A Eureka: dos décadas de lucha positivamente intransigente

En las últimas semanas el gobierno mexicano ha organizado giras para difundir su versión de los acontecimientos internos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. En Hidalgo y en Yucatán, en Francia y en Gran Bretaña, el gobierno mexicano ha ocultado la realidad; la imagen que busca proyectar requiere negar las verdaderas condiciones socioeconómicas, la crítica situación política, la constante violación de derechos humanos, y la práctica asumida como norma de gobierno que consiste en desconocer su palabra y su firma de acuerdos formalmente aceptados.

En vísperas del primer aniversario de los Acuerdos de San Andrés, ante indígenas llevados de comunidades cercanas en el estado de Hidalgo, Ernesto Zedillo advirtió que como Presidente de la República no aceptará una reforma constitucional que contenga los principios y fundamentos que su gobierno ya había aceptado al firmar el 16 de febrero de 1996 los documentos correspondientes a los Derechos y cultura indígenas (La Jornada 13/2/97). El discurso oficial utiliza los ``derechos genuinos que por muchos siglos han reclamado los indígenas'' para escudar la indefendible posición presidencial que es contraria a los derechos y las demandas surgidas de los pueblos y comunidades indígenas.

La característica oficial de decir lo contrario de lo que se piensa y hace, no es exclusiva de la política interior; también se usa, y con más probabilidades de éxito, como piedra angular de la política exterior. En los últimos días de enero, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano viajó a Europa para entrevistarse, entre otros, con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia y con el presidente de esa república, con el fin de destrabar las negociaciones encaminadas a la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (El Financiero, 27/1/97). Días después el secretario de Comercio y Fomento Industrial hizo lo propio y viajó a Londres desde donde aseguró que antes de que concluya el primer semestre del presente año se alcanzará el acuerdo base de las negociaciones con la Unión Europea (UE). No se sabe qué dijo Herminio Blanco, pero no es difícil deducir que la situación política de nuestro país está en medio de las negociaciones. Si entendemos las optimistas declaraciones del primer ministro británico, es obvio que el representante del gobierno mexicano le mintió y hasta es probable que se haya excedido en el ámbito de su competencia, pues John Major se refirió a las oportunidades que se le abrirían a la UE en toda América Latina, en donde --supone-- se han dado tales cambios estructurales que el libre mercado es regla general y no una excepción, además de que, aseguró, ya hay paz y se avanza en materia democrática (El Financiero, 11/2/97).

Que la ``materia democrática'' a la que se refirió el ministro británico es de suma importancia en las negociaciones de la UE, lo sabe el gobierno mexicano y por ello ``hace hasta lo imposible por sacar la famosa cláusula democrática'' del acuerdo que negocia (A.M. Mergier, Proceso, 26/01/97). Desde 1991 todos los tratados de libre comercio o los acuerdos de cooperación económica firmados por la UE contienen un capítulo que garantiza que la contraparte respeta los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, tal y como se enuncian en la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos (El Financiero, 1/2/97).

Las versiones que ofrece el gobierno mexicano de sus políticas y de la situación interna del país, no resistirían la más ligera observación de uno solo de los parlamentarios franceses, británicos, italianos, alemanes o españoles, que estuviera interesado en ``certificar'' que en México se respetan los derechos humanos. Bastaría con un recorrido por estados como Oaxaca o Guerrero, o por alguno de los municipios de la llamada zona de conflicto en Chiapas, para conocer las penurias y tensiones en que vive el pueblo mexicano en su tierra. Sería muy recomendable que ante la duda que pudieran haber sembrado los representantes del gobierno mexicano, un grupo de parlamentarios europeos se trasladara, por ejemplo, a la zona norte de Chiapas y --si el ejército federal, el cuerpo de Seguridad Pública, y el grupo paramilitar ``Paz y Justicia'' se lo permiten-- recogiera los testimonios de esa guerra civil que desde hace dos años se desarrolla entre indígenas choles sin que las autoridades federales y estatales hagan algo por impedirla, aun habiéndose solicitado su intervención (Informe del Centro de Derechos Humanos ``Fray Bartolomé de las Casas'', Ni paz ni justicia, SCLC, 1996).

Lo que ocurre en México y especialmente en Chiapas no es ignorado en la UE. Recientemente, miembros del Parlamento Europeo se enteraron, con molestia e indignación, que el gobierno mexicano les había mentido en ocasiones anteriores, y ahora saben que, además, este mismo gobierno pretende desconocer los acuerdos firmados conjuntamente con el EZLN. En esas condiciones los parlamentarios europeos difícilmente estarían dispuestos a promover y respaldar un tratado de libre comercio con un gobierno que no satisface las garantías de una cláusula democrática, que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, y que no cumple lo que acuerda ni respeta lo que firma.