De entre las muchas ideas que se expresaron en la Cumbre Internacional de Educción, clausurada ayer, cabe destacar las reiteradas advertencias sobre las amenazas que representan, en el campo educativo, las políticas neoliberales en vigor y la ofensiva de sectores religosos y políticos en contra de la enseñanza laica, científica y gratuita.

En la lógica del neoliberalismo y en los afanes por lograr que toda inversión pública sea ``rentable'', el gasto educativo por parte del Estado es un mal negocio. Con esta estrecha visión, más propia de la contabilidad que de la economía, los sistemas educativos de México y de otras naciones han sufrido severas restricciones presupuestales, ha descendido la calidad de la enseñanza, se ha alentado su privatización y han caído los niveles de ingresos de los educadores.

Frente a esta actitud, muchas voces se alzaron en el encuentro mencionado para señalar que sin inversión pública en educación --aunque ésta no produzca dividendos tangibles en el corto plazo--, no hay futuro posible para ninguna sociedad.

Este hecho cobra particular relevancia si se considera la creciente brecha que existe entre las angustiantes condiciones materiales y presupuestales en que se encuentran los sistemas de enseñanza pública de países como los latinoamericanos --el nuestro incluido-- y los ambiciosos y bien financiados proyectos de educación superior masiva que están desarrollándose en Estados Unidos, Europa occidental y Japón, para encarar el siglo próximo con poblaciones mayoritariamente universitarias.

Ante este panorama, es urgente y necesario que los gobiernos de México y del resto de América Latina emprendan un reordenamiento de sus prioridades para situar entre las primeras de ellas a la enseñanza pública gratuita en todos sus niveles, la única capaz de hacer frente a la creciente demanda educativa de la población. Porque, en el caso concreto de nuestro país, y a pesar de lo que postulan las tendencias antiestatales y privatizadoras en boga, las instituciones particulares no han sido capaces, a pesar del impulso que han recibido en los últimos lustros, de colocarse en condiciones para enfrentar al menos una porción significativa de tal demanda, y no hay indicios de que en el futuro puedan hacerlo.

La otra gran amenaza que enfrentan los sistemas educativos son las ofensivas organizadas por sectores políticos y sociales de derecha (en nuestro país, el PAN, las ``uniones de padres de familia'', de dudosa representatividad, y grupos de choque que enarbolan una moral medieval, como Provida), así como por las jerarquías católicas. Unos y otras pretenden eliminar el carácter laico de la enseñanza pública e introducir en ella contenidos y orientaciones provenientes del pensamiento precientífico, posturas discriminatorias contrarias a los derechos humanos y preceptos morales que, en las postrimerías del milenio, resultan ofensivamente retrógrados y caducos.

Frente a estos intentos por distorsionar el carácter de la educación pública y por convertir a las escuelas en centros para difundir valores basados en la ignorancia y la moralina, la sociedad debe reflexionar sobre el hecho de que el sentido laico y científico de la enseñanza pública no es atentar contra ninguna fe religiosa, contra sistemas de valores o normas de conducta privada, sino garantizar la libertad de creencias y poner el conocimiento al servicio de la convivencia, la tolerancia y la civilidad.