciones ilegítimas de poder político'' (12 de febrero). En vez de aclarar las acusaciones que le hace su ex procurador Lozano Gracia de que sabía de los pagos ilícitos a La Paca o el abogado Velázquez de que en su campaña electoral usó dineros del narco y de Cabal Peniche, Zedillo dedica su tiempo a obstaculizar al Poder Legislativo.

3. Zedillo rechaza también sin duda la iniciativa de los legisladores porque el contenido de ésta no le agrada a él en lo personal, como tampoco a un sector de la burocracia y de los sectores más conservadores del país, como se ve en la campaña de la revista Vuelta de Octavio Paz (números 232-240). Zedillo y sus amigos no pueden ocultar su incomprensión del problema y el racismo latente en sus juicios, que es por otra parte característico de los grupos oligárquicos.

4. El conflicto que opone al gobierno ``de Zedillo'' con la Cocopa es desde luego político, no sólo por la forma sino también por el fondo y ése es otro punto. El neoliberalismo se sustenta en el ``sistema'' mexicano presidencialista, centralista y corporativo, en el que los recursos a los municipios se asignan discrecionalmente desde Los Pinos, y los Acuerdos de San Andrés prevén el reconocimiento de derechos políticos y económicos a las comunidades y abren la vía a una democracia real: ``de abajo hacia arriba''.

5. El móvil fundamental del rechazo oficial a la reforma es sin embargo muy obvio: el económico. Las riquezas de Chiapas deben ser en la lógica neoliberal para las multinacionales y no para las comunidades, y por eso Zedillo antepone los intereses trasnacionales a los derechos de los indígenas.

6. El gobierno no quiere por otra parte cumplir con lo firmado y abrir la vía para la paz, precisamente por eso: porque no quiere la paz en Chiapas. La guerra ``de baja intensidad'' que mantiene en Chiapas (y en el país), le permite al gobierno, en una lógica perversa, incrementar la militarización a) para seguir reprimiendo y asesinando a dirigentes sociales e intimidando a la población, b) seguirle cediendo parcelas de poder a las fuerzas armadas, que son el sostén fundamental de su gobierno y, c) como lo ha sugerido Adriana López Monjardín, para impulsar una campaña propagandística de miedo en vistas a las elecciones.

7. ¿Por qué si no es por la sinrazón se opone el gobierno a la reconversión del EZLN en una organización política?

8. La lógica oficial ha sido de enorme pobreza, y muestra como los tecnócratas están jugando con el país: alargar el conflicto, según los asesores de Zedillo, le permitiría supuestamente al gobierno ``debilitar al EZLN'' y reiniciar el diálogo en otras condiciones: como si los pueblos indígenas y la comunidad nacional e internacional no existieran.

9. La situación es preocupante sobre todo porque Zedillo da evidencias de anteponer sus estados de ánimo, sus pasiones y sus caprichos íntimos en las escasas decisiones que puede tomar, y ése es uno de los signos de la descomposición del poder. El hecho de que en sus relaciones con los partidos, lo mismo que con el EZLN, prive lo irracional es ya motivo de preocupación dentro y fuera del país. El gobierno da muestras de no querer respetar el Convenio 169, de la OIT, de violentar la Ley del Diálogo del 11 de marzo de 1996, de no querer cumplir con los acuerdos de San Andrés, de despreciar a la Cocopa y de no querer retornar a la mesa de diálogo entre otras motivaciones ilegítimas por una que ya no puede ocultarse: un capricho irracional de quien ocupa, aun y cuando sea sólo formalmente, la titularidad del Ejecutivo.

10. Las sinrazones del autoritarismo son muchas, pero la que las explica todas es desde luego la debilidad política de Ernesto Zedillo, que sigue atado y subordinado a los intereses económicos y políticos de su predecesor, que no tiene consenso en sus políticas, y que ha llevado a una crisis moral del régimen y a la desagregación de su propio partido: pero también al empobrecimiento de los mexicanos y a una violencia sin precedentes en el país. Y cuando un gobierno no tiene más políticas que las de lanzarle al pueblo una guerra económica y de facto, lo mejor que puede hacer es irse.